# ELECCIONES 2019

“Están preparando todo para que haya fraude, y que ese fraude no deje huellas”

Lo advirtió el ingeniero en Telecomunicaciones Ariel Garbarz. Durante una entrevista radial cuestionó al macrismo: “Pareciera que se han puesto de acuerdo la Cámara Nacional Electoral y el gobierno para preparar el fraude electoral en octubre”, señaló. ¿Qué pasa en Río Negro?

24/01/2019

Modificar la Ley electoral ha sido una de las grandes obsesiones del Gobierno Nacional desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Las críticas lapidarias a la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos electorales, provenientes en su mayoría de ámbitos científicos y técnicos, pero además la férrea oposición del peronismo en el Senado, enfriaron las intenciones en 2016 -hoy las urgencias son otras-, pero esto no significa que la iniciativa haya sido abandonada.

Imposibilitado para digitalizar el voto implementando la Boleta Única Electrónica, el Gobierno avanza ahora en la introducción de un nuevo software para el envío de los datos del escrutinio.

Hasta hoy, al cerrar la votación, las autoridades de Mesa procedían al recuento de votos y elaboraban un acta -proceso fiscalizado por las fuerzas políticas participantes- que luego se remitía a los centros de transmisión electoral, casi medio centenar operado por el Correo Argentino, donde estas actas eran escaneadas, y finalmente las imágenes transmitidas al centro de cómputos.

La reforma del sistema, que ya ha comenzado a implementar el Gobierno, consiste en saltear un paso, convirtiendo a cada lugar de votación en un centro de transmisión de datos. Para esto ya existe un convenio firmado entre la Dirección Nacional Electoral y el Ministerio de Educación que autoriza el uso de 15.000 netbooks del programa Educ.Ar, más la adquisición de los equipos periféricos necesarios para escanear las actas en cada escuela al cierre de las mesas.

En forma paralela, el ministerio del Interior realizó la contratación directa del Correo Oficial De La República Argentina S.A. (CORASA), (una empresa que de a poco fue dejando de ser una sociedad del Estado para sumarse a un gobierno empresarial) dependiente de la secretaría de Modernización que conduce el vice jefe de Gabinete, Andrés Ibarra, para realizar el escrutinio. CORASA, a su vez, lanzó la licitación -ya hay empresas extranjeras interesadas- para contratar la aplicación del software que permita la digitalización del escrutinio en las escuelas.

Y finalmente, la (aún) estatal ARSAT -cuyas frecuencias fueron privatizadas por Decreto esta semana- será la encargada de proveer los servicios de conectividad a los lugares de votación.

Ariel Garbarz

Días atrás, el ingeniero en Telecomunicaciones y electrónica y docente universitario, Ariel Garbarz, advirtió sobre los riesgos de que pudiera cometerse un fraude electoral de aplicarse la nueva tecnología. "Eliminaron (el Gobierno) el telegrama de mesa que es el documento que sirve de respaldo en el escrutinio; es otro tipo de voto electrónico introducido ilegalmente", dijo el especialista.

Y luego apuntó: “Pareciera que se han puesto de acuerdo la Cámara Nacional Electoral y el Gobierno para preparar el fraude electoral en octubre”. “Por favor tomemos conciencia de que los telegramas confeccionados con las actas en papel firmadas por los ciudadanos fiscales y presidentes de mesas son la única garantía contra el fraude”.

“Están preparando todo para que haya fraude, y que ese fraude no deje huellas”, aseguró Garbarz.

Fue durante una entrevista en la emisora Radio Caput, de Buenos Aires, que aquí se reproduce completa:

Fraude y silencio

Llamativamente hasta el momento son pocas las voces -junto a Garbarz- que denunciaron los planes de quiebre del sistema electoral argentino que tiene el Gobierno, y que aspira a aplicar en las cruciales elecciones de este año.

Mempo Giardinelli sostuvo en un artículo publicado por Página 12 que “sabemos que el gobierno macrista, en su desesperación por el crecimiento del malhumor social y la cada vez más delgada franja de sus fanáticos, está preparando un fraude monumental para las elecciones nacionales del 27 de octubre. Saben que será su única chance de reelección. Donde puedan y algunos gobernadores los dejen, van a implantar el voto electrónico, que lenta y silenciosamente ha ganado terreno con argumentos mentirosos”.

El voto electrónico, una “Metodología disfrazada de modernidad y tecnología que a cambio de velocidad en la difusión de los resultados distorsiona la verdad y es una de las formas más perversas del fraude electoral. Por eso fue descartada ya en casi toda Europa y Estados Unidos” escribió Giardinelli.

Los múltiples ejemplos de permeabilidad a la manipulación (hackeo de los datos) del sistema electrónico comprobados en Argentina (elecciones a Jefe de Gobierno porteño 2015), pero también en países como Holanda, Alemania y Estados Unidos (en la primera elección del presidente George W. Bush en 2000, por ejemplo), fundan sospechas sobre la aún persistente insistencia de Cambiemos para reemplazar al tradicional operativo electoral introduciendo la tecnología.

¿Qué ocurre en Río Negro?

Además del temor que suscita la vulnerabilidad del sistema, detrás de la reforma electoral pretendida por Macri, subyace un negocio millonario en dólares. Si el gobierno lograse avanzar en la implementación de urnas electrónicas en todo el país -como ya lo hizo en Salta, Neuquén o en CABA- la cuenta, grosso modo, sería la siguiente: 100.000 son aproximadamente las mesas habilitadas para una elección nacional. Para cada una de ellas hace falta una urna electrónica, más un 30% de urnas de respaldo por si alguna fallara. Además de la fabricación o importación de estos aparatos, el almacenamiento, transporte y mantenimiento demandarían, de avanzar la reforma electoral de Cambiemos, empresas especializadas y, por supuesto, altos costos que no tienen las actuales cajas de madera o cartón. Traducido, en términos globales, el negocio, en cifras estimadas para las elecciones legislativas de 2017, superaba los 100 millones de dólares.

Weretilneck promoviendo la urna de ALTEC en las Jornadas de debate sobre reforma electoral (Foto prensa ALTEC).

En Río Negro fueron algo más de 1.600 las mesas habilitadas para la última elección.

La provincia ya se ha pronunciado a favor del empleo de estos sistemas electrónicos. En 2016, alineado con los intereses de Nación, el gobierno rionegrino impulsó a través de la tecnológica estatal ALTEC la fabricación de urnas electrónicas para disputar el mercado que lideran desde hace años las empresas Magic Software Argentina (MSA), seguida por INDRA y Smartmatic.

El aparato construido por ALTEC alcanzó estatus de política de Estado cuando el gobernador Alberto Weretilneck lo presentó durante su discurso de cierre de las Jornadas de debate sobre la Reforma Electoral, en agosto de aquel mismo año en Viedma.

El ministro de Gobierno Luis Di Giácomo por su parte es, desde el comienzo de su gestión, el más firme propulsor del sufragio electrónico en la provincia. Una repentina exigencia de su parte puso a ALTEC a trabajar contrarreloj en el diseño y construcción de un prototipo de urna. La máquina ensamblada en Río Negro tiene hoy un costo cercano a los 3.000 dólares. Haga el lector la cuenta: entre máquinas operativas y máquinas de reserva, harían falta aproximadamente 2.000 urnas para una elección provincial; un presupuesto redondo de unos 6 millones de dólares, a los que deben sumarse los costos del operativo antes descripto.

Con estos números previos, Río Negro se lanzó -y aún pugna- a la carrera por quedarse con alguna porción del mega negocio.

Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación; Ministro de Gobierno Luis Di Giácomo, ministra de Turismo Arabela Carreras.

¿Quién es quién?

A la cabeza de la reforma a nivel nacional está el ministerio del Interior, y más precisamente, Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, ocupado en las vicisitudes de la Reforma Electoral, y con ella la implementación de los sistemas electrónicos. Una suerte de lobista oficial, aunque no el único.

Entre las principales espadas del secretario Pérez, está Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, una ONG con maquillaje de imparcialidad y raigambre macrista.

Leandro Querido

Querido fue quien firmó el informe de auditoría sobre el escrutinio provisorio de las Primarias legislativas realizado por la cuestionada empresa española INDRA en 2017. INDRA fue denunciada en esa oportunidad por manipulación de los datos durante el proceso de carga.

Querido era empleado del ministerio del Interior, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y columnista de Radio Nacional, esponsorizado por la legislatura porteña entre otras reparticiones públicas. En todo caso, vale resumir que Rogelio Frigerio contrató a su propio empleado para aquella auditoría que debió haber sido independiente.

De transparencia, nada.

Para participar en tareas de Acompañamiento Cívico las ONG deben registrarse ante la Cámara Nacional Electoral y demostrar su independencia partidaria durante los 4 años anteriores al evento electoral. La Declaración Jurada que presentó Leandro Querido en nombre de Transparencia Electoral, listaba una nómina de participantes enrolados en distintas fuerzas políticas, según lo denunció entonces el portal periodístico El Disenso. Es decir, era falsa.

Análisis del resultado de las Primarias 2017 de Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, en su portal web.

Querido es un fiel exponente de estos tiempos. Un joven “emprendedor” y “militante” a quien La Nación, Infobae y Jorge Lanata acuden en busca de iluminación. También es responsable de la Página Noticias Electorales, donde publica sus análisis, como el que muestra su resumen de aquellas primarias hace un año.

El regreso

En silencio desde entonces, ahora, cuando inicia un año electoral, todo ha vuelto: la electrónica al sufragio, la urna a las páginas de los medios amigos, y a Viedma, de la mano del ministro Luis Di Giácomo, Transparencia Electoral, la ONG de Leandro Querido.

Allí la urna electrónica de ALTEC volvió al escenario. A cargo de esas presentaciones se encuentra Fabrizio Di Giácomo, hijo del ministro y empleado en la empresa, luego de la llegada de su padre al ministerio.

Vice gobernador Pedro Pesatti junto a Fabrizio Di Giácomo durante la presentación de la urna electrónica ALTEC.

Ocurrió en septiembre de 2018 durante la exposición Demo Tech, en la capital provincial, “un espacio” –se anunció- “donde concurren especialistas a reflexionar sobre la aplicación de tecnología a procesos electorales”.

La jornada fue animada por el vicegobernador Pedro Pesatti y el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo. Los medios que replicaron la información oficial señalaron que, “contó con la participación de Transparencia Electoral, que es una reconocida organización internacional, con la cual, Río Negro firmó un convenio de ´cooperación recíproca en campos de observación electoral, agenda de modernización del Estado y capacitaciones a funcionarios´”.

Otra vez Leandro Querido, la sospecha de turbios procesos electorales y la certeza de un gran negocio.

Di Giácomo, Pesatti y Leandro Querido durante la firma del convenio con Transparencia Electoral

Desde entonces a la fecha no ha habido nuevos anuncios (públicos, al menos). Autoridades de ALTEC confirmaron a En Estos Días que la empresa recibió, a fines del año pasado, el pedido de presupuesto para la construcción de 50 urnas electrónicas, pero que aún la empresa no tiene la confirmación oficial para producirlas. Afirmaron desconocer además cuál podría ser el destino de esas máquinas que, dada la cantidad involucrada, en caso de emplearse, podrían formar parte de alguna prueba piloto. Solo en Bariloche, para las últimas elecciones (2017) hubo habilitadas 287 mesas de sufragio, por eso el número de urnas electrónicas requerido resulta menor.

¿Hace falta implementar el voto electrónico?

“No”, rotundamente respondió, entre otros especialistas, Delia Ferreira Rubio, abogada, especialista en derecho electoral y transparencia, ex presidenta de Poder Ciudadano y miembro del Consejo de transparencia Internacional, ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma de la Ley Electoral en 2016.

Para Ferreira, “la electrónica asegura velocidad pero vuelve al proceso vulnerable y menos transparente”. “Es un capricho”, definió en aquella oportunidad. Y un negocio.

Hoy, de 295 países, solo 7 emplean la electrónica en sus sistemas electorales, aunque no todos a lo largo de todo el proceso. Bélgica y Estonia, en Europa; India y Filipinas, en Asia, y Venezuela, Brasil y Estados Unidos (el caso es especial porque cada Estado define allí su propio sistema de votación, y no en todos la electrónica está presente), en América.

Muchos otros, como Alemania, Holanda y el Reino Unido, que implementaron el sistema, luego lo descartaron por dos motivos excluyentes: las recurrentes fallas de seguridad y la incompatibilidad con la transparencia del voto.

En Argentina, que llega tarde a una carrera que el mundo abandona, hubo ya palmarias pruebas del fracaso del sistema. La más escandalosa fue la de las elecciones a Jefe de Gobierno porteño con tecnología de MSA en 2015, cuando un programador ajeno al proceso, Joaquín Sorianello, accedió desde su casa a los códigos de votación electrónica.

Daniel Sanguinetti, ex presidente de ALTEC; el diputado nacional Sergio Wiski, el secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Adrián Pérez y el concejal Daniel González durante las jornadas de presentación del proyecto de reforma política nacional.

La insistencia del presidente Mauricio Macri para implementar un sistema que ya ha fracasado en el mundo, sumada a la experiencia de Cambiemos y su banda de trolls para organizar elecciones cuanto menos brumosas, merece la atención de las fuerzas políticas para evitar una nueva infamia institucional.

Seis meses atrás, el Parlamento británico confirmó que las elecciones de 2015 en Argentina, que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia, fueron manipuladas por Facebook. El informe sobre el uso masivo de "Fake News", noticias o información falsa, reveló que la empresa Cambridge Analytica realizó una campaña Anti Kirchner durante las elecciones presidenciales de aquel año.

Un antecedente que vuelve a poner en vigencia el comentario de John William Cooke: “La primera línea de defensa de la casta dominante está ubicada en el sistema del ´53, que otorga libertades políticas a cambio del respeto por las organizaciones que permiten el mantenimiento de las desigualdades sociales. Cuando esa línea es rebasada, está la segunda línea del fraude (…) Una clase dominante no abandona sus ventajas ni siquiera por consecuencia de sus propios principios políticos”.