Violencia institucional, es el nombre del juego

La violencia institucional no afecta a todos por igual. Los expuestos son los grupos históricamente vulnerados. Los jóvenes en situación de pobreza, los migrantes de países limítrofes y los pueblos originarios. La violencia institucional responde a una lógica clasista y de raza. El Comité contra la Tortura en Bariloche es el primer organismo municipal en su clase a nivel nacional. Sin embargo el Gobierno de Río Negro no lo reconoce oficialmente.

02/02/2019
Bariloche

Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre el 10 de diciembre de 2015, y fines de noviembre de 2018, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas. Desde la organización aseguran que en esos 1.110 días de gobierno la Alianza Cambiemos “mató a una persona cada 22 horas”.

En Bariloche, hay por lo menos 83 causas penales en curso contra policías por apremios, abuso de autoridad y vejaciones.

En el centro de esta dramática escena están las políticas de Estado en sentido amplio, los funcionarios, las fuerzas de Seguridad, el aparato de Justicia y también, aunque quizá menos perceptibles, los medios masivos de comunicación.

Sobre este punto el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, sostuvo: “este totalitarismo financiero nos coloniza debilitando nuestros Estados y, por eso, cuánta más violencia haya, mejor. Porque nuestro Estado será más débil. Por eso buscan reproducir la violencia ¿Qué mejor negocio que sean los propios excluidos quienes pidan represión? Porque al final esa represión se usará contra ellos mismos. Este es el juego”.

**

Después de haberlo solicitado durante meses, desde su conformación en octubre del año pasado, el Comité Municipal contra la Tortura -que integran más de media docena de gremios y organizaciones civiles y oficiales en defensa de los Derechos Humanos- fue recibido esta semana por el Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, máxima autoridad del Ministerio Público.

Comité Municipal contra la Tortura

La Ordenanza que dio origen al Comité es de hace siete años, pero el organismo se conformó recién en 2018 por iniciativa de la concejal Ana Marks, e incluye además de las reparticiones oficiales destinadas a la protección de los derechos ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo, a representantes de las organizaciones históricas de Derechos Humanos: APDH, HIJOS y la Multisectorial contra la Represión Bariloche, entre otras.

El Comité inició sus actividades con un fuerte pronunciamiento cuando se desarrollaban en la ciudad las audiencias judiciales por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco -ocurridos durante la represión policial en el Alto de Bariloche en 2010- que el organismo interpretó como un crimen de Estado, y pidió condenas ejemplares.

En el mismo sentido se expresó poco después en relación a las denuncias por acoso policial en el barrio 2 de Abril.

“Así se lo planteamos al Procurador General de la provincia, Jorge Crespo: que el Comité debe funcionar como un articulador entre las instituciones oficiales, la Justicia y la realidad que viven los vecinos en nuestros barrios”, contó la concejal Marks, presidenta del Comité.

El Comité Municipal contra la Tortura de Bariloche es el primer ente de Estado que aúna en la ciudad la tarea de las distintas organizaciones civiles de Derechos Humanos vigentes desde hace más de 35 años, luego del retorno de la democracia en la Argentina. El organismo es también el primero en conformarse a nivel municipal en el país, pese a lo cual, el gobierno provincial se negó a reconocerlo como instancia de diálogo y tratamiento en casos de violencia institucional.

Numerosas notas dirigidas desde el Comité al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, al jefe de la policía provincial, Daniel Jara, y al secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, nunca recibieron respuesta. Recién este jueves -tras cuatro meses de insistencia- se concretó la reunión con el Procurador General de la provincia.

Deja vu

“¿Por qué hace falta tener -una vez más- otro Protocolo de actuación, sea para los fiscales, como en este caso o para la Policía?”, se preguntó la referente de la APDH, Mara Bou; “las leyes, la reglamentación, para la actuación de las fuerzas de Seguridad, son normativa que está vigente. Cada vez que el gobierno escribe un nuevo Protocolo está reconociendo que de algún modo ha incumplido la Ley y cometido abusos”, afirmó.

Bou integra la seccional Bariloche de la Asamblea desde hace más de 30 años.

Con respecto a la reunión mantenida con el Procurador Jorge Crespo y las demás organizaciones, dice: “Para mí es como un deja vu; en la APDH hemos perdido la cuenta de cuántos protocolos nuevos nos han mostrado, y de con cuántos funcionarios a lo largo de décadas nos hemos reunido. El resultado es el mismo: la Policía no tiene límites, hace lo que quiere. No hay leyes ni protocolos que la contengan y se ensaña más en los barrios humildes, y especialmente con los adolescentes”.

En ese sentido Bou recordó la medida cautelar dictada por la jueza de Familia, Marcela Pájaro, hace un año, a raíz del acoso policial contra adolescentes del barrio Virgen Misionera.

“Simplemente la policía ni siquiera acata un mandato judicial. No cumplen en nada la orden de la jueza”.

En Estos Días: ¿Por ejemplo?

Mara Bou: Nada. Por ejemplo lo más elemental, los agentes no llevan identificación. Eso es ilegal; y aunque suene patético y terrible, les pegan a los pibes, y los pibes ni siquiera saben quién les pegó. Este hecho, si la APDH lo sabe, lo sabe el gobierno -siempre lo han sabido-, por eso nosotros denunciamos la complicidad o la vista gorda que hacen los funcionarios con respecto a la actuación de la policía.

En Estos Días: Las reiteradas reuniones con funcionarios provinciales que menciona, ¿fueron recientes? ¿Motivadas por algún hecho puntual?

Mara Bou, APDH Bariloche

Mara Bou: No, este gobierno provincial ni siquiera nos recibe. Pérez Estevan es el primer ministro de Seguridad que no nos concede ni siquiera una entrevista. Ni él ni el secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri. Percibo también que es parte de un clima de época: el ninguneo a los organismos de DDHH y el incremento de la violencia institucional fue notorio durante los últimos tres años. Es algo que yo señalé: nunca desde que formo parte de la APDH vi algo así. Hoy tenemos un caso o más, de violencia policial por semana.

Río Negro adhirió a comienzos de 2018 al Plan Nacional de Acción en DDHH presentado por Mauricio Macri.

Fiscales instruidos

Durante la reunión mantenida este jueves con el Comité Municipal contra la Tortura, y referentes de las organizaciones que lo integran, el Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, presentó la “Instrucción General” que lleva su firma, dirigida al Ministerio Público Fiscal, en orden a definir sus pautas de actuación frente a hechos de violencia institucional.

Aunque resulte evidente, este es uno de los conceptos a destacar de los fundamentos de la Instrucción: que existen comportamientos lesivos de los derechos ciudadanos de parte de la Justicia.

Señala el Procurador: “Que existen prácticas necesarias de enmendar en este tipo de acontecimientos, que en general obedece a diferentes causas. Una de ellas radica en los retrasos injustificados en la gestión del conflicto suscitado. Pero también en las erróneas calificaciones jurídicas y en las deficientes investigaciones practicadas por miembros de la misma fuerza de seguridad denunciada”.

Vale decir, que ante hechos de abuso institucional la Policía se investiga a sí misma, y que la Justicia es morosa -por acción u omisión- en su andar.

“Que se trata”, sigue diciendo el Procurador, “de prácticas violatorias específicas, algunas de las cuales interesan al derecho Penal, entre ellas cuentan las vejaciones, las severidades, los apremios ilegales y las torturas”.

Procurador General Jorge Crespo

Crespo subraya “el miedo a las represalias físicas y psíquicas”, de las víctimas a la hora de denunciar;  “el padecimiento sistemático de malos tratos”, y “las violaciones a los Derechos Humanos que consumen algunos agentes estatales en un erróneo ejercicio de sus funciones”.

Frente a hechos de este tenor, el Procurador General de la provincia instruye a los fiscales que su actuación debe ser inmediata, que deben dar aviso a los distintos estamentos del Ministerio Público e intervenir en persona para contener la situación e iniciar una actuación de oficio.

En el punto 4 la instrucción dirigida a los fiscales dice que estos deben generar las condiciones para que las víctimas de violencia institucional efectúen la correspondiente denuncia Penal; al igual que para los testigos “a quienes sin demora deberá interrogar en torno al suceso en cuestión”.

Indica el Procurador el “inmediato examen médico y psicológico de la víctima del delito”, y enfatiza que, de hallarse esta detenida en una dependencia pública (una comisaría), el profesional a cargo del examen “deberá ser ajeno a la misma”.

En otras consideraciones el texto de la Instrucción se vuelve un recordatorio, e indica a los fiscales la necesidad y urgencia de trasladar a las víctimas de violencia institucional de lugar de detención a otro sí, por ejemplo, hubiesen sufrido vejaciones bajo custodia en una comisaría. Recuerda también el amparo especial que debe dárseles a los menores de edad, y especialmente recalca que no puede estar a cargo de una investigación la misma fuerza de seguridad sospechosa del delito cometido.

(Fotografía Euge Neme)

Cuestión de sentido común esta última, cuando en la experiencia de las organizaciones de Derechos Humanos -y de todo ciudadano atento- las fuerzas de seguridad se corporativizan y jamás se auto investigan. El asesinato del joven oficial Ayudante de la Policía de Río Negro, Lucas Muñoz, resulta el caso por antonomasia para ilustrar la situación.

De cualquier modo, la Instrucción fue dada hace 8 meses, a fines de mayo del año pasado.

Solo un primer paso

“Este tiene que ser y será el motor interinstitucional donde el Estado y las organizaciones sociales tengan una intervención conjunta ante hechos de violencia policial, de tortura”, previó la concejal y presidenta del Comité Municipal contra la Tortura, Ana Marks.

El Comité fue creado por la Ordenanza 2178 de 2011, pero formalizó sus actividades recién a mediados de octubre del año pasado.

Concejal Ana Marks

El tema excluyente en la agenda del organismo estuvo vinculado desde el inicio a  la violencia institucional en Bariloche. Tres sucesos -entre otros de menor impacto público- fueron los considerados por el Comité: las sentencias por los ya mencionados crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolas Carrasco durante la represión policial de 2010; el episodio de acoso policial a un grupo de adolescentes en el barrio Virgen Misionera (anterior a la conformación del Comité, pero cuyo efecto judicial provocado por la acción de la policía es muestra cabal de los vicios que aloja la fuerza), y consecuentemente, el exceso de violencia exhibido en distintos episodios por la comisaría 42 del barrio 2 de Abril que culminaron con varios menores heridos, uno de ellos de gravedad.

Luego de la reunión de este jueves entre los representantes del Comité y el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, para tratar cuanto toca al desempeño del Ministerio Público Fiscal en el tratamiento de casos de violencia institucional, Marks resumió el encuentro:

“Nosotros planteamos que hay un universo normativo cuya aplicación evidentemente no se constata en la actuación de la Policía ni tampoco de parte de los fiscales. Lo que mandan las normas no es lo que nosotros vemos que sucede en las comisarías”.

Contó que no se trataron casos puntuales a excepción del Hábeas Corpus Preventivo que se presentó a raíz de los distintos hechos denunciados por los vecinos en el barrio 2 de Abril, que al cabo fue rechazado por la jueza de Garantías, Romina Martini.

“Lo que yo le pregunté al Procurador”, relató Marks, “es qué nos queda a nosotros si cuando acudimos a la fiscalía con testimonios y pruebas, la Justicia no nos admite ni siquiera una medida de prevención”, a lo cual el Procurador respondió que se había aplicado el protocolo al caso de la comisaría 42, y prometió poner al Comité al tanto de las actuaciones.

“Crespo fue el primer funcionario en recibir al Comité. Ni el jefe de policía, Daniel Jara, ni el secretario de Seguridad, Pérez Estevan, ni el secretario de Derechos, Duilio MInieri respondieron a nuestros pedidos de entrevistas”.

(Fotografía gentileza La Tinta)

“La situación en los barrios más humildes de Bariloche es dramática en muchos sentidos”, señaló la concejal,  “agravada durante estos últimos tres años debido a la falta de trabajo y en general las condiciones de vida. La respuesta a esto debe ser la inclusión, no la represión, y más todavía cuando reiteradamente la policía rebasa los límites de lo legal y no hay un gobierno ni un Poder Judicial por encima que prevenga, controle y sancione los excesos”.

“Le planteamos al Procurador”, concluyó Ana Marks, “la importancia de que este Comité sea reconocido por el Gobierno. También destacamos la urgencia de que se constituya el Comité a nivel provincial. Todavía estamos lejos de la solución, pero este para nosotros es un primer paso”.