Ya tiene fecha el nuevo juicio por Atahualpa

El próximo 1 de marzo los acusados volverán a ser juzgados. Paralelamente se postergó el análisis en el Consejo de la Magistratura de la actuación de los funcionarios judiciales Zágari, Falca y Reussi. “Están queriendo ganar el tiempo que le robaron a Julieta”, cuestionaron desde la familia.

07/02/2019
Viedma

(foto archivo Pablo Leguizamón)

Felipe Carrasco; Belén Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo volverán al banquillo de los acusados el próximo 1 de marzo, cuando se inicie el nuevo juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya.

El juicio se extenderá hasta el 22 del mismo mes, y está previsto que a lo largo de ocho jornadas se escucharán a 35 testigos -cuatro de ellos de identidad reservada-, y se presentarán nuevas pruebas periciales para que evalúe el tribunal de juicio, compuesto por los jueces Carlos Mussi, Marcelo Valverde, e Ignacio Gandolfi.

El nuevo debate oral y público tendrá lugar después de que la Suprema Corte de Justicia anulara el primero, realizado en el 2017, debido a la existencia de pruebas que no se habían considerado al momento del juicio.

Una de esas pericias -que la fiscalía encabezada por Hernán Trejo y la querella representada por Julia Mosquera consideran fundamental- se realizó sobre una campera con manchas de sangre, que fue encontrada en la casa de uno de los acusados, Felipe Carrasco, un mes después del asesinato de Atahualpa.

 

Uno de los reclamos más fuertes de la familia es que la campera no fue analizada oportunamente, sino que tan solo se pidieron pruebas de ADN sobre hisopos de la sangre. De ese estudio -que se extendió por más de cuatro años-, se desprende que esa prenda tenía sangre de la víctima, del supuesto dueño de la campera, y del otro acusado, Morales Toledo.

Sin embargo, fue una prueba parcial y la campera se mandó analizar completa recién en el 2017, pero ningún dato nuevo se desprendió de esa pericia.

 

Dilación

 

En tanto, se consumó una nueva dilación para que el Consejo de la Magistratura resuelva si promueve el juicio político a tres funcionarios judiciales actuantes en el proceso de investigación de la causa: Daniela Zágari, Ricardo Falca y Carlos Reussi, fiscales y juez de instrucción respectivamente

Este jueves estaba prevista una reunión del Consejo de la Magistratura para abordar la solicitud de juicio político para los funcionarios, tal como lo recomendó el instructor sumariante, Adrián Casadei. Incluso la familia de Atahualpa había convocado a movilizar al Poder Judicial provincial. Pero los tiempos se siguen extendiendo.

Apenas tres días antes del inicio de la feria judicial se hizo el traslado a los acusados de las resoluciones del sumario y los tiempos legales hicieron que recién este miércoles, el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarian, dispusiera remitir al instructor sumariante los descargos presentados por los funcionarios que están siendo investigados, para que “en el término de diez días meritúe las defensas opuestas y se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas”.

Es decir, una nueva postergación en el proceso.

 

Para Laura Vinaya, prima de Atahualpa, la intención de los funcionarios es dilatar el proceso de juri hasta después de la sentencia del segundo juicio. Ante una posible condena “van a argumentar que no hicieron mal las cosas, porque la instrucción y la investigación no fueron anuladas por la Corte”.

Sin embargo, más allá de conocer quiénes fueron los autores del crimen, para la familia del joven aún quedan muchas preguntas sin respuestas: “No se sabe quién disparó, con qué arma, a qué hora, un montón de puntos que tienen que ver con la verdad”.

“Están queriendo ganar tiempo y en términos reales ese tiempo nos lo roban a nosotros y se lo robaron a Julieta”, dijo Laura vinaya, recordando a la mamá de Atahualpa, que falleció en octubre del 2018 sin poder conocer la verdad sobre el asesinato de su hijo.

Luego de que se avance en el juri y se concrete el nuevo juicio, la familia de Atahualpa no descarta promover una denuncia contra la actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccininni, que en el 2008 oficiaba como Procuradora General de Río Negro.