Mi Bus: dos años de monopolio, tarifazos y conflictos

La empresa sanjuanina cumple este viernes su segundo aniversario en Bariloche. Un repaso por los estrechos vínculos con el gobierno de Gennuso, los traspiés e incumplimientos de una firma que prometía revolucionar el transporte, pero hoy paga sueldos desdoblados y tiene de rehenes a los usuarios.

15/02/2019
Bariloche

Gennuso junto al titular de Mi Bus

El 15 de febrero de 2017, los colectivos de “Mi Bus” coparon la totalidad de los recorridos que por décadas estuvieron asignados a dos empresas (3 de Mayo y CODAO, primero; Las Grutas y Autobuses Santa Fe, después), desoyendo el Gobierno las advertencias sobre los riesgos de la monopolización del mercado.

Tal vez obnubilado por las unidades 0 Km comprometidas, Gustavo Gennuso avanzó con la firma del contrato directo, en el que no sólo le asignó todas las rutas, sino que también flexibilizó las exigencias acordadas en los pliegos licitatorios (por ejemplo, para la accesibilidad de las unidades) y hasta eximió a la empresa del pago de patentes por 5 años; tributo provincial por el que hasta junio de 2018 se adeudaban unos 4,5 millones de pesos.

La estrecha relación entre la empresa y el gobierno se reflejó, primero, en el campo simbólico. A propuesta del Municipio –según manifestó Pedro Ponte, titular de la empresa, al Diario Río Negro- la firma se registró como “Amancay”, flor que representa en su logo a la gestión Gennuso.

Cuando “Mi Bus” inició su actividad en Bariloche la tarifa mínima era de 12,80 pesos. Es decir que, en sólo 24 meses, Gennuso le otorgó un 111 por ciento de aumento de boleto -muy por encima de los acuerdos paritarios y pese a la oposición de los usuarios en las audiencias públicas-, llevando el boleto a 27 pesos.

Esta última semana el jefe comunal también le otorgó un subsidio de 2 millones de pesos, y funcionó como agente financiero con recursos públicos, prestándole 1 millón de pesos más para el pago de salarios, en el marco de una medida de fuerza de los choferes por demoras en la cancelación.

 

La cercana relación traspasó los límites de la ética pública y requirió la intervención de la justicia: el encargado de controlar el cumplimiento del servicio de transporte, Carlos Catini, y Ponte, tenían tarjeta azul para manejar la misma camioneta, una Toyota Land Cruiser 4x4 perteneciente a una empresa sanjuanina con vínculos con Mi Bus. Meses después, el Sindicato de Obreros y Empleado Municipales detectó el uso de recursos públicos (máquinas y personal municipal) en el galpón de Mi Bus, para la pintura de sendas a alta temperatura.

La modernización del sistema, con unidades 0 km, cámaras de video vigilancia y nuevas tecnologías para el contacto con los usuarios, fue acompañada por las viejas prácticas coercitivas del sector, que los barilochenses ya padecieron con otras empresas durante décadas.

Así, se sucedieron amenazas de despido de personal ante la posibilidad de que la justicia retrotraiga el costo de la tarifa, cuestionamientos al boleto escolar que ya era gratuito cuando desembarcó en Bariloche, incumplimientos en los pagos de salarios y hasta un Procedimiento Preventivo de Crisis en la Delegación del Trabajo como antesala de posibles despidos masivos si no se le garantizan los millonarios subsidios quitados por el gobierno nacional.

También retiró de la ciudad el 25 por ciento de sus unidades y recortó en forma unilateral -y sin aviso previo- frecuencias y recorridos, afectando la calidad del servicio.

Con el gremio Unión Tranviarios Automotor, la relación se tensó sólo a un mes de comenzar a transitar, con una media de fuerza por retrasos y descuentos salariales durante el traspaso de prestadores del servicio público. Cuatro meses después, el sindicato también denunció “maltrato” a choferes, “persecución” y sanciones desmedidas.

En 2018, los trabajadores realizaron medidas de fuerza en tres oportunidades, y este año la paralización del servicio se concretó en dos jornadas. En todos los casos, por demoras en la cancelación de la masa salarial del personal. La intención de continuar pagando en cuotas los sueldos, mantiene en asamblea y estado de alerta a la UTA, que advierte la profundización de un complicado panorama.

Todo indica que la anunciada revolución del amancay no tendrá la suerte de los claveles, y que sólo quedará en la historia como un capítulo más de la errática política del transporte público de la ciudad.