Interrupción Legal del Embarazo: Las clínicas privadas y las obras sociales, ¿para cuándo?

El “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” establece una igualdad de obligaciones para los sectores públicos y privados de la Salud. Sin embargo, los casos de ILE se derivan al Hospital Público. ¿Por qué?. Una nota de Susana Yappert.

20/02/2019
Río Negro

 

Este 19 de febrero volvimos a las calles a reclamar por nuestro derecho a la libertad y autodeterminación. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó en todo el país un Día de Acción Verde, un día de acción colectiva para mantener la llama encendida, un proceso de lucha que lleva siglos pero que se puso verde e intenso hace exactamente un año, cuando millones salimos a las calles a reclamar por la ampliación de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

La marea verde exige hoy la despenalización y legalización del aborto, la implementación total de la Educación Sexual Integral (ESI), el Programa Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y el cumplimiento del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (Protocolo ILE).

Y en el mientras tanto, continua el trabajo hormiga de miles y miles de mujeres, trabajo federal y amoroso, para salvar la vida de niñas y mujeres, para garantizar el cumplimiento de derechos que ya están consagrados.

El debate por el aborto de 2018 generó un sinceramiento social con el tema. Supimos, por ejemplo, qué Provincias (qué Gobiernos) tenían Leyes para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cuáles habían demorado su reglamentación por años (como Río Negro) y qué provincias directamente se resisten a su aplicación. Supimos también que hay personal en hospitales públicos que siempre se jugaron con este tema, garantizando el derecho a la salud de niñas y mujeres; y personal y servicios enteros que no son amigables. Hospitales que están más avanzados que otros, con mayor articulación con socorristas que acuden cuando se dificulta la práctica o para cubrir, por ejemplo, la falta de misoprostol.

Sin embargo, no quedó claro porqué la práctica no se realiza en el sector privado.

Actualmente, profesionales de la salud del sector privado y de obras sociales derivan al Hospital Público los abortos no punibles (ANP). La práctica no está contemplada en el nomenclador provincial pese a que la Ley que la regula prevé que se pueda realizar en el ámbito privado.

El Protocolo establece la obligatoriedad para los sistemas público y privado

Cuando impulsamos y colaboramos en la redacción de la Ley que garantizara la práctica ILE en Río Negro, pensamos en que el sector salud debía garantizar el derecho, respaldado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en 2012, puso fin a las “dudas” sobre si era o no legal el aborto en caso de violación.

Llamativamente, esto se leyó como si sólo le correspondiera hacer la práctica a “Salud Pública”.  Pero la Ley 4796 dice: Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento a llevar a cabo por el personal de salud de los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales, del Sistema de Salud de la Provincia de Río Negro.

Hoy, un gran número de consultas que llegan al ámbito privado para solicitar la práctica de ILE en Río Negro, son derivadas al sector público. Entonces el planteo es pertinente, ¿por qué el sector privado deriva al hospital público?

Quién dio forma y contenido a este debate es la ginecóloga de Bariloche, Rosana González. Hace tiempo que advierte que la práctica no está en el nomenclador que tienen profesionales de la salud de esa especialidad. Es decir, no hay posibilidad de hacer la práctica pues no está allí establecida y las obras sociales, en consecuencia, no la “cubren”.

Los nomencladores nacionales y provinciales se actualizan constantemente, pero ocurre que el de esta especialidad está atrasado, y en lo que refiere a aborto no punible, sospechosamente atrasado. Por tal motivo, la Sociedad de Ginecología de Bariloche hizo una nota al Colegio Médico local para actualizar dicho nomenclador. La Dra. González solicitó a la Comisión Directiva del Colegio Médico que atienda esta situación y que se incorpore la práctica de ILE al nomenclador. La Comisión pidió que la Federación que nuclea a la especialidad otorgue un aval.  Lo solicitaron a la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), la cual lo otorgó. Paralelamente el Comité ILE del Hospital Regional mantuvo una reunión con la Comisión Directiva del Colegio Médico, con igual fin.

Hace horas se reiteró el pedido de incorporar en el nomenclador la práctica de ILE para que pueda realizarse en el ámbito privado y las obras sociales lo cubran, en vista a que se trata de una práctica legal. Debemos insistir, ya que si se demora seguimos alimentando la “inequidad sanitaria”. En el ámbito privado hay profesionales que realizan la práctica de modo gratuito, y otras que la quieren hacer pero no acuerdan con trabajar gratis, motivo por el cual derivan al Hospital Público. Obras sociales y sector privado no pueden seguir incumpliendo la Ley por la ausencia de la práctica en el nomenclador. Deben adecuarlo a la normativa existente y a este intenso presente histórico.

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