El Concejo convalidó millonario negociado con tierras públicas

El oficialismo aprobó la venta para la urbanización “Abedules”. El FpV advirtió millonarias ganancias para la Cooperativa 13 de Mayo y pidió, sin éxito, la adjudicación directa a las 135 familias, reduciendo el precio en 25 millones de pesos.

07/03/2019
Bariloche

Primera sesión del año (foto Concejo Municipal)

En la primera sesión del año, y sin que ninguna autoridad del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS) haya dado explicación alguna del polémico proyecto, los concejales de Juntos Somos Bariloche y el PRO convalidaron el boleto de compraventa con la Cooperativa 13 de Mayo.

El año pasado, el IMTVHS vendió a esa entidad 4,8 hectáreas, fijó valores y registró millonarios ingresos sin la Ordenanza correspondiente que autorizara la transacción, que recién fue sancionada este viernes, un año después del acuerdo reservado con la Cooperativa.

Nota relacionada: Tierra sucia: Un negocio de 68,5 millones

Vía un convenio firmado el 20 de marzo de 2018 y que permaneció oculto hasta que el escándalo tomó estado público, el Gobierno de Gustavo Gennuso le otorgó a la Cooperativa 13 de Mayo un total de 135 lotes, ubicados en la zona sur del barrio Las Victorias, a un valor de 100 mil pesos cada uno.

Responsables de la Cooperativa y Gennuso firmaron un convenio reservado

La Cooperativa, a su vez, los vendió en el marco del proyecto inmobiliario "Los Abedules" a 510 mil pesos cada uno, lo cual conforma un negocio global de 68,5 millones de pesos.

De ese valor del lote, 150 mil pesos los cobró al contado, de los cuales 100 mil fueron supuestamente destinados a cancelar la deuda con el Instituto de Tierras, y otros 50 mil fueron para “gastos administrativos”.

En pocos días, la Cooperativa 13 de Mayo concretó -gracias a un convenio firmado a escondidas con Gennuso- un negocio de 6.750.000 pesos.

La diferencia entre los 150 mil pagados por los socios al contado y los 510 mil pesos totales del valor del lote -es decir, 360 mil pesos- debían pagarse en 36 cuotas de 10 mil pesos.

Así, la Cooperativa comercializó los 135 lotes de 300 metros cuadrados a valores alejados del de “lotes sociales”, que debe primar en las operaciones en las que interviene el Instituto de Tierras.

Detalles del contrato que firmaron los socios de la Cooperativa

El tema recién pudo ser tratado el viernes pasado en el Concejo Municipal. Allí el oficialismo consideró que “no hacen falta” explicaciones de las autoridades del Instituto, argumentando que el proyecto fue remitido a la Comisión de Transacciones, donde se incluyeron modificaciones para cumplimentar la documentación y determinar los compromisos de las partes. 

Sin responder a los cuestionamientos de la oposición sobre las condiciones de venta de las tierras, se limitaron a plantear el debate entre dos opuestos: quiénes estaban a favor y quiénes en contra de que las familias accedan a su vivienda.

Intentando romper esa falsa antinomia, el concejal del FpV, Ramón Chiocconi, presentó sobre la mesa su proyecto para rechazar la venta a la Cooperativa y ordenar la adjudicación directa a las 135 familias del listado, “que adquirieron de buena fe”. Con el acuerdo original -advirtió- las familias pagarán un sobreprecio del 57 por ciento por la intermediación. Por lo que denunció la existencia de un “gran negocio”.

Detalló que el Estado vendió las tierras a 10,8 millones en 19 cuotas, y las obras de infraestructura tienen un costo de 33 millones de pesos, pero los beneficiarios pagarán en total 68,8 millones de pesos, por lo que existe un excedente de 25 millones de pesos. Objetó, además, que se haya otorgado la tierra a una cooperativa que no tenía los socios con antelación, sino que las familias se asociaron después de que el IMTVHS le entregó las tierras.

Con los hechos consumados y familias con derechos adquiridos, los ediles levantaron sus manos para ratificar la operación. Pero las desprolijidades en todo el proceso y la discrecionalidad en el manejo de la tierra pública fueron las gotas que rebalsaron el vaso y desencadenaron la salida, en noviembre, de la presidenta del Instituto, Laura Zannoni. También fueron causales de la presentación de una denuncia penal por parte de Chiocconi, con el acompañamiento del Legislador, Alejandro Ramos Mejía, por la posible comisión de un delito.