# ¿QUIÉN MATÓ A RAFAEL NAHUEL?

Duros cuestionamientos al Juez Moldes por los procesamientos en la causa Rafael Nahuel

Se realizó la audiencia por las apelaciones presentadas contra el procesamiento de los Albatros bajo la figura de “homicidio en exceso de legítima defensa”. La querella y los abogados defensores de los uniformados cuestionaron la resolución del Juez Moldes. Para la abogada de la familia de Rafael Nahuel “no fue un enfrentamiento, fue una masacre”. Críticas a la pericia balística de Gendarmería.

14/03/2019
General Roca

La familia de Rafael, presente en la audiencia (foto Radio Zona Libre)

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca escuchó este miércoles los argumentos de todas las partes que impugnaron la resolución de procesamientos contra los cinco integrantes del grupo Albatros que actuaron el 25 de noviembre de 2017, cuando fue asesinado Rafael Nahuel. Los padres de la víctima estuvieron presentes en el lugar y volvieron a reclamar justicia por su hijo.

Esa medida fue dispuesta a principios de enero pasado por el Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes, quien además procesó a los dos principales testigos de ese homicidio, Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Nahuel hasta la ruta.

Para el caso de los Prefectos, Moldes no ordenó la prisión preventiva, medida que sí adoptó con Jones Huala y González, quienes, para la Justicia, se encuentran prófugos.

Moldes dio por cierta la teoría del “enfrenamiento”, que sostiene el Gobierno nacional, y, a pesar que no incluyó en su escrito ningún elemento que permita dar certeza a la existencia de un cruce de disparos entre la comunidad mapuche y los Albatros, proceso a los uniformados bajo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de la legítima defensa”.

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Tal como informó este medio, el auto de procesamiento incluye decenas de inconsistencias y contradicciones, lo que motivó que todas las partes involucradas apelen esa resolución.

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Así lo hicieron los abogados querellantes, representantes de la familida de Rafael -Natalia Araya y Juan Mandagarian-; los abogados de los cinco uniformados; y los representantes de los mapuches Jones Huala y González, aunque en este último caso el planteo fue rechazado previo a su análisis ya que los jóvenes permanecen prófugos, y se les impide el derecho de defensa.

Abogados de la querella (foto Radio Zona Libre)

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones -Richar Gallego, Mariano Roberto Lozano y Ricardo Barreiro- escucharon durante horas los argumentos de todas las partes para que se revoquen el fallo de Moldes. En caso de quedar firme implicaría la elevación del expediente a la instancia de juicio oral y público, bajo la figura penal mencionada.

Así, la Cámara de Apelaciones deberá resolver sobre los recursos presentados por los cinco efectivos del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García, Sergio Guillermo Cavia y Carlos Valentín Sosa, procesados por el juez Leónidas Moldes por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, atenuado bajo la figura de “exceso en legítima defensa”.

La exposición de la abogada de la familia Nahuel, Natalia Araya, fue contundente al momento de valorar lo sucedido en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

“Consideramos que la valoración que hace (el juez Leónidas Moldes) es errónea, extraña e ilegal”, dijo, pero consideró que “no se trata de una animosidad, sino de una injerencia muy fuerte del ministerio de Seguridad, desde el minuto cero de los hechos”. Y en tal sentido, agregó: “Si nosotros nos hubiéramos basado en los dichos del ministerio de Seguridad nunca hubiésemos llegado al lugar donde murió Rafael Nahuel”.

Relató que la indicación del ministerio de Seguridad era llegar hasta los 400 metros de altura, montaña arriba, y que “si no hubiera sido por los testimonios de los médicos que atendieron a Rafael Nahuel y a un prefecto que se encontraba hiperventilado por haber corrido mil metros, nunca hubiéramos llegado a la escena primaria”.

“Hoy sabemos con qué arma se disparó, y de qué lugar provino el disparo”, aseguró, y relató que “fue impresionante el sonido de los detectores de metal al llegar a ese lugar (de donde provino el disparo, a mil metros de altura), y fue así que supimos que Prefectura efectuó 314 disparos, por lo menos; en cambio, a los 400 metros, donde indicó el ministerio de Seguridad, no había una sola vaina”.

La cantidad de disparos en tan breve lapso y en el mismo lugar, funda el argumento de Araya de que “no pudo haber defensa; con 314 disparos no pudo haber ningún tipo de defensa” por parte de los mapuches, dijo, “y si no hay defensa no puede haber exceso: para que haya exceso debe haber defensa”, desmontando así la hipótesis de enfrentamiento sostenida por el juez Moldes al cerrar la instrucción.

Al respecto dijo Araya: “La teoría del enfrentamiento en la que se basan es la teoría implantada por el ministerio de Seguridad y por miembros de Prefectura. Quienes participamos de la inspección ocular nos dimos cuenta de la imposibilidad de plantar u ocultar pruebas en ese lugar. Todos los rastros probatorios que se recogieron, fueron vainas de proyectiles de las armas de Prefectura, 9 milímetros y MP5. No existe ningún rastro material, ninguna prueba en el expediente ni ninguna testimonial que avale la teoría del enfrentamiento, más que los dichos de los prefectos”.

Y cuestionó el procesamiento y dictado de prisión preventiva de Fausto Jones Huala y Lautaro González: “No pueden estar en la misma causa. Hoy los tenemos procesados, con pedido de captura y con indagatoria, y por lo tanto no pueden prestar testimonio. Al no poder prestar testimonio no podemos saber qué fue lo que ocurrió. Acá no existen dos versiones, existe una sola versión y es la del Ministerio de Seguridad. No existe la versión de quienes se encontraban junto a Rafael Nahuel, porque no pueden prestar declaración; no son libres de contar qué vieron ese día”, planteó.


 

Pericia


 

En otro tramo de su exposición, Araya sostuvo que la gente de la comunidad -entre los que había mujeres y niños- “no tenía escapatoria. Se trata de un sendero de no más de un metro de ancho, montaña arriba”, por donde fueron perseguidos “por gente armada y preparada para este tipo de operativos”.

“¿Que tiraron piedras?, sí, es posible. Cualquiera de nosotros intentaría preservar su vida con lo que pudiera, y si lo único que tengo es una piedra en la montaña, yo lo haría si me están disparando. Fueron 314 disparos”, subrayó.

Natalia Araya cuestionó la resolución de Moldes (foto Radio Zona Libre)

Calificó de “parcial” a la pericia realizada por Gendarmería y dijo que se realizó para “generar dudas". La abogada de la familia se refirió así a la segunda pericia balística, realizada sobre el proyectil extraído del cuerpo de Rafael, y su comparación con las subfusiles MP5, que portaban Pintos y Obregón.

Ese informe de Gendarmería -la misma fuerza de seguridad responsable de la represión en la pu lof en Resistencia Cushamen el día que desapareció Santiago Maldonado- arrojó que no era posible determinar la procedencia de la bala mortal, a pesar que una pericia previa realizada por la Policía de Río Negro y los prestigiosos peritos Roberto Nigris y Karina Uribe determinó de forma indubitable que ese proyectil se corresponde con el arma subfusil MP5 del Cabo Primero Francisco Javier Pintos.

Araya defendió la primera pericia que hizo la policía de Río Negro, “que nada tiene que ver con el ministerio de Seguridad”, con la cual “se pudo determinar de dónde provino la bala”.

La pericia de Gendarmería, expuso Araya, no fue notificada, con lo cual “nosotros no pudimos cuestionarla, porque ni siquiera se nos informó con una hora de anticipación al dictado de los procesamientos”.

En ese sentido señaló al Tribunal que el pedido de la querella para que se constituya una junta de peritos y tercie ante resultados “abismalmente disímiles”, aún no ha sido respondido, pero que en cambio sí el juez Leónidas Moldes procedió al cierre de la instrucción.

“Si tenemos una diferencia tan grande en los resultados de las pericias, no podemos cerrar la instrucción”, consideró Natalia Araya “no estamos en una causa en la que no podemos saber de dónde salió el disparo, nosotros sí que podemos saberlo; entonces hay que hacerlo, lo tenemos que hacer, y no cerrar la instrucción”.

También los abogados de los cinco Albatros procesados pidieron una nueva pericia, aunque con la estrategia de impedir que se determine con claridad de qué arma salió el disparo mortal.

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Pidieron que se revoquen los procesamientos de los uniformados, ya que, señalaron, cumplieron con los protocolos de actuación para el caso de un “enfrentamiento”.

Ahora la Cámara deberá resolver los planteos, y definir si se eleva la causa a juicio oral y público o se la remite nuevamente al Juzgado para que continúe la instrucción.