# ¿QUIÉN MATÓ A RAFAEL NAHUEL?

Fausto Jones Huala se presentó a la Justicia y quedó detenido

Uno de los dos testigos clave del asesinato de Rafael Nahuel se entregó a la Justicia. Pesa sobre él un procesamiento con prisión preventiva por “usurpación y atentado contra la autoridad”. Quedó detenido, y podría ampliar, en indagatoria, los detalles sobre cómo el grupo Albatros atacó a la comunidad y mató al joven mapuche.

14/03/2019
Bariloche

Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca

Una importante novedad se produjo en el marco del expediente que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi: Fausto Jones Huala se entregó a la Justicia ayer (jueves), en horas de la tarde.

El joven mapuche es uno de los dos principales testigos del asesinato de Nahuel a manos de los miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, y, junto a Lautaro González Curruhuinca, permanecía prófugo desde hace casi un año.

Jones Huala y González Curruhuinca estaban junto a Rafael Nahuel cuando se produjo el ingreso de los integrantes del grupo Albatros al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales. Y fueron quienes, tras la balacera de más de 114 disparos con munición 9 mm por parte de los uniformados, improvisaron una camilla y bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel hasta la ruta 40 “Juan Herman”, donde fueron detenidos.

“No podíamos dejarlo ahí, Rafita nos pedía que lo dejáramos, pero no podíamos”, había dicho oportunamente Jones Huala a este cronista, al repasar el momento del ataque de los uniformados, y el intento por buscar ayuda para la atención médica.

Luego de cuatro días de sucedido el hecho, los dos jóvenes mapuches fueron excarcelados, pero en mayo de 2018 la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar esa medida, y desde entonces pesa sobre ellos un pedido de captura.

Tras el regreso del Juez Leónidas Moldes al Juzgado Federal de Bariloche -en noviembre de 2018-, la presión sobre los jóvenes se incrementó y finalmente a principios de enero pasado el magistrado los procesó por “usurpación y atentado contra la autoridad”. Les dictó, además, la prisión preventiva.

En esa misma resolución, Moldes procesó a los cinco integrantes del grupo Albatros -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García, Sergio Guillermo Cavia y Carlos Valentín Sosa- bajo la figura de “homicidio agravado” cometido con “exceso en legítima defensa”. Es decir una figura que da por hecho la existencia de un enfrentamiento, a pesar que en el expediente no existe una pericia consolidada o un testimonio -con excepción de los de los propios prefectos- que den cuenta de un ataque armado por parte de la comunidad mapuche.

Esa teoría fue introducida por los Albatros en una serie de audios de whatsapp que dejaron minutos antes que les secuestren los teléfonos celulares. Allí aparece por primera vez el relato de las “armas de grueso calibre que arrancaban árboles de cuajo” en manos de los mapuches. Un día después la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo repitió como una verdad incuestionable.

A principios de 2018, una pericia realizada por la Policía de Río Negro, a cargo de los reconocidos especialistas Roberto Nigris y Karina Uribe, determinó de forma indubitable que el proyectil que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos. Pero el primer juez que actuó en el expediente, Gustavo Villanueva, ordenó una nueva pericia y la encargó a personal de la Gendarmería Nacional. Como era previsible, ese segundo informe consideró que no era posible confirmar la procedencia del disparo.

El cierre de la instrucción y los procesamientos firmados por el Juez Moldes en enero pasado fueron apelados por todas las partes involucradas, y este miércoles se realizó en la Cámara de Apelaciones de General Roca la audiencia de exposición de argumentos de la querella -en representación de la familia de Rafael Nahuel- y los abogados defensores de los Albatros.

Durante su exposición, la abogada de la familia Nahuel, Natalia Araya, fue contundente al momento de valorar lo sucedido en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu: “Consideramos que la valoración que hace (el juez Leónidas Moldes) es errónea, extraña e ilegal”, y denunció “una injerencia muy fuerte del ministerio de Seguridad, desde el minuto cero de los hechos”.  Para Araya, “la teoría del enfrentamiento en la que se basan es la teoría implantada por el Ministerio de Seguridad y por miembros de Prefectura. Quienes participamos de la inspección ocular nos dimos cuenta de la imposibilidad de plantar u ocultar pruebas en ese lugar. Todos los rastros probatorios que se recogieron, fueron vainas de proyectiles de las armas de Prefectura, 9 milímetros y (de) MP5. No existe ningún rastro material, ninguna prueba en el expediente ni ninguna testimonial que avale la teoría del enfrentamiento, más que los dichos de los prefectos”.

Además, la abogada de la familia Nahuel cuestionó el procesamiento y dictado de prisión preventiva de Fausto Jones Huala (quien se entregó ayer) y Lautaro González Curruhuinca. “No pueden estar en la misma causa”, dijo, “hoy los tenemos procesados, y por lo tanto no pueden prestar testimonio. Al no poder prestar testimonio no podemos saber qué fue lo que ocurrió. Acá no existen dos versiones, existe una sola versión y es la del Ministerio de Seguridad. No existe la versión de quienes se encontraban junto a Rafael Nahuel, porque no pueden prestar declaración; no son libres de contar qué vieron ese día”, concluyó.

En tanto, los planteos de los abogados de Jones Huala y González Curruhuinca fueron rechazados ya que tenían su “defensa suspendida” debido a su condición de “prófugos”. Ahora, con su presentación ante la Justicia, podría reactivarse la apelación presentada por los abogados de Jones Huala, Matías Schraer y Sonia Ivanoff.