Fiscalía y querella apelaron tarde, y la (in) Justicia absolvió a Federico Martínez

Como jefe de Rentas Bariloche el funcionario sacó a remate un terreno con una deuda ínfima y sin cumplir los pasos legales. Su suegro compró el lote con plata de su madre. La fiscalía y el abogado de los damnificados se “olvidaron” de apelar en tiempo y forma, y para la (in) Justicia rionegrina no hubo delito.

27/03/2019
Bariloche

Federico Martínez

La impunidad se asienta, una vez más, sobre una causa que involucra a un funcionario rionegrino.

El ex Delegado de Rentas de la Provincia en Bariloche, Federico Martínez, fue absuelto en la causa penal en la que se investigó el irregular remate de un valioso terreno ubicado en el oeste de Bariloche.

La resolución llegó por cuestiones formales, y no porque se haya comprobado la inocencia. Es que tanto la Fiscalía como el abogado de la querella, apelaron tardíamente una resolución del Juez de Instrucción Bernardo Campana, quien no ocultó una relación de amistad con el imputado.

Es decir que la impericia -en el mejor de los casos- del Fiscal Guillermo Lista y del abogado Raúl Ochoa al presentar las apelaciones fuera de plazo, derivaron en sendas resoluciones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que dejaron firme el fallo de Campana.

Así, la (in) Justicia rionegrina consumó, otra vez, una resolución que libera de responsabilidad a un funcionario provincial comprometido en una causa iniciada por el mal desempeño de sus tareas.

La Justicia Civil, en tanto, falló hace pocos días que el proceso de salida a remate del lote en cuestión fue irregular, y anuló todo el proceso que permitió a la familia de Martínez apropiarse del valioso lote.

 

Causa penal

 

El 21 de marzo pasado, el STJ firmó las dos resoluciones que consolidan la impunidad. En la causa caratulada “Martínez Federico sobre negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas” determinó que tanto el abogado Raúl Ochoa -representante de la damnificada, propietaria originaria del lote-; como así también el Fiscal Guillermo Lista interpusieron fuera de plazo las apelaciones correspondientes al sobreseimiento dictado por el Juez amigo de Martínez.

Guillermo Lista

Así lo interpretó el Tribunal de Impugnación, que previamente a la resolución del STJ había señalado la irregularidad en los tiempos de las presentaciones.

Para el caso del Fiscal, se explicó que “tampoco ha argumentado que dicho modo de análisis implique una violación del sistema constitucional o convencional en contra de los intereses de la víctima en el proceso, ni ha alegado la inconstitucionalidad de la Acordada 25/17 del Superior Tribunal que, para los fines del control de las decisiones judiciales, establece que se entiende por sentencia definitiva la resolución que condene, absuelva o imponga una medida de seguridad”.

Es decir que Lista no sólo presentó extemporáneamente la apelación, sino que, a consideración del STJ, lo hizo sin los fundamentos suficientes o necesarios como para que se ponga en cuestionamiento el sobreseimiento firmado por el Juez Campana.

 

La maniobra

 

En agosto de 2014, este cronista informó los detalles de la maniobra de Federico Martínez y su familia para apropiarse del lote en Villa Campanario.

Unos meses antes, en junio de 2013, se había realizado la ejecución fiscal del terreno que, en ese momento, tenía un precio que rondaba los 200 mil dólares. Sin embargo fue rematado en algo más de 300 mil pesos, por una deuda de Impuesto Inmobiliario de apenas 5.537 pesos (8.444 pesos con los intereses). El pasivo tributario correspondía a dos períodos de 2004 de ese tributo, y otros de 2005 a 2008, y 2010.

 

La Delegación de Rentas que conducía Federico Martínez promovió el remate, a pesar que -como ahora demostró la Cámara de Apelaciones en lo Civil- el organismo provincial no habría cumplido con los pasos exigidos por normativa: la notificación fehaciente al propietario de la situación de deuda, y como consecuencia de esa acción la posibilidad que el dueño salde el pasivo exigido.

Además, la delegación Bariloche del organismo recaudador no puso en marcha los mecanismos de los que disponía para cobrar la deuda de algo más de 5.500 pesos: ni produjo la inhibición de bienes; ni buscó en el padrón electoral la dirección real de dueña; ni constató esa dirección con otros organismos.

A pesar de estas irregularidades, se llegó a la instancia de remate -convalidado por el Juez Civil Carlos Cuellar-, oportunidad que fue aprovechada por Luis Agustín Tello, suegro del titular de Rentas Bariloche, Federico Martínez, para comprar -a nombre de un tercero- el valioso terreno.

Tello pagó la seña correspondiente, y el depósito por el monto global, lo realizó Maria Cristina Medus Rosenbrock, madre de Martínez.

El domicilio que oportunamente dio Tello en el marco de la subasta y adquisición del lote fue Gallardo 477, correspondiente al estudio de contadora de su hija Mariela, la esposa del por entonces Delegado de Rentas.

Pocos meses después de la compra, Tello vendió el lote a Susana López, al doble del valor del remate, es decir algo más de 600 mil pesos.

La operación parecía encaminada a resolverse sin sobresaltos, pero el 27 de agosto de 2014, los propietarios originales del terreno recibieron una llamada anónima informando lo sucedido. Un empleado de Rentas, que protegió su identidad, les advirtió sobre la maniobra. Dos días después, el 29 de agosto pasado, una abogada de Bariloche -en representación de Garibaldi- presentó ante el juzgado Civil un pedido de nulidad de la subasta y de la escrituración.

Paralelamente, se realizó la denuncia en la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP) contra Martínez, Luis Agustín Tello, Mariela Tello, y Susana López, última compradora del lote. Se los acusó de “defraudación”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, y “negociación incompatible con la función pública”. Sólo esta última figura llegó a la instancia de investigación.

En diciembre de 2017, el Juez Bernardo Campana -quien reconoció que compartió eventos sociales y de amistad con Martínez-, sobreseyó al funcionario, basándose en la falta de acusación del Fiscal, Guillermo Lista, quien un año después apeló tardíamente el sobreseimiento.

 

Puntos oscuros

 

Estos son los puntos centrales sobre cómo se urdió la maniobra, así como su paso por la (in) Justicia Penal:

* Al momento de salir a subasta, la deuda por Impuesto Inmobiliario del lote era de apenas 5.537 pesos (8.444 pesos con los intereses). Ese pasivo tributario correspondía a dos períodos de 2004 de ese tributo, y otros de 2005 a 2008, y 2010.

* La Agencia de Recaudación Tributaria (Rentas) había suspendido las ejecuciones de este tipo por deudas, debido a la crisis económica y financiera provocada por la erupción del Cordón volcánico Caulle-Puyehue. Este terreno fue el único en salir a remate, en esa fecha.

* Según consta en los testimonios aportados a la Justicia -bajo juramento- por parte de empleados del organismo recaudador, Martínez les requirió “buscar” lotes con deuda en la zona de Villa Campanario, para proceder luego a las intimaciones de rigor.

* La propietaria del terreno, Sandra Garibaldi, nunca recibió la notificación de intimación por parte de Rentas. Es decir que no tuvo la oportunidad de saldar la deuda reclamada. En estos días pudo saber que las intimaciones eran enviadas a un domicilio inexistente, y que el organismo recaudador no constató con otras áreas estatales la dirección real de la propietaria del lote. Por caso, la Municipalidad de Bariloche remitía las facturas por la Tasa por Servicios al domicilio real de Garibladi.

* Con el aval del juez Civil Carlos Cuellar, Martínez puso en marcha el proceso de salida a subasta, y fue su suegro, el martillero público Agustín Luis Tello quien -en junio de 2013- adquirió el terreno, en 305 mil pesos. 280 mil pesos fueron aportado por la madre de Martínez, María Cristina Medus Rosenbrock.

* La relación entre Tello y Martínez es más que clara. Por si faltaba un dato, para la operación de compra en la subasta, el martillero dio como domicilio la calle Gallardo 477, correspondiente al estudio de contadora de su hija Mariela, la esposa del Delegado de Rentas.

* A partir de un anónimo -se sospecha de un empleado de Rentas que conoció la turbiedad del proceso-, la propietaria original del lote realizó la denuncia, y logró que en el ámbito de la Justicia Civil, toda la operatoria fuera detenida.

* El juez Bernardo Campana, que entendía en la causa penal por la denuncia de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, se excusó tibiamente para intervenir en el expediente, a pesar de que mantiene una relación personal, y a través de terceros con el imputado. El Juez Ricardo Calcagno rechazó la excusación, argumentando que “el compartir cumpleaños y reuniones donde estuviera presente el imputado no pueden configurar de modo alguno un motivo de decoro y delicadeza”, según lo estipulado por el Código Procesal Penal.

* En diciembre de ese mismo año, Martínez fue sobreseído, y esa decisión fue apelada tardíamente ante el Tribunal de Impugnación. Llamativamente, tanto el fiscal como la querella presentaron dicha apelación fuera de término.

* Ahora, el STJ cerró el caso basándose en la extemporaneidad del planteo del Fiscal Lista y el abogado Ochoa.

La impunidad se consolidó.