Concejo frena Juicio de Responsabilidad a Barberis

El expediente está frenado desde que el jefe de Gabinete de Gennuso recusó a la entonces presidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace, quien investigaba la contratación de una empresa de seguridad para la Fiesta de la Nieve en 2017. El Deliberante debe resolver si da o no curso a la recusación. Los plazos están excedidos, pero el trámite duerme en un cajón.

06/04/2019
Bariloche

Marcos Barberis (foto archivo José Luis zamora)

En 2017 la firma “Aguirre Natalia Alejandra” estaba vinculada a un funcionario del gobierno cuando fue contratada para prestar servicios durante la 47° edición de la Fiesta de la Nieve. La irregularidad, denunciada por En Estos Días, sumada al hecho de que la empresa aún no estaba inscripta ante la AFIP, y de que resultó beneficiada con una contratación directa por encima de los montos autorizados, llamó la atención del Tribunal de Contralor, que internamente recomendó avanzar con un juicio por Responsabilidad a Marcos Barberis, por aquel entonces a cargo de la secretaría de Turismo.

En agosto de año pasado este medio denunció que la firma “Aguirre Natalia Alejandra” era propiedad de Natalia Alejandra Aguirre, pareja del subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Juan Pablo Ferrari. La “empresa” tenía el mismo domicilio en la calle Don Bosco del Barrio Lera, que el propio Ferrari declaró en su legajo al asumir la función pública.

Juan Pablo ferrari

Es decir que Ferrari, funcionario de Gustavo Gennuso, creó una empresa para facturarle sus servicios al propio Gobierno que integraba.

 

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El hoy Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, se desempeñaba como secretario de Turismo cuando decidió contratar en forma directa a “Aguirre Natalia Alejandra” para que se ocupe de la Seguridad de la Fiesta de la Nieve 2017, la Fiesta de la Tradición y el evento Bariloche a la Carta por montos superiores a los 500 mil pesos.

La investigación de En Estos Días reveló además que los pagos librados por Gustavo Gennuso y Marcos Barberis fueron fraccionados para eludir el límite que impone la normativa para una contratación directa, y evitar así la compulsa pública de precios.

Pruebas de un posible direccionamiento de la contratación no faltan. En 2017, cuando a “Aguirre Natalia Alejandra” le contrataron sus servicios de Seguridad para aquella edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, la firma aún no había sido conformada ante la AFIP.

La evidencia resultó tan abrumadora, que ni siquiera la mayoría de miembros oficialistas que integran el Tribunal de Contralor bastó para disimular la torpeza administrativa y evitar la investigación.

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Entre otras irregularidades la pesquisa del Inspector Sumariante del Tribunal detectó la contratación de una empresa fantasma; el pago por los servicios realizados; el posible vínculo de la firma con un funcionario; y un dato inesperado: la misteriosa desaparición de las actas de la Comisión de Festejos -que presidía el propio Marcos Barberis- correspondientes a las fechas investigadas, hecho que el entonces secretario de Turismo jamás denunció.

Julieta Wallace

En diciembre pasado y tras un cruce de cartas documento con Julieta Wallace, una vez conocida la recomendación de iniciar un juicio por Responsabilidad contra el jefe de Gabinete, Marcos Barberis recusó a la presidenta del Tribunal aduciendo que la publicidad del caso había afectado su “honorabilidad y probidad personal”.

Era la señal que esperaban los representantes de Juntos Somos Bariloche en el Contralor, Damián Fuentes y Maia Thiek, quienes ya habiendo postergando todo lo posible la investigación, aceptaron velozmente el planteo de Barberis y apartaron a Wallace del expediente. Fue el inicio del camino a la impunidad.

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El artículo 38 de la Carta Orgánica Municipal, inciso 9, fija deberes y atribuciones del Concejo Municipal. Entre ellas: “Someter a cualquiera de sus miembros, al Intendente Municipal, al Defensor del Pueblo o a los miembros del Tribunal de Contralor, a Revocatoria de Mandato con el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros”. Vale decir, que es el órgano natural que debe dirimir sobre la recusación planteada por el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, contra Julieta Wallace.
Este artículo, es reglamentado por la Ordenanza 1754 de 2007, que impone en el artículo 51 que el Concejo Municipal “deberá expedirse en un plazo improrrogable de 10 días”.

En tanto no se resuelva la recusación planteada por Barberis, el Contralor evitará ocuparse de la cuestión de fondo sobre la contratación de la empresa vinculada a Ferrari y la responsabilidad de Barberis.

Durante meses -el caso Gennuso, Barberis, Ferrari y esta empresa de Seguridad “fantasma” es de agosto del año pasado-, primero el Tribunal de Contralor y ahora el Deliberante, se han dado a la tarea de tejer una telaraña burocrática que impide definir sobre la recusación planteada contra Wallace (basada en presuntas declaraciones que la abogada nunca formuló), y con eso frenar el avance del juicio contra Barberis que bien puede terminar su derrotero en la Justicia Penal.

Pedido del Contralor al Concejo para que se expida

El Concejo deja correr el tiempo sin pronunciarse -está claro que no lo hará en tanto Juntos Somos Bariloche y el PRO mantengan la mayoría de las bancas-. El lunes 1 de abril se cumplieron los plazos. Pero más allá de las interpretaciones normativas - difieren en la fecha a partir de la cual deben contarse los 10 días hábiles para resolver- la maniobra es evidente: en lo que va de 2019, la Comisión Legislativa del Concejo, que se reúne todos los miércoles, no ha tratado el caso.