Más personas con discapacidad podrían perder su pensión

La concejal del FpV, Ana Marks, advirtió que los beneficiarios están recibiendo Cartas Documento reclamando la presentación de un certificado médico digital, pese a que la exigencia sólo está prevista para nuevas tramitaciones. Preocupación en el Consejo Local de Personas con Discapacidad.

15/04/2019
Bariloche

 

El Gobierno Nacional continúa burocratizando el acceso y la continuidad de las pensiones por discapacidad. El 1 de febrero, a través de la resolución 39/2019 de la Agencia Nacional de Discapacidad, se determinó que toda pensión no contributiva que se inicie a partir de su publicación deberá contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, perdiendo validez los certificados en papel.

A pesar de estar circunscripto a nuevas tramitaciones,  “se está citando vía carta documento a personas con discapacidad que ya cuentan con la pensión no contributiva, a presentarse en un plazo de 60 días para renovar su certificado original, caso contrario se resuelve la suspensión del beneficio”, alertó la concejal.

La preocupación llegó al Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, que en su última sesión del 12 marzo planteó la situación al responsable de ANSES Bariloche, Santiago Palmeyro. Entienden que la burocratización de los trámites y la exigencia de documentación ya presentada, atenta contra el acceso a un derecho consagrado por las convenciones internacionales.

Las citaciones y tramitaciones superpuestas implican, particularmente para el colectivo de personas con discapacidad, un escollo importante, por lo que “muchas personas podrían perder su pensión”, alertó Marks en una comunicación que presentó en el Concejo Municipal.

Los antecedentes inmediatos, fortalecen su preocupante pronóstico: en 2017, el Gobierno Nacional dio de baja 170 mil pensiones no contributivas por invalidez. “Pese a las duras críticas recibidas de distintos sectores políticos y sociales y particularmente de las organizaciones de personas con discapacidad, que denunciaron cómo esta decisión sometía a una situación de extrema vulneración a las personas afectadas, el hecho debió judicializarse”, recordó.

 

Concejal Ana Marks

 

El fallo de la jueza Adriana Cammarata le exigió al gobierno de Mauricio Macri, restituir todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido dadas de baja. No obstante, el gobierno apeló el fallo y otorgó 10 días a los ex beneficiarios para presentarse ante ANSES a ratificar que cumplían con una extensa lista de requisitos.

“Estos requerimientos se basaban en el decreto 432 de 1997 que no toma en cuenta la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina suscribió en 2008, en particular al artículo 28º que en sus incisos determina la obligación de los Estados Parte a garantizar un nivel de vida adecuado y protección social para las personas con discapacidad”, cuestionó la concejal.

Estas maniobras, para Marks, representan “un atajo para burlar el fallo”, aprovechándose “de la dificultad concreta del acceso a la justicia” de las personas con discapacidad, ya que se enfrentan cotidianamente a barreras sociales, culturales, económicas o geográficas “que, saben, dificultará la tarea de presentar su descargo y por ende muchas personas perderán su pensión”.

La Comunicación que la edil presentó en el Concejo está dirigida a las autoridades nacionales para requerir a la Agencia Nacional de Discapacidad que se abstenga de generar cualquier normativa o resolución que incumpla con los lineamientos de la convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.

También exige que no avance con notificaciones para actualización del Certificado Médico Oficial (CMO) a aquellas personas con discapacidad que ya sean beneficiarias de la pensión no contributiva por invalidez.

Eliminar las pensiones por invalidez laboral, “es una enorme regresividad de derechos, ya que deja sin la protección del Estado a un grupo social que requiere de este apoyo para la garantía de su vida y autonomía”, lamentó.

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