Avanza en la Justicia denuncia Penal por "abuso de autoridad" contra Gennuso

El Fiscal Guillermo Lista remitió un Oficio al Gobierno municipal solicitando documentación para determinar si hubo "abuso de autoridad" en las millonarias contrataciones directas realizadas por el Intendente. La denuncia fue presentada a fines de enero por Julieta Wallace, Vocal del Tribunal de Contralor.

24/04/2019
Bariloche

Intendente municipal, Gustavo Gennuso (Fotografía Alejandra Bartoliche)

 

Las contrataciones directas por montos que exceden largamente  los topes establecidos por la normativa municipal, son una constante en la gestión de Gustavo Gennuso, que ya había sido advertido en sucesivas oportunidades por el Tribunal de Contralor, para que se ajuste a la norma contable.

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Oficio remitido por la Fiscalía 

 

La omisión de los actos administrativos correspondientes –que buscan la compulsa transparente de precios entre proveedores de bienes y servicios-, derivó en una denuncia Penal de la vocal del órgano, Julieta Wallace, para que se investigue al Intendente por “abuso de autoridad”.

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Concretamente, se cuestionan cuatro resoluciones asignando 18,3 millones de pesos del Plan Castello a través de contrataciones directas, además del pago a una empresa de Buenos Aires para el manejo de la comunicación institucional vía llamados y mensajes a los celulares, por casi 3 millones de pesos.

“Se evitó de manera deliberada, infundada y con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta la realización del segundo llamado que corresponde al proceso licitatorio”, denunció Wallace en la Fiscalía el 29 de enero último, cuestionando que el jefe comunal  no está “habilitado a dictar resoluciones contrarias a las leyes locales”.

 

Julieta Wallace, Vocal del Tribunal de Contralor

 

Este 15 de abril, el Fiscal Guillermo Lista, a cargo de la investigación, libró un Oficio para que el Tribunal de Contralor le remita copia de los dictámenes de resoluciones y documentación vinculadas con las actuaciones denunciadas, en el marco del expediente que caratuló “Wallace Julieta contra Gennuso Gustavo sobre abuso de autoridad”. 

La requisitoria fue enviada además por la Fiscalía al Departamento de Compras y Suministros, Asesoría Letrada y la Dirección de Despacho Legal y Técnica del Ejecutivo Municipal.

Allí, Lista recordó que es obligación del Tribunal remitir a la autoridad judicial competente el dictamen de un hecho que pudiese ser ilícito. “Si no lo hiciera incurrirá en incumplimiento de los deberes de funcionario público”, advierte el art.59 de la Carta Orgánica. 

También el legislador Alejandro Ramos Mejía presentó una denuncia por la misma causa ante la Fiscalía, solicitando una investigación por los posibles delitos de “abuso de autoridad” y “defraudación”.

Con un Tribunal actualmente copado por una mayoría oficialista que congeló su rol fiscalizador (no emitió ninguna Resolución o sentencia sobre los expedientes en trámite durante los últimos tres meses), será la Justicia la que deberá expedirse sobre la legalidad o ilegalidad en el manejo que efectuó el Gobierno municipal de esos cuantiosos recursos públicos.

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