Sin verdad no hay justicia

El joven viedmense Atahualpa Martínez Vinaya fue asesinado en 2008 a la salida de un local bailable. Su cuerpo apareció tirado junto a un camino vecinal, en las inmediaciones de una planta eléctrica. Hubo dos juicios en la causa -plena de irregularidades- que no alcanzaron para esclarecer lo ocurrido. Estas son las 10 claves de un proceso sin condenas.

25/04/2019
Viedma
Carolina González

 

 

“No voy a convalidar esta farsa”, advirtió Julieta Vinaya, madre de Atahualpa, a las puertas del tribunal el 23 de octubre de 2014, cuando se desarrollaba el primer juicio por la muerte de su hijo. Sabía Julieta que los tres acusados que, luego ese mismo día serían absueltos, no eran los asesinos.

Sabía de las muchas irregularidades de la investigación policial y judicial, y de las complicidades que llevaron a sostener impune el asesinato del joven por más de una década.

Durante el segundo debate oral y público, se indagó en esa trama de complicidades, pero una vez más la familia y la comunidad se quedaron sin respuestas sobre lo que ocurrió la  madrugada del 15 de junio de 2008: quién mató a Atahualpa, por qué, dónde. Con qué arma, y cómo se fue del boliche Mi Loka sin dejar rastros.

La querella lo entendió así, y así lo entendieron los jueces del Tribunal, Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde; lo entendieron los integrantes de la defensa de los tres acusados, Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos. El único que vio otro debate fue el fiscal Hernán Trejo, para quien la responsabilidad del homicidio recaía sobre los dos primeros imputados y por ello solicitó la pena de 17 años de prisión.

 

 

Tras un tortuoso recorrido procesal que incluyó siete audiencias y alegatos, y que culminó esta semana con la absolución de los imputados, estas son las 10 claves centrales del caso:

1- Una campera con manchas de sangre de Atahualpa fue encontrada en la casa de uno de los imputados, en un allanamiento en 2008. La campera no fue peritada en su totalidad al inicio de la investigación. Se demoró años en pedir el cotejo de ADN de los acusados. Una década después se volvió a realizar el estudio, que no arrojó prueba contundente sobre la identidad del aportante del segundo rastro genético presente. Así lo confirmaron peritos externos y del propio Poder Judicial.

2- Esa campera, que permaneció durante años en custodia de la fiscal a cargo de la Instrucción, Daniela Zágari, y que figuraba en un allanamiento irregular (razón principal por la cual el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anularon el primer juicio) no era prueba conocida por el jefe policial a cargo de la investigación ni por los demás policías que participaron del allanamiento.

 

 

3- La única persona que aseguró haber visto a los tres imputados en el boliche Miloka, último lugar  donde estuvo Atahualpa la noche de su desaparición, fue el Policía Diego Hernández, para quien el Tribunal pidió abrir una investigación por posible falso testimonio.

4- El tiempo transcurrido les jugó en contra a la mayoría de los testigos. Muchos olvidaron lo que vieron u oyeron hace diez años. Pero además, otros tantos, se contradijeron de manera evidente, se desdijeron de lo aportado en la etapa de instrucción o dudaron al responder. La situación derivó en el pedido de investigaciones por falso testimonio de por lo menos tres de los testigos y la detención de uno de ellos.

5- El nombre de Leo Mildenberger reapareció en el segundo juicio en reiteradas oportunidades. Pero particularmente, el ex comisario Alfredo Omar Sosa, quien llevó adelante la investigación del caso  -luego desplazado y retirado de la Fuerza- aseguró que a su criterio fue el conocido vecino de la comarca, vinculado al tráfico de drogas, quien cometió el crimen, y que el disparo no era para el joven, sino que este estuvo “en el lugar equivocado”.

6- El ex comisario Sosa había manifestado lo mismo en 2014, cuando se realizó el primer juicio, pero el Poder Judicial no lo tomó en cuenta. Ahora la familia de Atahualpa pide avanzar con esa hipótesis.

7- El Tribunal, pidió iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de Mildenberger, retomando una vía investigativa originada hace más de una década, y que nadie puede explicar por qué fue abandonada.

 

 

8- La información filtrada por efectivos policiales, fue moneda corriente. Por caso, el policía en actividad Hernán Toloy, aseguró que era “cercano a Mildenberger”; que lo conoció cuando lo allanó como parte de un operativo de la sección Toxicomanía de la policía rionegrina. Que se frecuentaban y que en alguna oportunidad, cuando la investigación estaba en pleno desarrollo, habló con un posible implicado sobre el caso.

9- Los indicios sobre la participación directa de los imputados fueron vagos, particularmente los que relacionaban a Belén Fernández Barrientos con la causa. No obstante haber insistido desde el principio con que no conocía a Atahualpa Martínez, y con que lo había visto una sola vez en su vida, Fernández Barrientos pasó más de una década defendiéndose de acusaciones judiciales y sociales falsas. Incluso cumplió prisión durante dos años.  

 

 

10- Sin verdad no hay justicia. La familia y la comunidad piden conocer qué ocurrió con Atahualpa. Por eso la querella no acompañó la acusación del fiscal “No buscamos venganza sino justicia”. “Ninguno de los tres imputados fue el asesino”. “Vinimos a este juicio a sostener la lucha, no a acusar por el simple hecho de acusar”, dijo Julia Mosquera, abogada de la familia Martínez Vinaya durante los alegatos. Aún falta la verdad y hasta entonces, no habrá justicia para Atahualpa.