El STJ puso límites a la entrega del Catedral

Por mayoría, el máximo órgano judicial de Río Negro rechazó la apelación presentada por la Municipalidad de Bariloche y dejó vigente la cautelar que frenó el acuerdo CAPSA-Gennuso. El Intendente y la empresa pretendían extender, sin licitación, el contrato hasta 2056. El cuidado medioambiental, clave del voto rector de los jueces.

20/05/2019
Bariloche

 

El Superior tribunal de Justicia (STJ) emitió este lunes el fallo que rechaza la apelación presentada por la Municipalidad de Bariloche a una sentencia de la Cámara Civil de Bariloche, y de esa forma ratifica la vigencia de la medida cautelar que impide la firma del acuerdo entre el Intendente Gustavo Gennuso y la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA).

Ese convenio -ratificado por la mayoría oficialista en el Concejo- preveía extender la vigencia del contrato de CAPSA hasta 2056, eludiendo el proceso licitatorio, y admitía la oferta de inversión de 22 millones de dólares por parte de la empresa. A la vez le habilitaba al privado a realizar un millonario negocio inmobiliario en la base del cerro Catedral.

La firma del Acta de Intención entre Gennuso y la empresa, así como su posterior análisis en el Concejo Municipal disparó un masivo rechazo de vecinos, quienes reunieron más de cinco mil firmas pidiendo que el tema sea sometido a una consulta popular, y a la vez la presentación de una medida cautelar ante la Justicia por parte del legislador del Frente para la Victoria (FPV), Alejandro Ramos Mejía.

La Cámara Civil de Bariloche admitió ese planteo -con duras críticas al jefe comunal-, pero su resolución fue apelada por el Ejecutivo municipal, bajo el argumento de que se violó el procedimiento; que no se tuvo en cuenta lo aprobado posteriormente por el Concejo Municipal -con lo cual el acuerdo devendría abstracto-; y que la legitimación del legislador “vulneraba la división de poderes al inmiscuirse en decisiones de carácter político, analizando incluso cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, vedadas al control judicial”.

Además, Gennuso -a través de su Asesora Letrada, Natacha Vázquez-, aseguró que “no existe riesgo ambiental alguno toda vez que, presentado el plan de desarrollo por parte de la firma concesionaria, deberá dar cumplimiento a los procedimientos de estudio de impacto ambiental”.

Pero el Superior Tribunal de Justicia lo analizó de otra manera: cuestionó los pasos administrativos y advirtió sobre el riesgo ambiental que supone la falta de un Estudio de Impacto serio, al tiempo que cargó contra la fragilidad de la ordenanza municipal vigente en la materia.

Una mayoría de tres votos del máximo órgano judicial -constituida por Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui, y Sergio Barotto- rechazaron el planteo del Municipio; mientras que Ricardo Apcarián -en sintonía con su mirada general en relación a las cautelares-, planteó cuestiones formales respecto al procedimiento de adopción de la decisión por parte de la Cámara Civil, y el no agotamiento de la vía administrativa en el propio Municipio.

Finalmente, la subrogante Sandra Filipuzzi, se abstuvo de pronunciarse.

El voto rector del fallo correspondió a Piccinini, quien interpretó que la norma local vigente “habilita, pero no impone, la posibilidad de una revocatoria dentro de los canales administrativos municipales”, y por tanto, interpretó que la vía judicial era pertinente para el planteo.

El STJ desetimó que la aprobación del proyecto por parte del Concejo tornara “abstracto” el planteo contra el Acta de Intención promovida por Gennuso y CAPSA, ya que “la Ordenanza Municipal no hace más que reafirmar la primera intención del Intendente, autorizándolo a llevar adelante, con algunos matices, la modificación de la concesión”, es decir extender el contrato por 38 años sin licitación.

Si bien la Ordenanza “introdujo algunos cambios en las condiciones de contratación originalmente pactadas en el Acta de Intención, tampoco puede dejarse de advertir que, en lo que hace a lo medular del objeto de la cautelar que se intenta -daño ambiental- la Ordenanza no ha incorporado modificaciones substanciales”.

El punto de la protección ambiental es clave en el voto de Piccinini -respaldado por Zaratiegui y Barotto-.

Para la Jueza la Ordenanza “solo ha señalado, en esta materia, algunos recaudos no muy precisos y establecido la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en cumplimiento de la Ordenanza Nº 217-CM-89; soslayando por completo el procedimiento obligatorio de la Ley (Provincial) Nº 3266”.

“Ello no es una cuestión intrascendente -señaló el STJ-, pues el Estudio de Impacto Ambiental dispuesto en la norma municipal dista mucho de la prevista en la provincial, desde que en aquella no se contempla una etapa fundamental que garantiza el recto ejercicio de los derechos de aquellos que se puedan sentir afectados -audiencia pública-; que sí expresamente se halla regulada” en la ley provincial.

Alejandro Ramos Mejía

Para una futura instancia dejó el Superior Tribunal resolver la cuestión de la legitimiación de Ramos Mejía como impulsor de la medida.

Precisamente el legislador dijo a En estos días estar “sorprendido” y “muy satisfecho” con el fallo, ya que “se trata de una inmejorable oportunidad para reiniciar un proceso de amplio debate respecto del futuro del Cerro Catedral, propiciando la modernización pero también fuentes de trabajo y de ingresos para todos los barilochenses”, dijo.

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