Una comisaría, más de 50 causas por violencia institucional

En los últimos cuatro meses se iniciaron medio centenar de expedientes contra el personal de la Comisaría 42 de Bariloche. Organizaciones sociales reclaman acción judicial y política para evitar que los jóvenes sigan siendo víctimas de apremios.

23/05/2019
Bariloche

Comisaría 42

La Comisaría 42 del barrio 2 de Abril de Bariloche suma 50 denuncias por hechos de violencia institucional, sólo en los primeros cuatro meses del año. Así se desprende de una información brindada por el Fiscal Guillermo Lista, titular de la Unidad Especializada en Violencia Institucional ante diversas organizaciones sociales que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Convocado por el Consejo de Infancia de Bariloche, el Comité Municipal contra la Tortura y las organizaciones del Movimiento de Infancia, el Fiscal admitió que la Comisaría 42 encabeza el triste listado de unidades policiales donde se violan los derechos humanos.

“Yo sé que hay un problema que está instalado hoy y que todavía no se puede combatir”, admitió el funcionario, según difundió el Movimiento de Infancia, al término del encuentro.

Para Lista “es un fenómeno que en vez de disminuir va creciendo. Lo mas curioso es que en otras comisarías de la ciudad, salvo la 42, han bajado muchísimo, al menos en cantidad de expedientes y sumarios que a nosotros nos llegan de las denuncias. Comparativamente la 42 es la que lleva el primer puesto y lejos todas las otras”, detalló.

Las mas de 50 denuncias fueron recabadas desde el inicio de este año y se encuentran en proceso judicial. En muchas de ellas se repiten los nombres de los agentes, e iguales formas de procedimiento. Por ese motivo los referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los hechos como “una forma sistemática que se repite en la misma comisaría hace ya varios años”, y que pese a las continuas denuncias y reuniones con los responsables policiales, no se logra revertir la problemática.

“El asunto es de índole y decisión política del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, plantearon las organizaciones, tras varios pedidos formales el ministro de Seguridad Gastón Pérez Esteban, quien esquivó reunirse por este tema.

Para llegar a estos procesos judiciales que hoy avanzan en la Unidad Especializada, las denuncias pasaron por un primer “filtro” que realiza la Fiscalía general. Aquellas denuncias que son consideradas, se derivan a la Unidad Especializada “donde comienzan a investigarse y donde deberían terminar con formulación de cargos contra los agentes que cometieron los ilícitos”, indicaron.

“La misma Fiscalía actúa también en los casos donde las fuerzas de seguridad denuncian a sujetos por resistencia a la autoridad o desacato, aunque esas causas escritas y elevadas por el personal policial suelen ser la forma en que la Policía se cubre, o disfraza de enfrentamiento a las denuncias por apremios ilegales”.

 

La concejal del FpV, Ana Marks, planteó que existe “responsabilidad política para que esto no suceda mas”, y pidió al Fiscal “llegar a condenas que sean ejemplares para que esto no suceda mas”. Marks es representante del Consejo de infancia por el Concejo Deliberante e impulsora del Comité contra la Tortura de Bariloche.

“Es un dato alarmante esto que estamos hablando hoy. Si esos casos descienden a la mitad o a la tercera parte, ya por lo menos diríamos que esto se va revertiendo”, evaluó Lista ante los referentes de las organizaciones.

El Fiscal informó que el comisario Luis Hawrylak dejará la conducción de la Comisaría 42, aunque lo hará “por asuntos personales” y no por el acciones de sus denunciados subordinados.

Las organizaciones consultaron a Lista porqué no englobar las causas o avanzar sobre las responsabilidades políticas de la Policía y Seguridad. El Fiscal respondió que la acción penal “direccionada sobre los responsables individuales. El derecho penal va sobre un responsable”, indicó.

En ese contexto, se reclamó “una condena ejemplar como posible solución a esta problemática”.

En diciembre del año pasado y tras el trágico hecho que concluyó con la pérdida de un ojo de un adolescente a manos de personal de esa comisaría, las organizaciones presentaron un Hábeas Corpus Preventivo Colectivo para detener otros ataques policiales similares. El recurso fue desestimado por la Jueza Romina Martini por considerar que no eran suficientes los testimonios recabados por las organizaciones sociales y de derechos humanos.

“Es compleja la situación y hace tiempo que la denunciamos. Y anunciamos que puede ser peor: esto ya se llevó vidas, chicos lastimados, mujeres sin ojos, cosas muy serias. Por eso se nos ocurre que sentencias ejemplificadoras pueden parar con estas prácticas”, planteó finalmente Luis Fernández, referente del Grupo Encuentro.

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