Las claves del nuevo proyecto de aborto legal, seguro y gratuito

Esta semana volverá a presentarse la iniciativa que prevé la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación; elimina el registro de objetores de conciencia y agrava las penas para quienes se nieguen a brindar atención médica y sanitaria.

26/05/2019
Nacional
 

 

Este martes, con la movilización que caracteriza a cada acto feminista, se presentará en el Congreso Nacional -por octava vez consecutiva- el proyecto para lograr que Argentina deje de penalizar a quienes deciden interrumpir un embarazo y para que, en cambio, el Estado le garantice la salud y seguridad.

Gran parte de las modificaciones que tuvo el proyecto que fue rechazado en Senadores el año pasado y que fue elaborado nuevamente por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (al que adhieren un sinfín de agrupaciones sociales) tienen una relación directa con la discusión judicial que se dio una semana atrás en la ciudad de Cipolletti, cuando el médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue condenado por impedir un aborto legal a una joven que había sido violada. 

Rodríguez Lastra fue encontrado culpable del delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público al anteponer una práctica médica hegemónica sobre los derechos de la joven, a la que ni siquiera le brindó información sobre su situación y sus derechos.

La resolución del juez Alvaro Maynet, que despertó la indignación de los grupos religiosos y conservadores de todo el país, también fue tomado como un avance por quienes militan por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Ese mismo tópico será sin dudas el que vuelva a enfrentar a senadores y diputados cuando tengan que debatir la iniciativa en Cámara.

Rodríguez Lastra

Sin registro de objetores de conciencia, el nuevo proyecto para la despenalización del aborto plantea un estado de situación ideal, con la responsabilidad legal y médica por sobre la moral y  la religión; con penas agravadas para quienes se nieguen a realizar un aborto y con la responsabilidad absoluta de los centros de salud públicos y privados de garantizar el aborto a quien lo requiera.

Además el proyecto prevé que la interrupción del embarazo sin causales, por sola elección, se deberá hacer hasta la semana 14 de gestación y no hasta la semana 12 como se planteó en las iniciativas anteriores.

 

Acompañamiento

 

Las organizaciones feministas, sociales y sindicales de mujeres de la Comarca Viedma - Patagones dieron forma al “Frente Verde”, espacio para la militancia de, entre otros temas, la aprobación de una Ley de Interrupción Legal del Embarazo.

Sus integrantes analizaron el proyecto que se presentará este martes y decidieron acompañar la iniciativa con una pañuelazo y con una movilización el próximo 3 de junio.

 

Ailén García Osorio de Mujeres Organizadas afirmó que “tiene fe” en que este año se apruebe el proyecto porque “el cambio se ve en las calles. Vemos que hay mucha más participación y compromiso por parte de los vecinos. Las personas están dejando atrás ese mito de que las mujeres se embarazan porque luego pueden abortar. El proyecto habla de personas gestantes que tiene una mirada mucho más amplia e inclusiva sobre nuestras propias decisiones”, explicó.

Entendió que “en el cambio social y cultural está la fuerza para que el proyecto salga”

Además cree que, en relación con lo que sucedió el año pasado, “esta vez estamos viendo una transformación intergeneracional, hombres y mujeres grandes, que ya no están en condiciones de gestar, que se acercan, que acompañan las marchas”. 

En Estos Días: ¿No creés que el proyecto se encontrará con la primer traba jurídica al no permitir la objeción de conciencia?.

Ailén García Osorio: El nuevo proyecto dice que los médicos no pueden ser objetores de conciencia, porque va a ser el derecho de todas las personas gestantes el que deba primar; ellos tienen la obligación de atender, de brindar información, de derivar.

Para la militante feminista “el proyecto marca un estado de situación ideal, lo han trabajado mucho, particularmente las Socorristas en Red (agrupaciones que acompañan a personas en situación de aborto), y le damos validez a que hayan analizado y decidido incorporar esta modificación. Además es destacable la responsabilidad impuesta hacia los centros de salud de realizar capacitaciones. Porque los trabajadores de la salud tienen que estar informados, no pueden dar opiniones sesgadas por imposiciones morales.

En ese sentido, interpretó que “los profesionales van a estar obligados a capacitase, a informarse”.

Otro de los puntos -reiterado- del proyecto es la implementación obligatoria de un programa de Educación Sexual Integral como materia en las escuelas, que si bien existe por Ley, su aplicación no se cumple en todo el país.

En definitiva, el proyecto es la traducción legal de la consigna repetida por quienes bregan porque el aborto deje de ser un delito en Argentina: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro y gratuito para no morir”.

 

Los  artículos más relevantes del proyecto

 

Las estadísticas que se dieron a conocer el año pasado sobre estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación y que luego fueron tomados por Amnistía Internacional determinan que en la Argentina se practican alrededor de 500 mil abortos -entre legales e ilegales- por año. Una mujer muere por día por prácticas clandestinas.

El dato sin embargo está desactualizado, ya que se realizó en base a información estadística de 2005.

El nuevo proyecto de aborto legal, seguro y gratuito propone:

Artículo 1: Interrupción voluntaria del embarazo. En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional.

Artículo 5: Plazos y condiciones.
a) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento.
b) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo sea realizada o supervisada por un/a profesional o personal de salud.
c) Si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.

Artículo 6: Acceso a la información. En la primera consulta el/la profesional o personal de salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica y los riesgos de su postergación. La información provista debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona.

Artículo 9: Niñez y adolescencia:
a) Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de trece (13) años de edad, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En este supuesto, no se deberá requerir autorización judicial alguna.

b) Si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre trece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. c) La persona mayor de 16 años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley.

Artículo 12: Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral.El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Artículo 13: Sustitúyase el artículo 85 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: Quien causare un aborto será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los/las profesionales o personal de salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Artículo 14: Incorpórese como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma: Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Artículo 17: Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: La mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada.

El proyecto completo se puede ver en : http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/