Para la Justicia no hubo delito en la escandalosa obra de calle Mitre

El Fiscal Guillermo Lista desestimó la denuncia. Admitió un “evidente perjuicio económico”, pero lo atribuyó a “una serie ininterrumpida de impericias y negligencias”. Costará más del doble del presupuesto original y lleva más de mil días de retraso.

12/07/2019
Bariloche

 

La construcción de la arteria principal de la ciudad comenzó el 4 de enero del año 2016. Los trabajos estaban a cargo de Planobra S.A, por 60 millones de pesos. La empresa no sólo demoró más de lo acordado, sino que también abandonó intempestivamente las inconclusas tareas, dejando deudas con trabajadores y proveedores.

Con la apertura al tránsito, pronto comenzaron a observarse graves defectos estructurales, como hundimientos, pozos y rotura de baldosas, por lo que Ramos Mejía requirió que la justicia investigue la posible comisión de delitos en la ejecución y fiscalización de la obra.

Este miércoles, el Fiscal Guillermo Lista desestimó la existencia de delito: “La falla de la obra fue una muy mala ejecución del asiento de los adoquines, lo que me permite concluir que UPCEFE falló al confeccionar un pliego de bases y condiciones defectuoso e incompleto, Planobra S.A. incumplió con la confección de un proyecto ejecutivo acorde a la envergadura de la obra y ejecutó de modo incorrecto los trabajos sobre la calzada”, determinó.

Para el Fiscal, “la mala ejecución de la obra fue producto de una serie ininterrumpida de negligencias e impericias que desde mi punto de vista no recaen en una única entidad o persona: hubo deficiencias del pliego, incumplimiento en la confección del proyecto ejecutivo, ejecución incorrecta de los trabajos y falta de fiscalización adecuada”.

 

Luego, identificó: “Hubo impericia del contratista en la ejecución y negligencia al no contemplar lo relativo a ingeniería vial en un proyecto ejecutivo”, atribuyendo a "Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T" (empresa contratada por la UPCEFE para llevar a la Dirección e Inspección Técnica de la Obra) haber incurrido “en una grave irresponsabilidad al permitir que se llevara a cabo esa parte de la obra (en referencia al adoquinado) de vital importancia sin un proyecto ejecutivo y al no hacerle saber a UPCEFE de su importancia para una correcta ejecución de los trabajos”.

En base a informes técnicos contables (de Gastón Andrés Lehner) e ingenieril (Carlos Mario Lezcano y Julio César Risso), concluyó que los daños que se produjeron en la obra son notorios, que “los pagos se condicen razonablemente con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones”, que se utilizaron los materiales especificados en el contrato y que “los daños que se produjeron se debieron a errores técnicos en su ejecución debido a un diseño erróneo e incompleto, en razón de la ausencia de un proyecto ejecutivo que determine pautas constructivas precisas en lo relativo a ingeniería vial”.

Observó “serias deficiencias en conceptos técnicos y en la organización de la redacción, y que presenta contradicciones en las especificaciones de aspectos constructivos, lo que trajo aparejado que la obra tuviera importantes déficit”.

Al argumentar la inexistencia de delito, reiteró que el motivo principal de los errores en la ejecución de la obra, se debió a la ausencia de un proyecto ejecutivo “cuya confección estaba a cargo de la empresa contratista y no de un funcionario del gobierno”. Añadió que la deficiente fiscalización también estaba tercerizada, por lo que no existió dolo directo que configure un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Descartó, además, que existiera malversación de caudales públicos, “toda vez que para que ello ocurra, un funcionario público debe dar a los caudales que administre una aplicación diferente a la que estuvieren destinados”, o fraude en perjuicio de la Administración Pública. “Si bien es innegable que existió un evidente perjuicio económico, ello se debió, a una serie de impericias y negligencias”, por lo que “los hechos investigados no constituyen delitos enmarcados en el Código Penal”, sentenció.

Conocido el desistimiento de su denuncia, Ramos Mejía cuestionó en duros término la decisión de Guillermo Lista. En diálogo con En estos días dijo que “es el reflejo de una justicia que no quiere determinar responsabilidades del poder político. Un Fiscal que no se anima a tomar las medidas que tiene que tomar para saber si se cometió una irregularidad”.

Ramos Mejía realizó la denuncia

La obra, se adjudicó por 60 millones, pero a Planobra se le pagaron 73 millones antes de abandonarla. Insersan S.A, firmó un contrato de 56,2 millones de pesos para culminarla. La refuncionalización que debía concretarse en 270 días, ya lleva 1.284, y costará más del doble del presupuesto original.