Primera declaración judicial de genocidio abre perspectivas de reparación

El fallo sobre la Masacre de Rincón Bomba ilumina una posible revisión sobre los alcances del genocidio y despojo a los mapuche en la Patagonia. Similitudes y perspectivas, en el largo camino por la Justicia.

14/07/2019
Adrián Moyano

 

Cuando la pantalla quedó a oscuras y se encendieron las luces de la sala, los 30 o 40 espectadores prolongaron el silencio hasta incomodidades indecibles. Habíamos proyectado “Octubre pilagá” en un auditorio que ya no existe, con efectos devastadores. El debate que estaba previsto a posteriori demoró en arrancar pero finalmente se puso en marcha con angustia, estupor, sorpresa e inclusive, incredulidad. ¿En 1947? ¿En el gobierno de Perón?

La película de Valeria Mapelman años después se hizo libro. Sus investigaciones fueron claves en el fallo con que la Justicia Federal de Formosa acaba de echar un poco de luz sobre la Masacre de Rincón Bomba, a la que de manera inédita, definió como crimen de lesa humanidad. Siete décadas después del suceso, no sólo se tipificó como práctica genocida, además se ordenó su reparación a través de varias medidas. Si bien el brazo jurídico del Estado evitó pronunciarse sobre las demandas territoriales de la Federación Pilagá, su determinación puede marcar un antes y un después al que conjunto de las organizaciones indígenas observan con renovados anhelos.

Hay elementos comunes entre el devenir del pueblo del norte y el mapuche, pero también matices. “En relación al fallo y al juicio, podríamos decir como diferencia que en el caso pilagá, hay sobrevivientes directos, es decir, personas que vivieron la Masacre del 47 y fueron testigos personales. También hay muchos hijos de sobrevivientes”, le dijo al que firma Diana Lenton, antropóloga y codirectora de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. “Por ejemplo, en una de las últimas audiencias se presentó una señora muy anciana a la que habían descubierto hace poco, porque la gente no anda hablando de esto en general, y declaró en primera persona lo que había vivido, testimonio coincidente con lo que había sostenido la querella en todos estos años. Creo que fue importante porque aunque parezca mentira, la abogada que representaba al Estado se la pasó diciendo que la investigación de Valeria Mapelman y de los abogados era toda una ficción. ¿Cómo podía ser que en una ficción coincidieran punto por punto tantas personas, que además son muy grandes, algunas de 90 años? Ese es un elemento que le da mucha fuerza a un juicio porque es muy potente escuchar a las personas contando en primera persona lo que les pasó”, resaltó.

 

El genocidio continúa

 

Lenton estuvo el 25 de mayo último en Bariloche, al cumplirse el 140 aniversario de la llegada del Ejército Argentino a Choele Choel, es decir, el comienzo de la Campaña al Desierto. En la lejana Formosa, “después declaró la hija de una mujer sobreviviente que ya falleció, que contó lo que su mamá le contaba y ahí sí tenemos semejanzas, porque inclusive la estructura de discurso es parecida a la que uno escucha de los ancianos mapuches, cuando nos cuentan lo que les contaban sus abuelos y a veces sus padres. Hay una cuestión cronológica con las grandes matanzas pero yo sigo diciendo que el genocidio continúa. Tenemos en las comunidades personas que pueden contarnos -esto sucede en muchos conflictos actuales- cómo los desalojaron de sus territorios donde vivieron de chicos. Por ejemplo, en el juicio donde declaré de la comunidad Felipín (Neuquén), hay una pareja que es acusada de usurpación por un francés que tiene el título del lugar. Ellos cuentan cómo era la vida de chicos en ese lugar y cómo la ruca donde están viviendo fue construida por el abuelo de la mujer. Además, empezó a salir a la luz como cuando uno tira del hilito, que la familia a la que pertenece esta pareja, fue desalojada de otros terrenos por un médico, uno de esos próceres que tiene su nombre en las calles principales en los pueblos. Un benefactor, pero que se llenó de tierras a través de incendios en las casas con la gente adentro, inclusive hay un muerto. Eso está documentado porque se denunció en la comisaría y el cura de Las Coloradas relevó esa información. Esto fue a mediados del siglo XX y está la gente que lo puede contar en primera persona”.

 

La antropóloga se animó a sugerir una estrategia. “Los abogados sabrán más, pero en el caso mapuche, para que tenga más potencia no hay que ir a (Julio) Roca o (Nicolás) Avellaneda -ya sabemos lo que han hecho- sino acusar al Estado a través de Parques Nacionales, por ejemplo, que se la pasó desalojando gente. En la película Chubut. Tierra y libertad, de Carlos Echeverría, se cuenta cómo Parques Nacionales desalojó a familias enteras en invierno, se dice que los bebés se morían, que los chicos estaban muertos de frío y eso fue a mediados del siglo XX. Eso también es genocidio: acciones que contribuyen a un proceso genocida del cual el Estado siempre es responsable, ya sea a través del Ejército o Parques Nacionales”, disparó.

 

Por vez primera

 

La decisión del juez Fernando Carbajal “es muy buen antecedente para todos los pueblos (indígenas) del país”, añadió Lenton. “El fallo acepta el genocidio al principio pero después, cuando termina, la sentencia termina hablando de crimen de lesa humanidad. El tema es que reconoce la obligación del Estado de reparar y de reconocer que cometió un crimen de lesa humanidad y que todo el país debe enterarse de lo que ha sucedido, por eso el monumento que propone y que se ponga en el calendario nacional de recordación. Es un antecedente que después, no tiene por qué no reconocerse para otros pueblos. Lo que faltó es reconocer la preexistencia, la ocupación ancestral de los pilagá de ese lugar”. Rasgo colonialista obsceno: el territorio donde tuvo lugar la Masacre de Rincón Bomba, está desde entonces en poder de Gendarmería Nacional…

Más allá de los cursos de acción que se puedan desplegar en el ámbito judicial, en Río Negro un grupo de investigadores ensaya la vía legislativa, con un proyecto de Ley que de prosperar, reconocería el genocidio indígena en la jurisdicción provincial. Javier Serrano, uno de los impulsores de la iniciativa, compartió que el objetivo es debatir la “Conquista del Desierto” porque “habitualmente es tratada con liviandad o instalada en el depósito de la historia, como si fuera un hecho inerte del pasado que poco o nada tuviera que ver con la sociedad de nuestro tiempo. Esto, por supuesto, no cabe para los pueblos indígenas víctimas de la Conquista, para quienes representa virtualmente una llaga abierta”, resaltó.

 

Docente e investigador de la UNRN en Viedma, Serrano añadió que “buena parte de lo que nos sucede hoy como sociedad tiene que ver con aquella violencia seminal que fue a la vez desastrosa y fundacional. Fundante en el sentido de que estructuró relaciones sociales en términos de dominación y asimetría que perduran hasta nuestros días”. La iniciativa puede pensarse como “una contribución al casi nulo o incipiente debate en torno a los orígenes violentos de la sociedad norpatagónica. En este trabajo estamos”.

 

¿Democracia directa?

 

El camino se presenta pleno de inconvenientes. “Fue una decisión del grupo de investigación presentar el proyecto recurriendo al mecanismo de Iniciativa Popular, previsto por el artículo 2 de la Constitución Provincial”, que está reglamentado por dos leyes. La intención consiste en que “no fuera apropiado por sector político alguno y en un verdadero ejercicio de democracia directa, fuera impulsado de abajo hacia arriba, desde el pueblo en el que reside la soberanía según el artículo constitucional”.

 

Sin embargo, nada molesta más a las castas políticas que la posibilidad de ejercitar la democracia sin su intermediación. “Encontramos una serie de obstáculos, por la redacción dudosa de la normativa que reglamenta el ejercicio del derecho constitucional y por los escuetos antecedentes en que los proyectos ingresaron a la Legislatura provincial mediante este mecanismo”, advirtió Serrano. “Actualmente, nos encontramos analizando los pasos a seguir. Hasta aquí el proceso ha demostrado ser arduo y complejo. En el camino hemos advertido posiciones negacionistas que, bajo distintas variantes, apuestan a la omisión de la historia y al rechazo de las reivindicaciones indígenas. No obstante, los primeros pasos hacia el reconocimiento de la Conquista como genocidio han sido dados. Confiamos en que finalmente La ley llegue a discutirse en la Legislatura provincial”.

Ocho años atrás, al finalizar aquella proyección cinematográfica perturbadora en el centro cultural que ya no existe, nadie hubiera soñado con que la sentencia reparadora, llegaría un día no tan lejano.