Gobernadores se plantaron ante las medidas de Macri

Las Provincias pedirán una compensación a Nación por los efectos negativos de las recientes medidas económicas. Río Negro se presentó a la Justicia por el congelamiento de los combustibles.

21/08/2019
Nacional

 

Un importante grupo de gobernadores peronistas y de partidos provinciales acordaron este miércoles exigirle a Nación una compensación financiera para hacer frente a los efectos de las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, que afectan directamente los recursos provinciales. Consideraron esta compensación como “indispensable para cumplir con el normal funcionamiento y la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia a su cargo”.

Los mandatarios aseguran que se produjo una “violación unilaterial del Pacto Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017, que modificó las estructuras financieras de las provincias”.

Las Provincias quedaron abiertas al diálogo, pero “si no prospera esa instancia no descartan promover un amparo judicial en la búsqueda de evitar la vulneración de sus autonomías”.

Acta firmada por los Gobernadores

Acta firmada por los Gobernadores

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó del encuentro de mandatarios y firmó el documento final elevado al Gobierno Nacional, planteando el posicionamiento de las provincias.

Los Gobernadores dejaron en claro que no están en contra de ninguna medida del Gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de la sociedad, pero aseguran que las mismas fueron tomadas de manera unilateral “haciendo a las provincias compartir los costos fiscales sin las compensaciones necesarias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”.

“Nos parece positivo que el Gobierno Nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, pero no puede disponer inconstitucionalmente de los recursos que son de las provincias, tanto por el Presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, vulnerando nuestra previsibilidad”, acotaron.

Añadieron que “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. No podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado nacional, sólo con el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.

 

A la justicia

 

En tanto, Río Negro presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Presidencia de la Nación, que establece un dólar diferenciado para el petróleo. Cautelarmente solicita se suspenda su aplicación inmediatamente.

El DNU 566/2019 establece tope a la cotización del dólar para la venta del petróleo crudo de 45,19 pesos por el término de 90 días, así como congela por igual plazo el valor del barril.

"La medida afecta a la Provincia de manera directa, en una disminución en la recaudación por regalías y por el Impuesto a los Ingresos Brutos, conforme surge de los informes del Ministerio de Economía y Secretaría de Energía de la Provincia que se adjuntan a la demanda, y alcanza como mínimo a la suma de 587.2 millones de pesos en el período", se informó oficialmente.

Sumado a ello, "siembra incertidumbre sobre una actividad en franco crecimiento que perjudicará indirectamente inversiones y puestos de trabajo que se encuentra pendiente de evaluación".

En los fundamentos de la acción, trabajada conjuntamente con la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén, se resalta la inexistencia de la rigurosa excepcionalidad que amerita el avocamiento del Poder Ejecutivo a una facultad Legislativa, así como que exista un estado de necesidad y urgencia que sirva de presupuesto a de esta especial medida.

Incluso se explica que “nos encontrábamos ante situaciones más extremas en la devaluación de la moneda de diciembre de 2015 y junio de 2018, sin que ninguna de ellas derivara en el dictado de una norma semejante”.

La mera conveniencia de una medida netamente legislativa, no permite al Presidente utilizar este trámite excepcional como lo es el DNU, omitiendo la intervención del Congreso, sin afectar el régimen de competencias de cada poder del Estado.

Se destaca además que el DNU 566/19 enuncia en sus considerandos meras generalidades que no resultan suficiente respaldo a tan extrema decisión, no siendo razonable en términos constitucionales los medios elegidos para atenuar el efecto de una crisis que nadie discute.

“Tendrá que evaluarse si esta medida sirve realmente para palearla o lo que no dudamos, solo traerá mayores inconvenientes en la actividad, a las provincias, las inversiones, el empleo e incluso a reclamos económicos al Estado Nacional a partir de la posible afectación de derechos adquiridos, con incierto final”, señala la presentación.

Se argumenta además que “tampoco supera el test de razonabilidad, la desproporción en la distribución de las cargas de la crisis que realiza el Estado Nacional con esta medida, así carga en puntuales actividades y en definitiva en recursos de contadas provincias, el efecto de una situación general e igualitaria en el país”.

“No dudamos que debemos realizar un esfuerzo entre todos para lograr una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, ahora, esto debe afrontarse entre todos igualitariamente, de lo contrario sería –como en este caso- una decisión arbitraria y discriminatoria, por solicitarle un sacrificio excesivo e irrazonable a algunos en detrimento de otros. Sumado a ello, se advierte una intromisión excesiva en facultades reservadas a las provincias en la administración y propiedad de sus recursos naturales, afectando su dominio y explotación en violación a la Ley Federal de Hidrocarburos”, agrega.

La medida presentada por Río Negro remarca además que “entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá intervenir, incluso cautelarmente para evitar que esta medida irracional genere perjuicios mayores de los que pretende subsanar”.