# CRÓNICA

Una vendaje de dinero para una herida mortal

Un médico fue acusado de dejar morir desangrado a su paciente y falsificar la historia clínica. Para evitar el juicio oral y público ofreció dinero y trabajo comunitario. La Justicia rionegrina debe decidir entre buscar la verdad por la muerte de un changarín o aceptar una disculpa.

03/09/2019
Viedma
Carolina González

(Foto archivo Pablo Leguizamón)

A las 3.45 de la madrugada del 9 de abril de 2018 murió Marcelo Barboza. Un par de horas antes había ingresado por la guardia al Hospital Artémides Zatti en Viedma, con una herida de arma blanca en el abdomen.

Esa noche estaba de guardia activa el médico cirujano Omar Tomás Román.

Por la muerte de Barboza, el 10 de abril pasado la Justicia rionegrina imputó a Miguel Ángel Morales como autor de “homicidio simple” y lo detuvo de manera preventiva.

Sin embargo, el 1 de agosto la carátula de la causa cambió hacia “homicidio en grado de tentativa”. En medio, se produjo una disrupción. Entre los fiscales que llevaban adelante la investigación comenzó a resonar una pregunta: ¿Y si no fue la mano de Morales la que mató a Barboza?.

Mano, puñal, herida, sangre, Hospital, tres horas, shock hipovolémico, muerte.

 

Shock hipovolémico

 

El cuerpo de un ser humano, adulto, puede contener entre seis y siete litros de sangre. En una extracción voluntaria, se puede llegar a tomar hasta el 20 por ciento de ese volumen. Más de eso, pone en peligro el funcionamiento del organismo.

(Foto archivo Pablo Leguizamón)

Si un adulto mayor humano pierde el 40 por ciento de su sangre, los tejidos comienzan a hipoxigenar. Las primeras en reaccionar son las células cerebrales, el cuerpo deja de moverse y la conciencia se escapa con el torrente sanguíneo.

Si el corazón no tiene suficiente sangre para bombear, pierde su razón para funcionar y se detiene. Paro cardíaco y muerte.

 

Un corazón roto

 

El 8 de abril de 2018, a las 21.59 horas el silbato del árbitro anunció el final del partido entre River y Racing, por la fecha 22 de la Superliga. El millonario, que jugó de visitante en Avellaneda, se quedó con la victoria. Dos a cero indicó el marcador.

Ese silbatazo fue la señal para que Marcelo decidiera terminar su día. Los muchachos de la cuadrilla los convencieron de que se tome unos vinos más y después sí, se fue a dormir.

Un par de horas antes había hablado por teléfono con su madre, Teresa Barboza, que se encontraba en Rawson, San Juan.

Estaba contento, le contó que habían comido con los amigos y que pensaba terminar la noche viendo el partido junto a sus compañeros de trabajo, en la vivienda que compartían en una chacra del IDEVI en San Javier, Viedma.

Esa noche, Teresa se fue a dormir tranquila: la vida marchaba según la rutina, sus hijos bien, su corazón frágil y recién operado seguía latiendo.

Todo cambiaría el día siguiente.

Marcelo era trabajador rural, golondrina, “changarín”. Siempre trabajó en la cosecha. En el otoño e invierno aprovechaba para hacerlo en Viedma, labrando la tierra donde germina la cebolla. En verano se quedaba en Mendoza o en su San Juan natal para la cosecha de la fruta.

Marcelo era pobre, uno entre miles de cuerpos que se mueven por las provincias argentinas buscando un lugar dónde trabajar, juntar unos mangos, vivir.

Casi a la medianoche del 8 de abril Marcelo ya dormía, cuando Miguel Angel Morales entró a la pieza y lo apuñaló. Antes habían discutido.

Si algo enfurecía a Morales era que le dijeran violador. El calificativo se lo echaban en cara con frecuencia. Pesaba sobre él una denuncia por violar a una menor en San Juan, causa por la cual habría estado detenido. Al recuperar la libertad, habría aprovechado la oferta de trabajar en el Valle Inferior del Río Negro.

Ese día en medio de una discusión, Marcelo le habría dicho violador. La furia volvió en forma de puñalada.

Marcelo Barboza había llegado apenas un mes antes a San Javier, con la cosecha ya iniciada. Se demoró porque acompañó a su madre, tras una operación. Él era su sostén emocional y económico.

Teresa tenía siete hijos, una pensión mínima del Estado, y solo Marcelo, sin familia a cargo, la contenía. Hace poco más de tres años le entregaron a Teresa una casa por la que paga una cuota de 2500 pesos. Los arreglos o cualquier gasto extra corrían por cuenta de su hijo, que con lo que ganara aquel invierno en Viedma planeaba pagar el costo del cierre perimetral del inmueble. 

Teresa Barboza soportó estoica la operación a corazón abierto. Soportó incluso, de pie, la noticia de la muerte de su hijo que llegaría pocos días después, el llanto, el dolor y hasta el sepelio.

Teresa no soportó, tres días después de enterrar a Marcelo, recibir una llamada desde la Fiscalía a través de la cual le informaron que si un médico hubiera actuado de otra forma en la guardia del Hospital, Marcelo aún estaría con vida.

Se le fue la cabeza y aún no logra sobreponerse al shock. Llora siempre, recibe atención psiquiátrica y entre el corazón operado y el corazón roto de dolor, acumula en su cuerpo 8 tipos diferentes de fármacos.

 

Los hechos

 

El lenguaje jurídico tiene mil categorías, es tan rico y preciso como el lenguaje médico. Ambos parecen, por momentos, idiomas diferentes.

En derecho se acumulan en miles de libros los procedimientos, los protocolos, los deberes y derechos. En la medicina existe un apartado que se llama “buena práctica médica”.

(Foto archivo Pablo Leguizamón)

Las dos causas por la muerte de Barboza están radicadas en la Fiscalía 3 de delitos contra la administración pública, que comanda Juan Pedro Peralta.

Una de las causas tiene como condenado a 4 años y ocho meses de prisión por tentativa de homicidio a Miguel Angel Morales.

El otro expediente tiene como imputado al médico Omar Tomás Román, por homicidio culposo 

y falsedad ideológica. El fiscal, en conjunto con las abogadas querellantes Julia Mosquera y Ada Acevedo, intentan llevarlo a juicio.

En la acusación a Román se le reclama no haber seguido las pautas de las buenas prácticas médicas. En el frío punteo de sus posibles omisiones figuran:

- No haber colocado dos accesos intravenosos para expansión del volumen intravascular. Traducido, no haber cumplido con la premisa de que cuando llega un paciente traumatizado a un Hospital, si hay sospecha de pérdida de sangre se le debe colocar vías, cánulas, accesos para proveerlo de líquidos, un suero, más sangre.

- No haber colocado una sonda nasogástrica para evaluar el contenido gástrico y la cuantía de pérdida. La buena práctica médica en una guardia también indica que  colocar una sonda sirve para evaluar si en el vómito hay sangre y cuánta puede estar perdiendo el paciente en cada espasmo.

- No haber colocado una sonda vesical para cuantificar la cantidad de orina emitida por hora para valorar la volemia del paciente (volumen intravascular). Hacerlo hubiera sido una buena forma de medir por  ejemplo, la función renal.

- No haber realizado un análisis semiológico exhaustivo del tórax y abdomen del paciente. No lo revisó, particularmente porque donde entró la herida (abdomen) hay órganos vitales: estómago, bazo, páncreas, hígado.

- No haber realizado precozmente  una laparatomía exploradora. Es decir, investigar el posible daño. 

- No haber realizado un diagnóstico y tratamiento adecuado de la hematesis manifestada por el paciente. Barboza vomitaba sangre y Román le habría indicado ingerir Reliverán. No más.

¿No más? Sí, más. Entre las 2 de la mañana y las 21 horas del 9 de abril de 2018, de propio puño y letra Román habría inscripto en la historia clínica de Barboza: “Paciente con excitación, vómito hemático, descompensación” y una palabra ilegible, “se decide realizar acto quirúrgico”.

Sin embargo, no hubo acto quirúrgico comprobable. Marcelo murió desangrado a las 3.45 horas de ese día.

 

Inseguridad jurídica corporativa versus verdad y fe

 

La defensa particular del médico Omar Román quiere evitar el juicio oral y público. Ofreció un resarcimiento económico a la familia de Barboza y otro moral a la comunidad. Pero la Fiscalía y la querella se opusieron porque entienden que modificar la historia clínica, que es un documento público, constituye un delito, en tanto se buscaba ocultar o lograr la impunidad sobre el delito anterior de homicidio culposo.

El pasado 27 de agosto se realizó la audiencia durante la cual el Juez a cargo, Ignacio Gandolfi, explicó su decisión sobre el tema y avaló el pedido de Fiscalía y querella.

Ofuscado por la decisión contraria a sus planteos, el abogado defensor del médico, Damián Torres, sacó de la galera una frase controversial: “Inseguridad jurídica”.

Escucharlo, fue una invitación a realizar un viaje en el tiempo.  

Eran las 12 horas del 16 de mayo del 2019. En la ciudad de Cipolletti, Río Negro, se desarrollaba el juicio contra Leandro Rodríguez Lastra, un funcionario público, médico ginecólogo, acusado de detener un aborto en curso a una joven violada, amparada por la ley, sobrepasando sus funciones, anteponiendo sus creencias a la buena práctica médica.

Damián Torres, reconocido abogado penalista de la Provincia, asesor legislativo, abogado del Poder Ejecutivo provincial, defensor particular del médico, dijo durante los alegatos finales que una condena al profesional que impidió el aborto podía poner “en inseguridad jurídica a los médicos de todo el país”.

Rodríguez Lastra fue declarado culpable por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se hizo famoso a nivel nacional e internacional, se postuló como candidato a Diputado por la ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Demócrata Cristiano bajo el lema “salvemos las dos Vidas”. Militó y milita la prohibición del aborto aunque en el juicio haya negado que su moral y su religión fueran las razones de su accionar.  Hoy, están filmando una película sobre su vida.

Eran las 9.10 de la mañana del 27 de agosto de 2019, cuando Damián Torres, el mismo reconocido abogado penalista de la provincia, asesor legislativo, abogado del Poder Ejecutivo provincial, defensor particular del médico Omar Tomás Román, le dijo al Juez Ignacio Gandolfi: “Inseguridad jurídica, eso es lo que están generando”.

La audiencia se había convocado para que el Juez informara a las partes su decisión sobre el pedido de la defensa de suspender el juicio a prueba.

Cambió el contexto, el posible delito cometido, cambió el Juez, el fiscal y la querella. Cambió el acusado, la acusación, la ciudad, la circunscripción judicial, el día, la hora, el clima, el valor del dólar, la víctima. Sólo una coincidencia: “Inseguridad jurídica, eso es lo que están generando”.

Toda la postulación de la defensa, se basó en un intríngulis jurídicos. Nada dijo sobre la responsabilidad del médico, sobre la intención o la imprudencia, sobre los hechos que se le endilgan, sobre la vida y la muerte de Marcelo Barboza, sanjuanino, changarín, hijo, hermano, sostén de su madre.

Torres además deslizó otra preocupación: “¿Qué pasa si vamos a juicio? Ustedes vieron que hay periodismo acá, ¿cuál es el fin de la pena?”.

La pena, la posible pena de los delitos, no era un tema en tratamiento durante la audiencia, pero para la defensa del médico parecía que la presencia de los medios, la visibilización del caso, se podía convertir en una condena social, una pena mas preocupante que la que establecen las leyes.

 

El valor de la verdad

 

Viedma, martes 27 de agosto de 2019. El juez Ignacio Gandolfi demoró casi una hora en explicar su decisión. Dio un paseo jurídico por institutos y fallos, jurisprudencia, hecho juzgado, arbitrariedades e interpretaciones.

(Foto archivo Pablo Leguizamón)

Él solo en el estrado. Silencio de las partes. Silencio de la prensa. Silencio de un público inexistente. A final, Gandolfi dijo, en buen castellano, que rechazaba el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa.

Traducido: no aceptaba que a la familia de Marcelo se la conformara con 200 mil pesos, 150 horas de trabajo comunitario, un año de inhabilitación para realizar cirugías en guardia, pero seguir en el ejercicio de la profesión en el ámbito público y tomando capacitaciones.

El Juez priorizó el debate oral y público para conocer la verdad sobre la muerte de Barboza, por sobre la oferta de dinero y el trabajo voluntario del médico.

Prevalece, prevalecerá, prevalecería el valor de la vida y el valor sobre la fe pública.  Esa fue su decisión, saber la verdad en un debate oral y público antes que tapar las responsabilidades con un parche de dinero.

La elevación a juicio oral y público, llevar a un médico al estrado y averiguar qué fue lo que pasó el 9 de abril de 2018, es lo que la defensa del profesional llamó “inseguridad jurídica”.

La defensa, aguerrida, ya anunció que apelará la decisión de Gandolfi.

Aún quedan dos instancias de revisión para saber si Román estará en el banquillo, acusado de homicidio culposo y falsedad ideológica.

Traducido: queda por ver si Omar Tomás Román dejó morir  a Marcelo Barboza en la guardia del hospital y luego, para ocultar el homicidio, falsificó parte de la historia clínica.