Autocultivo: La familia de Joaquín vuelve a la justica con respaldo de la Universidad

El niño de San Antonio Oeste sufre Síndrome de Tourette y tuvo una notable mejoría mientras una cautelar permitió a su abuela producirle cannabis medicinal. El Estado Nacional apeló pero incumplió con la provisión del aceite. La familia regresará al Juzgado Federal a exigir autorización para el autocultivo con aval de científicos del Conicet.

05/09/2019
Río Negro

 

Los tics crónicos y transitorios propios del trastorno neuropsiquiátrico que le diagnosticaron a Joaquín en 2016, habían sido mitigados con el uso de aceite de cannabis producido por su abuela, María Eugenia Sar, tras ver las consecuencias del producto que la industria farmacéutica causó en su nieto de 5 años, que engordó 7 kilogramos en sólo 2 meses.

En 2018, la familia acudió a la justicia -acompañada por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Nicolás Rochas y Javier Iud, y el aval de mil firmas de la comunidad- y logró una medida extraordinaria para cultivar y fabricar aceite de cannabis. “El derecho a la salud no es un derecho teórico, sino uno que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social”, fijó en su fallo la Jueza Federal de Viedma, Mirta Filipuzzi.

Ver nota relacionadaHistórico fallo autoriza autocultivo de cannabis con fines medicinales

A pesar de las notables mejorías en Joaquín, en mayo de este año un Tribunal Federal de General Roca revirtió la medida. Los jueces argumentaron que la Ley establece que debe ser el Estado el proveedor de las drogas y no la familia a través de la producción casera, advirtiendo por la ausencia del control estatal sobre las medicinas elaboras artesanalmente sin los “conocimientos apropiados para ello”.

Ver nota relacionadaLa Justicia pone freno al autocultivo de cannabis medicinal

Como ya es habitual, se prohíbe el autocultivo y se le ordena al Estado la provisión del cannabis, pero ante los incumplimientos, los pacientes con Síndrome de Tourette, Parkinson, Artrosis, Autismo, y tantas otras enfermedades en las que los beneficios de su uso están comprobados, son empujados a la clandestinidad. “No quiero ser narco, soy una abuela ayudando a mi nieto”, repite María Eugenia en las entrevistas.

 

Rochás, en diálogo con En Estos Días, anticipó que este viernes interpondrán una nueva acción en el Juzgado Federal de Viedma. “El Mismo Estado Nacional que por Ley está obligado a proveer este medicamento fue quien apeló esa medida cautelar y la Cámara Federal de General Roca, en un fallo dividido, tomó la repudiable y penosa decisión de voltear la cautelar y denegar la autorización, mientras ordenó al Estado a proveer la medicina”, recordó.

La nueva acción en la justicia buscará mostrar “el acreditado incumplimiento del Gobierno Nacional” en la provisión de la medicina. “Y aportaremos algo más: la participación de la Universidad Nacional de Río Negro, que a través de investigadores del Conicet, estarán ofreciendo la posibilidad de que los aceites que elabora esta abuela puedan ser medidos para seguridad de la medicina que termina consumiendo Joaquín, para dar respuesta al último pseudoargumento que expresaron los jueces al voltear la cautelar”, anunció.

El Legislador interpretó que “este caso expone nuevamente la problemática de una ley vetusta, anacrónica y un Estado que todavía sigue con prácticas persecutorias, empujando a tantas familias a la clandestinidad”. Además, evaluó que detrás de Joaquín “hay muchas otras familias que se verán representadas. Porque el dolor no espera y no puede estar atado a los tiempos de un Estado insensible que no tiene una mirada empática sobre tantos ciudadanos”.