La Justicia ordenó desalojar la recuperación territorial de la comunidad Buenuleo

El Juez de Garantías Sergio Pichetto imputó por el supuesto delito de “usurpación” a nueve mapuches y abrió una investigación por cuatro meses. Ordenó además desalojar el lote en disputa, aunque la medida se cumplirá después de que la sentencia quede firme. No hubo avances en la causa por amenazas presentada contra el supuesto propietario del terreno y el cuidador.

16/09/2019
Bariloche

El Juez Pichetto avaló el pedido de la Fiscalía y el supuesto propietario

En solo seis días el Poder Judicial resolvió imputar por “usurpación” a los integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, en relación al caso de la recuperación territorial realizada el pasado 10 de septiembre. Además, el Juez de Garantías Sergio Pichetto abrió un plazo de cuatro meses para realizar la investigación y ordenó el desalojo el lote en disputa, ubicado al pie del cerro Ventana, en el barrio Pilar II.

Sin embargo, esa medida se concretará 72 horas después de que la sentencia quede firme, tras la segura impugnación o apelación que presentará la abogada defensora de la comunidad, Natalia Araya.

Este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos, durante la cual la Fiscalía -representada por el Fiscal Jefe, Martín Lozada- y la querella -en representación del supuesto propietario del terreno de 92 hectáreas, Emilio Friedrich- solicitaron la imputación por “usurpación” y pidieron la medida cautelar del desaolojo.

Inicialmente, Pichetto dio curso al pedido de la imputación, y tras un receso de 20 minutos, accedió a ordenar el desalojo, que será cumplir -según pidió la Fiscalía-, por el grupo especial de la Policía de Río Negro, COER.

Tras leer la resolución, los integrantes de la comunidad Buenuleo y de otras comunidades, cuestionaron a los gritos la decisión y expusieron que, por caso, no prospera a la misma velocidad judicial la denuncia por las amenazas armadas proferidas por Friedrich, su socio y el cuidador, que quedaron registradas en fotos y videos.

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Integrantes de la comunidad junto a la abogada Araya

Los argumentos centrales contra la comunidad los esgrimió Lozada, quien aseguró que, más allá de los derechos consagrados constitucionalmente -tras la reforma de 1994- y los pactos internacionales, “los derechos no se toman por asalto”; y agregó que los integrantes de la comunidad Buenuleo “no han respetado los pactos y la convivencia democrática”.

Planteó que el ingreso al lote se produjo “de forma subrepticia y violenta”, y repasó que en dos audiencias previas a la formulación de cargos de este lunes “la comunidad no exhibió voluntad de arribar a una solución pacífica y consensuada”.

El Fiscal Adjunto Gerardo Miranda, luego, amplió la posición del Ministerio Público Fiscal en relación a lo sucedido el 10 de septiembre, en horas de la mañana, cuando se produjo el ingreso de la comunidad al territorio.

Argumentó que el hecho debe penalmente considerarse “violento” porque fue protagonizado por nueve personas, lo cual deriva en una “violencia moral” por “intimidación”.

Miranda recordó que un primer boleto de compra-venta supuestamente suscripto por Antonio Buenuleo data de 2001 y su beneficiario fue Claudio Thieck, quien protagonizó otros complejos hechos de manejo de negocios inmobiliarios.

Cuestionó finalmente que el 13 de septiembre pasado -tres días después de la recuperación-, los integrantes de la comunidad ingresaron materiales y levantaron una casilla de madera.

La querella -ejercida legalmente por la ex titular del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda, Laura Zanoni-, habló de la “autonomía de la voluntad” de Antonio Buenuleo para la compra-venta de ese y otros muchos lotes de la zona donde ancestralmente residió la comunidad.

El paso de Zanoni por la función pública -durante la gestión del actual Intendente, Gustavo Gennuso, quien a su vez antes ocupó el mismo cargo en el Instituto de Tierras-, pudo haberle permitido acceder a información sobre los derechos cruzados en la zona, teniendo en cuenta que la comunidad viene reclamando desde hace muchos años por la situación.

Al momento de ejercer la defensa, la abogada Natalia Araya solicitó inicialmente la desvinculación de Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, y Claudio Reile, quienes acompañaron a los Buenuleo, pero no permanecieron en el lugar ni forman parte de la comunidad.

Tal solicitud también fue rechazada por el Juez Pichetto.

Millán repasó que, como parte y autoridad del pueblo mapuche, “hace muchos años” que escucha sobre “los atropellos que sufrió la comunidad”, así como el detalle de los “engaños” sufridos por los ancianos. “A todas esas denuncias por estafas, cuándo le prestó atención la justicia”, se preguntó.

El lonko explicó que “el retorno al territorio, luego de tantas denuncias, es totalmente legítimo”.

 

Araya, por su parte, explicó que en la causa “no se encuentran los elementos típicos del delito de usurpación”, y enumeró que, lejos de haber procedido subrepticiamente y con violencia, los Buenuleo ingresaron al territorio a plena luz del día, por los senderos y picadas habituales en la zona, y sin ejercer ningún tipo de violencia.

Sobre el fondo de la cuestión, la abogada dijo: “Quien es dueño de algo no puede arrebatárselo a otro”.

Recordó que existen planteos realizados por vía administrativa -tal como establece la legislación nacional para estos casos- relacionados con la presencia ancestral en ese territorio y repasó que la comunidad fue reconocida con la personería jurídica en el 2013.

“Todos sabíamos que se iba a recuperar el territorio, no hubo clandestinidad, la recuperación fue pública y pacífica”, dijo; y sugirió la necesidad de resolver la cuestión en una mesa de diálogo donde se valore la presencia ancestral en la zona de los Buenuleo.

Dijo que el proceso de recuperación fue filmado y que los propios integreantes de la comunidad llamaron a la Policía, para evitar ser agredidos por el supuesto propietario y sus socios y empleados. “Se van o los matamos”, les dijeron según los registros y la denuncia penal que, hasta el momento, no tuvo la celeridad de la actual formulación de cargos por “usurpación”.

Finalmente, el Juez Pichetto interpretó que los cuatro meses de investigaciones que se abrieron servirán para determinar la cuestión de fondo sobre la propiedad de las 92 hectáreas; pero justificó que Friedrich acreditó ser poseedor del lote, y por tanto avaló la imputación por “usurpación”.

Diferenció, en este sentido, entre propiedad y posesión, y dijo que las pruebas podrán ser presentadas durante la investigación y el futuro tribunal que resuelva la causa.

Posteriormente, la Fiscalía y la querella solicitaron el desalojo, según los términos del artículo 118 de Código de Procedimiento Penal, para, según dijo el Fiscal Adjunto Miranda, “restablecer el equilibrio” en el lugar. “Si no se desaloja se va a incrementar la toma”, se quejó.

“Si vamos a restituir, que se restituya cien años para atrás”, respondió la abogada defensora de la comunidad, y explicó que “hay dos derechos en pugna” y debieran agotarse otras vías antes de recurrir al derecho penal.

Se quejó porque “en cuatro meses no se puede dejar en claro si existió despojo” y recordó que tal disputa debe correr por vía administrativa y, en todo caso, la Justicia Civil. Finalmente recordó que la Ley 26.160 cuya vigencia fue extendida por el Congreso, establece que deben parar los desalojos forzados de las comunidades, hasta tanto se cumplan con los relevamientos ordenados.

Pero Pichetto interpretó que el corte histórico debía realizarse en relación a los hechos del 10 de septiembre pasado, y resolvió ordenar el desalojo de la comunidad. A pedido de los imputados estableció también que el supuesto propietario no podía realizar obras de magnitud como construcciones hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, tras los cuatros meses abiertos para la investigación.

“Las amenazas de los matones no las investigan”, se quejaron a los gritos los integrantes de la comunidad y, entre otras, María Nahuel, referente mapuche que acompañó a los Buenuleo.

El Juez Pichetto, el Fiscal Jefe Lozada, los fiscales Inti Isla y Gerardo Miranda, la abogada Zanoni y los denunciantes se retiraron, entre gritos, por una puerta lateral. “Marichiweu” -diez veces venceremos, en lengua mapuche- fue el grito que quedó retumbando en la sala.

Lectura de la resolución del Juez