La Justicia ratificó el desalojo de la comunidad mapuche en el cerro Ventana

La comunidad Buenuleo había impugnado la orden de desalojo del juez Sergio Pichetto, pero este miércoles, el juez de Juicio, Marcos Burgos, ratificó la medida. El magistrado no impuso plazos para hacerla efectiva, atento a la presencia de niños en el lugar.

02/10/2019
Bariloche

(Foto gentileza)

 

El juez Marcos Burgos dispuso también un plazo de 4 meses para avanzar con la cuestión de fondo, esto es, el derecho de propiedad sobre el lote de 90 hectáreas ubicado en el faldeo del cerro Ventana a unos 10 kilómetros de Bariloche.

La comunidad Buenuleo se instaló en el lugar el 10 de septiembre pasado como parte del proceso de recuperación del territorio al que consideran ancestral.

Ocurrido el hecho, el empresario Emilio Friedrich se presentó acompañado por un grupo de personas que amenazaron a los miembros de la comunidad -en su mayoría mujeres y niños- con desalojarlos por la fuerza, exhibiendo armas blancas y por lo menos un arma de fuego secuestrada por la policía.

Friedrich presentó además un boleto de compra venta a su nombre, cuya legalidad es puesta en duda por los mapuches.

Luego de una fallida audiencia de conciliación convocada por el Ministerio Público Fiscal, 9 integrantes de la comunidad resultaron imputados por el delito de usurpación. El juez Sergio Pichetto admitió los cargos formulados por la fiscalía, y ordenó concretar el desalojo del predio 72 horas después de que la sentencia quede firme.

Por su parte, la abogada de la familia Buenuleo, Natalia Araya, cuestionó en primera instancia que la orden de desalojo contraría la Ley nacional 26.160 que establece la suspensión de ese tipo de medidas, así como “los términos de la Constitución nacional y los tratados internacionales en la materia”.

“Hay otras instancias de impugnación”, dijo Araya en aquel momento,  “y la decisión es llevar esta arbitrariedad hasta donde haga falta”.

Este miércoles, el juez de Juicio Marcos Burgos ratificó el desalojo, aunque sin plazos, atento a la presencia de menores en el lugar. El magistrado consideró además que no hubo afectación de bienes de jurisdicción Federal, y mantuvo el plazo de 4 meses para analizar la cuestión de fondo sobre la propiedad de la tierra.

El predio de 90 hectáreas en disputa constituye un lugar de gran valor inmobiliario, y está ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Bariloche.

Pero para la comunidad, el valor es otro: implica un ámbito de reconstrucción de un territorio perdido -entendido no solo como la tierra-, espiritual y religioso.

Los integrantes de la comunidad aseguran que el documento de propiedad esgrimido por los supuestos titulares contiene una firma apócrifa de Antonio Buenuleo, y reclaman su legítima presencia ancestral en ese territorio.

Deolinda Buenuleo, vocera de la comunidad, aseguró que no abandonarán el lugar, que “históricamente” pertenece a la familia.