# CONDENA AL GINECÓLOGO RODRÍGUEZ LASTRA

“Hubo convicciones ajenas a la ciencia médica”

Leandro Rodríguez Lastra fue sentenciado a un año y dos meses de prisión en suspenso más inhabilitación especial, por detener un aborto legal en curso. El médico no siguió el protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

04/10/2019

Leandro Rodríguez Lastra

 

Un año y dos meses de prisión en suspenso más dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, es la condena que se le impuso al médico  Leandro Rodríguez Lastra,  jefe de Ginecología del hospital Moguillansky de Cipolletti, por haber detenido una aborto legal en curso,  de una joven mujer violada.

El delito fue calificado como incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no cumplió con el protocolo del sistema de Salud Pública de Río Negro para la interrupción legal del embarazo.

Aunque la fiscalía pidió que fuera juzgado también por “violencia obstétrica”, el juez Álvaro Maynet desestimó ese punto.

El juez aseguró que no se pudo comprobar la infección que el médico argumentó como razón clínica para interrumpir un aborto en curso, y consideró que si esta era de la magnitud que Rodríguez Lastra refirió en el juico, debió haberla consignado en la hoja de ingreso de la historia clínica y no lo hizo.

Destacó además que en tal caso, debió explicárselo claramente a la paciente para que ella pudiera decidir.  Además entendió que lo aconsejable era retrasar la interrupción del aborto pero no suspenderlo.

“Hubo convicciones de otro tipo, respetables pero ajenas a la ciencia médica. Hay aquí una clara imposición del valimiento médico sobre una joven con escasos recursos comunicativos, sin el adecuado acompañamiento”, sostuvo el juez Álvaro Maynet.

“Existe el deber de juzgar con perspectiva de género en tanto este enfoque se hace cargo de detectar los impactos que una norma genera y buscar alternativas”, concluyó el magistrado. 

El imputado y su defensa no estuvieron presentes durante la lectura de la sentencia, que tuvo lugar pasado el mediodía de este viernes. Solo asistieron los representantes del Ministerio Púbico Fiscal.

La condena no implica cárcel efectiva y la inhabilitación es sólo para ejercer cargos públicos, no obstante el médico podrá seguir practicando la medicina en el ámbito privado.

Durante el juicio de cesura, el fiscal  Santiago Márquez Gauna había pedido una pena de 1 año y 8 meses de prisión en suspenso, y el doble de tiempo de inhabilitación.

En tanto el abogado defensor, Damián Torres  solicitó 3 meses de prisión en suspenso y 6 meses de inhabilitación para ejercer como médico ginecólogo en un hospital público.

Restan ahora las instancias de apelación, que comienzan por el Tribunal de Impugnación provincial, pero que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.