# CERRO CATEDRAL

CAPSA inició la fase de extorsión judicial

La empresa envió cartas documento a los impulsores de la medida cautelar que frenó la extensión contractual sin licitación. Los amenaza aludiendo a presuntos “daños y perjuicios” sufridos por la firma y los usuarios de los medios de elevación. Una larga historia de lobby y presiones.

09/10/2019
Bariloche

Sebastián Trappa

Catedral Alta Patagonia (CAPSA) comenzó una nueva fase de presión para destrabar la medida cautelar que puso freno a la extensión contractual por 38 años y sin licitación.

Durante los últimos días la empresa envió cartas documento a los representantes institucionales (concejales y legisladores) que impulsaron la medida cautelar, luego convalidada por la Justicia Civil y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La nota fue recibida hasta el momento por la edil del Frente de Todos Ana Marks, aunque se descarta que también la recibirán los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro y el concejal Daniel Natapof, todos ellos firmantes de la acción legal que derivó en la medida cautelar.

En el texto de la carta documento, CAPSA hace “personalmente responsable” a los impulsores de la acción judicial por “todos los daños y perjuicios” ocasionados a la propia empresa y a “todos los terceros usuarios de los medios de elevación”.

Calificó la acción judicial como “ilegal y antijurídica” y repasó la “demora ilegal causada en la modernización del Cerro Catedral”, cuyos daños y perjuicios “serán cuantificados oportunamente”, señala el texto de la carta documento.

La crítica de CAPSA desconoce que el impulso de la medida cautelar estuvo fundamentalmente motivada por una masiva acción ciudadana que, en pocos días, reunió más de cinco mil firmas para solicitar ser consultada a la hora de decidir el destino del cerro Catedral, y a la vez rechazó el acuerdo entre la empresa y el Intendente Gustavo Gennuso que pretendía extender por 38 años y sin licitación el actual contrato. Además, ese convenio firmado sin difusión pública, le permitía a CAPSA avanzar con un multi millonario desarrollo inmobiliario sobre 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro.

El texto de la carta documento también obvia que una Cámara Civil y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia consideraron legal y oportuno el planteo y fueron ellos, en definitiva, quienes consideraron que el acuerdo de extensión contractual impulsado por la gestión Gennuso estaba por fuera de los márgenes de las atribuciones de un Intendente.

En su misiva la empresa estima que la inversión prevista en 22 millones de dólares para la modernización de los medios, al momento de anunciada implicaban unos 527 millones de pesos y que, debido a la devaluación, la cifra hoy asciende a 1.300 millones de pesos.

(foto CAPSA)

La medida cautelar “ya ha generado y continúa generando perjuicios económicos varias veces millonarios para el concesionario”, reconoce CAPSA, empresa que paradójicamente plantea de manera recurrente que son mínimos los márgenes de ganancia de la explotación de los medios.

Esta presión judicial tiene antecedentes recientes en forma de lobby político.

El secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, se habría pronunciado el pasado fin de semana durante en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, por la continuidad de la concesión a la empresa CAPSA en el cerro Catedral.

En realidad, solo dijo: “Quisiera que se invirtiera en el cerro, que no se pierda esa oportunidad Bariloche, que no se pierda esa oportunidad la Patagonia”, aunque algunas interpretaciones periodísticas aseguraron que se trató de un espaldarazo a la empresa de la famiglia Trappa.

De hecho, la inversión privada en Catedral nunca fue cuestionada per se; lo que sí ha sido protestado y con firmeza fueron los términos desventajosos para el erario público del contrato con la empresa CAPSA y, mucho más, sus ambiciones de continuidad, que ahondan esa asimetría y avanzan por un camino de disipada legalidad.

Esa evaluación figura en las consideraciones de una Cámara Civil y del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que admitieron una medida cautelar para frenar el subrepticio acuerdo entre la empresa y el intendente municipal, Gustavo Gennuso -una suerte de “contratación directa encubierta”- para extender la concesión del cerro por otros 38 años, cuando aún faltan ocho para la finalización del contrato vigente.

El punto más cuestionado, en una audiencia pública con más de cien oradores que se extendió por dos días, fue la ambición de CAPSA por quedarse con 70 hectáreas al pie del Catedral para el desarrollo de un negocio inmobiliario varias veces millonario. El caso es que la zona está vedada a partir de los estudios de la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Río Negro, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Servicio Geológico Alemán (BGR), la Ley de preservación de áreas boscosas, y la Carta Orgánica Municipal, para este tipo de emprendimientos.

“Oh, tempora, oh, mores” (el lamento de Cicerón frente a la corrupción del Senado romano, en noviembre del año 63 a.c.: “Oh, tiempos, oh, costumbres”). La lastimosa, ilegal e ilegítima práctica del lobby empresarial, a la vez habitual y naturalizada, es una batalla nada menor -más tratándose de bienes públicos- por la democracia.

Desde hace meses la empresa CAPSA viene tomando contacto con al menos uno de los firmantes de la cautelar que hasta aquí impide la consecución del codiciado “acuerdo”. (Entre paréntesis, el término es mero maquillaje semántico: si un acuerdo favorece solo o en demasía a uno de los firmantes, en desmedro de la contraparte, ya no merece llamarse “acuerdo”; la palabra es otra). De aquellos encuentros surgió un nuevo borrador de “acuerdo”, elaborado discretamente, al margen de los canales institucionales y de los otros firmantes de la iniciativa judicial. Algo que En Estos Días develó una semana atrás.

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Pero no fue el único episodio. También a fines de 2017 este medio dio cuenta de la injerencia directa del gobierno de Mauricio Macri a favor de CAPSA. Decía: “El martes 28 de noviembre, de impecable camisa celeste, Sebastián Trappa selló en Bariloche el acuerdo cuyos trazos principales se esbozaron en la última Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires, un mes antes. El titular de Vía Bariloche y Catedral Alta Patagonia (CAPSA) negoció con el Municipio con los dos anchos entre sus cartas: la presión del Gobierno nacional a la administración Gennuso…”; “… se reunieron el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, su segundo, Alejandro Lastra, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bariloche, Marcos Barberis, y el secretario de Turismo de la ciudad, Gastón Burlón”.

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Macri, el ministro Dietrich y los Trappa en Vía Bariloche

Meses después, en agosto de 2018, el presidente Macri recibió las demandas directamente de Sebastián Trappa: “Reducción de impuestos, quita de aranceles a la importación de insumos destinados a los centros de esquí; que el Estado se ocupe de mejorar el transporte; que cesen los controles estrictos para la preservación del Medio Ambiente y se habiliten los desarrollos inmobiliarios”, entre otras prebendas. El episodio fue registrado por el diario La Nación, bajo el título “La nueva obsesión de Macri: desarrollar el esquí” (probable consecuencia directa es que la empresa de los Trappa se haya quedado este invierno con la explotación del centro de esquí La Hoya, en Esquel).

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A nadie parecen desvelar las decisiones judiciales ni la iniciativa de los vecinos de Bariloche, que tras exponer -un centenar de alocuciones- en contra del acuerdo entre el intendente Gennuso y CAPSA, reunieron 6 mil firmas para pedir un referendo y que la ciudadanía decida. No a la empresa, cuyos intereses son inapelables para el ciudadano de a pie. Tampoco a los funcionarios que sin decoro se pronuncian a favor de la empresa.

En ese renglón, además de Macri y el secretario de Turismo Gustavo Santos, se anotaron el senador Miguel Pichetto, la gobernadora María Eugenia Vidal (que le otorgó a Vía Bariloche la operación de rutas en territorio bonaerense) el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Gennuso, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, junto al bloque de ediles oficialistas, representantes de las cámaras empresariales y por último, a despecho, la ya designada ministra de Turismo de la provincia para el gobierno de Arabela Carreras, Martha Vélez.

Según el diario Río Negro, la futura funcionaria dijo: “El cerro Catedral es el principal centro invernal del país, tiene que estar manejado por empresarios que desarrollen e inviertan para tener la mejor tecnología para las actividades de esquí” (tampoco mencionó a la empresa por su nombre comercial). “Quien lo va a respaldar es el gobierno de la provincia de Río Negro”, dice el diario que dijo, refiriéndose a CAPSA.

Tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola. El lobby y la presión ininterrumpida de CAPSA sobre funcionarios y medios de comunicación, se intensifica sobre la debacle del gobierno de Cambiemos. Pero a diferencia del rey Pirro que arrasaba a su paso los campos para privar de sustento al ejército invasor, Mauricio Macri se retira sembrando negocios para los amigos, y el cerro Catedral, desde hace años, figura en el radar de su “amigo del alma” Nicki Caputo.

En ese sentido, en una nota publicada por el portal El Cohete a la Luna, dirigido por Horacio Verbitsky, figura la denuncia formulada en aquel momento por el concejal Ramón Chiocconi:

“El 15 de agosto de 2017, durante una reunión en la Casa Rosada y con varios empresarios como testigos, el Presidente le preguntó al intendente Gustavo Gennuso 'cómo va lo del Catedral'. De esa manera, 'sin aparecer ni pedir nada, le están llevando todos los servicios a un negocio inmobiliario fenomenal que es el de Caputo, que lo liga todo de rebote y por proximidad. Es Macri el que está presionando para que Catedral salga rápido'”.

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Así, la larga historia de lobby y presiones sobre y con la política, derivó en los últimos días en una extorsión judicial contra los impulsores de la cautelar. Al igual que con el acuerdo de eternización, la Justicia tendrá la palabra.