Piden precisiones al Ejecutivo por el contrato con OPS

Tras 8 meses de silencio, el Tribunal de Contralor le otorgó 72 horas a Gennuso para remitir los antecedentes del millonario alquiler de maquinaria. Analizarán la legalidad de las actuaciones por las que la Sindicatura Judicial reclama 21 millones de pesos al Municipio.

24/10/2019
Bariloche

 


El Tribunal, en pleno, envió este jueves una nota al Intendente solicitando documentación que fundamente el vínculo con la empresa cipoleña, quebrada y denunciada por corrupción. El pedido reviste “carácter urgente y preferente despacho”, por lo que Gustavo Gennuso deberá remitirla “dentro de las próximas 72 horas”.

El requerimiento incluye los contratos administrativos vigentes entre el Municipio y OPS S.A.C.I, los informes presentados por la Síndico Ana María Chiappari, que administra los bienes de la empresa en quiebra, todas las certificaciones sobre las horas consumidas por la maquinaria vial y “estado de situación” de cada rodado.

Los miembros del Contralor advirtieron al Intendente que “no se encuentra registrada en el sistema administrativo contable la deuda de 21 millones de pesos que existiría entre la firma y la Municipalidad”, por lo que también solicitaron acceder a los legajos de pagos existentes en la Secretaría de Hacienda y las facturas presentadas por el alquiler de las maquinarias.

La inacción del organismo de control –presidido en integrado con mayoría oficialista- en la controvertida contratación, pese a contar con parte de los antecedentes desde marzo, había impulsado a la vocal opositora, Julieta Wallace, a exigir públicamente una reunión para evaluar la legalidad de las actuaciones.

 

 

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Si bien las contrataciones directas por cifras millonarias, lejos de ser una excepción, han sido la constante durante el mandato de Gennuso –con el recurrente argumento de la “necesidad y urgencia”-, las desprolijidades, omisiones y el manejo de los recursos y la información pública, le otorgaron ribetes de escándalo mediático, dejando en evidencia, además, el laxo control del Tribunal, presidio por Damián Fuentes (JSB).

El anómalo proceso de contratación de OPS se realizó salteando el proceso licitatorio correspondiente, por un número de máquina y costos de alquiler que mutaron en forma creciente, sin documentación respaldatoria ni autorización de la Sindicatura Judicial que interviene en la quiebra de OPS.

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Por caso, vale recordar que la primera Resolución autorizó en febrero el pago de 3 millones de pesos por el alquiler de 7 máquinas, dentro de un contrato –al que accedió En Estos Días-, por 12 millones de pesos. Sin embargo, la presencia de más maquinaria era evidente. Entre ellas, una camioneta 4 x 4 que conducía el Intendente. La situación fue constatada en una inspección de la Sindicatura, que identificó 19 máquinas de OPS en el Municipio, y exigió 21 millones de pesos por servicios prestados sólo hasta julio.

La deuda fue primero negada y luego admitida por Gennuso, y su importe aumenta por la continuidad de la flota en la ciudad. Para emprolijar el procedimiento, se anularon resoluciones, se generaron otras retroactivas, y hasta se incluyó en el articulado que parte de la costosa maquinaria llegó en calidad de préstamo; es decir, “sin cargo” para el erario público.

“Es una historia de parches y más parches administrativos”, declaró a este medio Julieta Wallace al requerir a sus pares la convocatoria para abocarse a “un análisis urgente” sobre la legalidad del vínculo entre la prestataria OPS y el Ejecutivo municipal. En el encuentro, que finalmente se realizó este jueves, el Tribunal de Contralor decidió, al fin, intervenir exigiendo el envío de la documentación.