Piden intervención del Comité Nacional Contra la Tortura por violencia institucional en Bariloche

El Comité local remitió un crudo informe de la Pastoral Carcelaria sobre las violaciones a los derechos humanos en el superpoblado Penal Nº 3. Alertaron crecientes casos de violencia policial en la Comisaría 42, falta de respuestas de la justicia y vacío institucional en la provincia.

08/11/2019
Bariloche

Penal 3, superpoblado

El Comité contra la Tortura de la ciudad, remitió al órgano nacional un pedido de intervención en Bariloche, particularmente en la Comisaría 42 y en el Penal Nº3, para constatar y realizar acciones tendientes a detener los hechos de violencia institucional.
Para argumentar la solicitud, enviaron un informe realizado el 31 de octubre por la Pastoral Carcelaria de la Diócesis local, que refleja la situación de vulnerabilidad de los internos por el “hacinamiento, tratos crueles y degradantes que sufren”.
Se desprende de ese documento que las personas privadas de su libertad ven vulnerado el derecho al hábitat, por las “lamentables condiciones edilicias” y la superpoblación: tiene capacidad para 80 personas, pero “el mes pasado habían 157 presos”.
En ese marco de hacinamiento, las 7 mujeres detenidas allí, “no cuentan con actividades para ellas, ni patio, siendo sus “recreos” de 2 horas por semana, y a veces en horario nocturno, por la falta de espacio físico”. Utilizan un sótano como celda, y la de castigo, que se había clausurado por inapropiada, “fue vuelta a usar por falta de espacio”.
Baños sin inodoros, puerta o pileta de mano, techos con goteras, celdas sin ventilación adecuada o calefacción, peligrosas instalaciones eléctricas, reclusos durmiendo en el piso y cloacas que rebalsan por la sobre demanda, es parte de la tétrica descripción de la Pastoral sobre la situación actual del Penal Nº3.
Los presos, según el informe, también ven violentado su derecho a la salud: “La población carcelaria tiene un consumo problemático de sustancias y no hay tratamiento sobre adicciones”, cuestionaron. Además, “muchos sufren de problemas respiratorio por la humedad y falta de ventilación”. El derecho a la educación, por falta de espacio físico, también se violenta, al igual que el derecho a la resocialización, que en este contexto de trato inhumano “no existe. Es imposible”.
El pedido de intervención al Comité Nacional Contra la Tortura, también está fundado en los numerosos casos de violencia institucional causados por agentes de la Comisaría 42, ubicada en el barrio 2 de Abril, cuya jurisdicción se extiende por la zona sur de la ciudad, donde residen los sectores más vulnerables.
“La Comisaria 42, es a nuestro entender un foco de Violencia Institucional en la localidad”, definieron, alertando que son reiteradas las denuncias recibidas sobre los tratos degradantes y violencia ejercida por los agentes policiales.

Comisaría 42, centro de las denuncias

La situación, lejos de corregirse con el recambio de las máximas autoridades de esa comisaría, empeoró en los últimos años: “la violencia institucional no ha cesado en esa jurisdicción, si no que ha aumentado”, afirmó el Comité.
Este crudo diagnóstico encuentra terreno fértil en el vacío institucional, ya que el Comité Provincial contra la Tortura “se encuentra desarticulado totalmente”. Las autoridades policiales y del Gobierno rionegrino, desconocen la injerencia del órgano local, y desoyen cada pedido de informes o de reuniones.
De los encuentros con autoridades del Ministerio Público Fiscal, sólo recibieron “inconsistencia y falta de compromiso”. Alertaron que desde la Fiscalía a cargo de Guillermo Lista, en mayo pasado se les informó oralmente que la Comisaría 42 registraba un extenso listado de 50 causas en trámite por delitos vinculados a la violencia institucional. “Tiempo después, y a requerimiento de este Comité Municipal, desde el Ministerio Público Fiscal se nos informa por escrito, que ahora sólo se consignan 11 causas”.
En toda la Tercera Circunscripción Judicial -que además de Bariloche incluye a Dina Huapi, Jacobacci y El Bolson-, según ese informe, existen sólo 84 causas durante 2018 y 43 en el transcurso de este año. El Comité descreyó de la estadística, que dista de la información oral brindada por la Fiscalía de Lista.
“No reflejan en lo absoluto la realidad a la que estamos acostumbrados los distintos actores que integramos este Comité”, objetaron, contraponiendo el número de derivaciones que realiza el Juzgado de Paz cuando advierte un presumible caso de violencia institucional. Incluso, señalaron que “no aparece en las informaciones brindadas” un hecho de extrema gravedad ocurrido en noviembre pasado, cuando personal policial de esa comisaria le disparó munición de goma a corta distancia a un menor, causándole la pérdida de uno de sus ojos.

El Comité local Contra la Tortura se creó en 2012, pero recién se conformó en 2018, por iniciativa de la concejal Ana Marks. Está integrado por un representante del Ejecutivo municipal, uno del Concejo, la Defensora del Pueblo local y cuatro organizaciones protectoras de los derechos humanos (APDH, CTA, Multisectorial contra la Represión policial y el Movimiento de Infancia). Ante este crítico cuadro de situación y la ausencia de respuestas a nivel provincial, decidieron requerir la intervención del Comité Nacional.