Impresentables

El Intendente Ojeda y el Legislador Iud, imputados en una causa de corrupción de menores, filmaron con cámara oculta a una menor, víctima del hecho investigado. Los dos dirigentes políticos de San Antonio Oeste difundieron el material editado a través de redes sociales y lo utilizaron para presionar a la Justicia. Un Juez prohibió la divulgación del material. Escandaloso silencio de organismos de derechos humanos y de protección de menores.

11/11/2019
Río Negro
Santiago Rey

(foto gentileza)

Algunas verdades:

* Luis Ojeda y Javier Iud, Intendente y legislador de San Antonio Oeste, podrían ser absueltos en la causa por presunta corrupción de menores que los tiene como imputados. La Justicia aún investiga el hecho.

* El expediente puede ser que esté cruzado de operaciones por mezquinos intereses políticos locales.

* En caso de ser inocentes, no les alcanzará el tiempo de sus vidas para recomponerse del daño que sufrieron ante la comunidad y sus propias familias.

Todo eso es cierto. Sin embargo, esos hechos no habilita a Ojeda y Iud a realizar una maniobra de revictimización de una menor; maniobra que pergeñaron y llevaron adelante violentando todas las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.

La revictimización de una menor se repite en causas en las que se investigan hechos de carácter sexual. El Poder Judicial ha avanzado en los últimos años en formas de protección de esas víctimas, quienes muchas veces quedaron expuestas ante la sociedad, sin contención ni acompañamiento.

La cámara oculta es, en sí misma, una herramienta en debate. Tanto su uso en el periodismo, como su validez probatoria en el ámbito judicial.

Que la protagonista involuntaria de esa cámara oculta sea la víctima de un hecho de corrupción de menores (delito de carácter sexual), y que además el material sea difundido -tras su edición- a través de vías sociales masivas no encuentra piedra de salvación.

Ojeda y Iud no sólo cometieron una maniobra cuasi irregular al organizar y realizar una cámara oculta; sino que además corrieron los límites de los estándares de la tolerancia de estos hechos, bajo una compleja premisa aceptada socialmente: como soy inocente, voy a hacer cualquier cosa para demostrarlo.

Ese “cualquier cosa” no puede ni debe incluir reexponer a una menor a través de la masividad de las redes sociales.

 

La Justicia le ha dado a los dos dirigentes peronistas de San Antonio Oeste todas las garantías para que ejerzan su derecho de defensa, dentro del marco normativo y legal.

Pero Ojeda y Iud eligieron el sinuoso camino de engañar a la víctima del aberrante delito; de editar ese video; de subirlo a las redes sociales luego de ofrecerlo como prueba a la Justicia.

El juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain prohibió la divulgación por cualquier medio del material fílmico, así como los audios que tomaron estado público. Lo hizo tras escuchar los argumentos de la Defensora de Menores, de la Fiscalía y de la Defensa.

El magistrado aclaró: “Soy respetuoso del derecho de defensa, pero en el marco del proceso. Y advierto que el ejercicio de defensa por fuera del proceso, con estos videos, violaría normativa internacional que el Estado la ha incorporado a su derecho interno”,

Pero el Intendente y el Legislador cruzaron la línea y horadaron un punto central en cualquier investigación de un hecho de estas características: la credibilidad de la víctima.

Ya la menor sabe que fue filmada con una cámara oculta. Ya sabe que una amiga suya fue el nexo para que ese video se realizara. Ya sabe del poder que tienen los dos dirigentes políticos imputados en la ciudad en la que vive. Ya sabe que algunos medios de comunicación publicaron el video, compartieron la imagen o el audio. Ya tiene, por tanto, su futura declaración comprometida.

Cuatro días después de la aberrante difusión del material a través de las redes, y la posterior y legitimizante conferencia de prensa, no existieron pronunciamientos formales de organismos de derechos humanos ni de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un silencio que abruma.

Como se dijo al comienza de esta nota, Ojeda y Iud podrían ser declarados inocentes, y hasta incluso demostrarse que fueron víctimas de una operación política. Pero debe ser el Poder Judicial el que, con todas las garantías del caso para las partes involucradas, resuelva la situación, y no dos poderosos dirigentes políticos a través de la extorsión emocional a la opinión pública, y valiéndose de métodos que vuelven a poner a la víctima en un lugar de exposición.