Tribunal hizo lugar al recurso de queja de la comunidad Buenuleo

La medida vuelve a suspender el desalojo forzado y abre la puerta a futuras impugnaciones ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La comunidad celebró “haber sido escuchada”.

12/11/2019
Bariloche

La comunidad durante la audiencia

La comunidad Buenuleo obtuvo este martes una primera resolución judicial favorable a sus planteos. La decisión del Tribunal de Impugnación -con sede en Viedma- de hacer lugar al recurso de queja implica una nueva suspensión de la orden de desalojo del territorio ubicado en la ladera del cerro Ventana -barrio Pilar II- que la comunidad recuperó el 10 de septiembre pasado.

Ver nota relacionadaComunidad mapuche recupera territorio en el cerro Ventana

Los jueces Sergio Pichetto, primero, y Marcos Burgos después, resolvieron a favor de los argumentos de la Fiscalía y la querella, y ordenaron oportunamente el desalojo, en el marco del expediente por “usurpación” que tiene como imputados a ocho integrantes de la comunidad.

Pero las impugnaciones presentadas por los abogados Natalia Araya y Matías Schraer llevaron el caso al Tribunal de Impugnación, que este martes informó -por teleconferencia desde la capital provincial- que aceptaba el recurso y se tomará 20 días para resolver la cuestión.

El grupo COER desplegó una guardia en el edificio de la Justicia

La decisión de este Tribunal conlleva además la posibilidad de futuras apelaciones ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la consiguiente suspensión de plazos para la ejecución del desalojo.

Por ese motivo, a la salida del Tribunal, la comunidad no ocultó su alegría por la resolución escuchada.

Ver nota relacionadaCrónica de la resistencia a un desalojo

“Ha salido favorable el recurso de queja. Esto nos da tranquilidad. Sentimos que nos escucharon”, resumió, y volvió a cargar contra los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes sostuvieron “con mentiras” el pedido para que se realice el desalojo.

“Los que estamos adentro (del territorio) no somos ignorantes, nos damos cuenta de las mentiras”, dijo Buenuleo.

En tanto, la abogada Natalia Araya calificó la decisión del Tribunal de Impugnación como “un paso ganado”, ya que “se reconoce que hay una cuestión de orden público, que no estamos hablando de un particular cualquiera sino de una comunidad, de un pueblo originario”.

Audiencia por teleconferencia

La abogada recordó que solicitan “la aplicación de la Ley 26.160” que impide el desalojo de comunidades de pueblos originarios, “de tratados internacionales, y de la Constitución nacional”. Además, insistió con el pase de la causa al ámbito Federal “porque entendemos que la Justicia provincial es incompetente para tratar la temática”, y finalmente volvió a solicitar “que se revoque el desalojo forzado dictado por el Juez Pichetto y confirmado por Burgos”.

“La Fiscalía continua con el pedido de desalojo forzado, y la querella adhiere, entendemos sin argumentos serios, con total desconocimiento del derecho indígena”, resumió.

La Fiscalía estuvo representada en la audiencia por el Fiscal Jefe Martín Lozada, el Fiscal Inti Isla y el Adjunto Gerardo Miranda.

Lozada planteó al Tribunal de Impugnación que la comunidad Buenuleo “se asentó” en el territorio en disputa en 1880, es decir con “posterioridad a la conformación del Estado argentino”. Agregó entonces que “la cuestión de preexistencia a la conformación del Estado en este caso no sería tal”.

El argumento sorprendió a los abogados de la comunidad por la “falta de conocimiento del derecho indígena”.

El abogado Matías Schraer se mostró “sorprendido” por la alocución de Lozada en cuanto a que la comunidad “no existía en el año 1880. Eso es obvio, en ese año no existía ni siquiera el concepto de comunidad. Pero sí existía el pueblo mapuche, que es preexistente a la conformación del Estado nacional, y eso es lo que la Constitución y la legislación plantea”.

En tanto, la misma estructura de Fiscalía sigue sin promover la investigación por las amenazas armadas sufridas por la comunidad el día de la recuperación. En los videos aportados como prueba se observa al supuesto propietario, Emilio Friedrich, junto a algunos de sus empleados, llegan armados al lugar y les advirtieron a los mapuches que “a la noche no va a quedar ninguno vivo”.