Oficialismo en el Contralor bloqueó la investigación por la contratación de OPS

Por mayoría el Tribunal rechazó el inicio de un sumario de investigación por la millonaria e irregular contratación directa de la empresa cipoleña, quebrada y denunciada por corrupción. “Podría existir malversación de fondos públicos”, advirtió Julieta Wallace. Detuvieron a funcionario del Ejecutivo que conducía alcoholizado una camioneta de OPS.

12/11/2019
Bariloche

 

La mayoría oficialista en el Tribunal de Contralor de Bariloche volvió a bloquear una investigación que compromete al Intendente Gustavo Gennuso.

El presidente de ese cuerpo, Damián Fuentes, y la vice, Maia Thieck (ambos de Juntos Somos Bariloche), decidieron una vez más dilatar las definiciones en torno al escandaloso proceso de alquiler de maquinaria a la firma OPS, beneficiando así al Ejecutivo.

La abogada y vocal del Tribunal de Contralor por el Frente para la Victoria, Julieta Wallace, quedó nuevamente en soledad tras la votación para definir el inicio de un sumario de investigación sobre la contratación de la empresa -en proceso de quiebra-.

Durante la reunión que el Contralor realizó este lunes. Wallace insistió en la necesidad de intervenir en el expediente por el incumplimiento al régimen de contrataciones y entendiendo que “podría existir un fraude a la administración y malversación de fondos públicos”.

El argumento para rechazar la investigación fue esbozado por Fuentes: “Podría entorpecer la defensa del Ejecutivo en su intervención en el expediente” de quiebra, donde se encuentra solicitando la vigencia y prórroga del contrato firmado y la determinación de la deuda con OPS.

El Gobierno pretende que la sindicatura judicial le descuente de los 21 millones exigidos, los más de 6 millones de pesos que la comuna afirma haber invertido para poner en condiciones la maquinaria alquilada.

El presidente del Tribunal votó, junto a Thieck, “solicitar información faltante que permita establecer el monto de la deuda, en forma previa a resolver sobre el inicio de un sumario de investigación”.

Restando sólo 18 días hábiles para cesar en sus mandatos, la decisión, más que una dilación, representa un pronunciamiento político.

El órgano de control tiene los antecedentes desde marzo, donde consta la millonaria contratación directa a una empresa foránea en proceso de quiebra. Desde entonces, y a pesar de la abundante información pública sobre las irregularidades, la constatación por parte de la Sindicatura de una flota de OPS superior a la ofertada, la consecuente exigencia de 21 millones de pesos y los improvisados actos administrativos para emprolijar el proceso, el Tribunal nunca se abocó a un  expediente que sigue sumando ribetes de escándalo.

Este fin de semana, una de las camionetas que la empresa otorgó “sin costo” -según el Gobierno- fue secuestrada por los inspectores de tránsito al dar positivo el chofer en un control de alcoholemia. Si bien se habló oficialmente de “un trabajador del área de Deportes” que trasladaba vallas a un evento, SOYEM aclaró que el infractor fue un contratado político, colaborador de la actual gestión. El vehículo es la misma Toyota Hilux 4x4 que durante meses manejaron el Intendente y otros funcionarios municipales.

Paradójicamente, según la presentación realizada por el Municipio ante la Sindicatura, la camioneta Hilux (dominio OFW 615) y un camión Ford Modelo 4000, cumplen “tareas de provisión y mantenimiento” de la maquinaria vial alquilada y “se encuentran en base de estacionamiento y operación en un predio de la Municipalidad”.

Aseveraron además que “no fueron ni operados ni retirados aún por personal de la empresa” y que se excluyeron de la contratación porque  “operaban con personal de OPS SA”.

El vínculo entre el Gobierno y la empresa, y el proceso plagado de incongruencias no será investigado aún por el Tribunal de Contralor, órgano encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos y la legalidad de los procedimientos administrativos.