Se vuelve a dilatar el juicio político contra la fiscal que intervino en la causa Atahualpa

El Consejo de la Magistratura rechazó la realización de un juicio abreviado contra Daniela Zágari. Recién el próximo año se juzgará la actuación de la fiscal durante las primeras horas posteriores al asesinato del joven viedmense.

13/11/2019
Viedma

 

¿Quién?, ¿por qué?, ¿dónde? asesinaron a Atahualpa Martínez Vinaya, siguen siendo, once años y dos juicios después, los interrogantes con los que la familia del joven y toda la comunidad deben convivir.

Pero además, siguen sin ser aclarados las responsabilidades que recaen sobre los funcionarios públicos que por acción u omisión durante la etapa de instrucción de la causa judicial, posibilitaron la impunidad.

Este martes el Consejo de la Magistratura resolvió rechazar un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal -representado por el Procurador Jorge Crespo- y la defensa de Daniela Zagari para realizar un juicio abreviado. Ese acuerdo incluía el reconocimiento por parte de la Fiscal de la responsabilidad que se le endilga y a cambio hubiera sido suspendida en sus funciones por un mes.

Ante el rechazo por parte del Consejo de la Magistratura, se realizará un debate oral y público durante el cual un Tribunal deberá juzgar el accionar de quien fuera la fiscal del caso, una década atrás. Esta instancia se realizaría recién el próximo año, considerando que en poco más de un mes se inicia la feria judicial.

Consejo de la Magistratura dilató sanción a Zágari

La propuesta de juicio abreviado fue rechazada por mayoría, con la abstención del legislador Alejo Ramos Mejía (Frente de Todos), el juez Daniel Tobares y el Presidente del Consejo y representante del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto.

Daniela Zágari llega sola a este proceso sumarísimo, porque el sumariante del expediente, legislador oficialista Adrián Casadei, no recomendó al Ministerio Público la realización de un juicio contra los otros dos señalados en el sumario: el entonces juez de instrucción, Carlos Reussi, y el fiscal subrogante Ricardo Falca.

Durante la audiencia del martes, el Procurador General de la Provincia, Jorge Crespo, señaló que a criterio del Ministerio Público (la parte acusadora) solo en dos puntos de los tres que se señalaban en el sumario, es responsable la ex fiscal: de no pedir el allanamiento del pub Miloka, último lugar donde se lo vio con vida al joven; y de no haber pedido pericia completa de una campera secuestrada durante un allanamiento.

En tanto, desligó a Zágari de responsabilidad en la custodia de la escena del crimen.

Por ambas faltas, le correspondería la sanción de suspensión temporal, pero no la destitución como jueza (cargo que actualmente ocupa).

“Esta ha sido una gran trampa. Los legisladores fueron los mayores responsables porque son los que nos representan aquí, pero no lo asumen y terminan defendiéndose entre ellos e impiden que lleguemos a una destitución”, aseguró Laura Vinaya, prima del joven asesinado.

“Por eso para nosotros los responsables son los legisladores (Nicolás) Rochas, (Adrián) Casadei, (Facundo) López y el abogado asesor Damián Torres”, agregó en diálogo con En estos días.

Para Laura Vinaya, los legisladores pudieron haber dejado en manos del Procurador la decisión sobre el destino de Reussi y Falca, pero decidieron quitarle responsabilidad y apenas recomendar al Superior Tribunal de Justicia que evaluara “eventuales sanciones de menor entidad”.

 

Aun no se juzga a los policías

 

El segundo juicio por el asesinato de Atahualpa Martinez Vinaya se realizó el pasado mes de marzo. Durante el proceso no se pudo probar la responsabilidad de los tres imputados, Belén Barrientos, Felipe Carrasco, y Carlos Morales Toledo.

En cambio se pidió la investigación de los policías Hernán Toloy por posible encubrimiento, y de Diego Hernández por falso testimonio.

Si bien la Fiscalía Temática de Delitos contra la Administración Pública que comanda Juan Pedro Peralta tomó ambos casos, aún no se ha podido avanzar en una posible acusación.

Sin embargo, un tercer testigo (civil), que fue acusado de falso testimonio y encarcelado en la misma audiencia de la que participó, ya fue juzgado por el delito infraganti y condenado en primera instancia a la pena de prisión efectiva por seis meses.