Sin control

Permisividad, dilaciones y obstrucciones. La mayoría oficialista en el Tribunal de Contralor se valió de todos estos recursos para preservar a los funcionarios municipales señalados por presuntas irregularidades durante la gestión Gennuso: contrataciones directas millonarias, incompatibilidades, pagos indebidos y hasta una empresa fantasma. Como si nada hubiera sucedido.

22/11/2019
Bariloche

 


El presidente y la vicepresidenta del Tribunal, Damián Fuentes y Maia Thieck, bloquearon en los últimos días la posibilidad de investigar al gobierno municipal por la contratación directa de maquinaria a la quebrada y denunciada firma cipoleña OPS.

Ni las irregularidades en el expediente, ni la aparición de una flota ampliamente superior a la contratada, ni la millonaria cifra reclamada por la Sindicatura Judicial o el tono de escándalo mediático que alcanzó el caso (que incluyó en las últimas horas el secuestro de un rodado denunciado por hurto), fueron suficientes para persuadir al oficialismo de, al menos, iniciar un sumario de investigación.

Esta última negativa a indagar sobre la legalidad de las actuaciones y erogaciones del Gobierno, ratificaron la conducta que el órgano sostuvo durante toda la gestión, ya que la dificultad (o rechazo) para discernir entre lo público y lo privado fueron una constante; situación que no sólo se reflejó en la permanente violación de la normativa de contratación que rige para la administración pública, sino también en los conflictivos vínculos de los funcionarios con el sector privado, que los encontró –más de una vez- de los dos lados del mostrador.

La situación halló su complemento en un órgano de control afín, en el que una mayoría oficialista forzó la interpretación de las normas, amplió los márgenes de arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, congeló expedientes y hasta apartó de una investigación a la única vocal opositora en el Tribunal, la abogada Julieta Wallace.

El principal beneficiario resultó ser el subsecretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari, a quien primero protegieron bloqueando la investigación sugerida por el inspector sumariante del organismo de control, episodio en el que se le atribuyó la responsabilidad de que el Estado hubiera abonado al ex funcionario Ángel Néstor Sacco, 6 meses de salarios aún después de haber renunciado a su cargo. Sacco asumió su culpa, fijó un plan de pagos para regresar el dinero y el Tribunal solo dispuso “apercibirlo”.

El Tribunal también congeló la investigación por eventuales “ilegalidades” y el posible “perjuicio al erario público” provocados por la contratación (por más de 400 mil pesos) de la empresa de seguridad “Aguirre Natalia Alejandra”, creada por el propio Ferrari a nombre de su pareja, y con domicilio legal en la casa particular donde conviven.

Esta maniobra -que reveló En Estos Días- incluyó el desdoblamiento de pagos para evitar concursos de precios y la contratación de la firma, antes incluso de estar registrada en la AFIP.

Con el apartamiento de la vocal, Julieta Wallace, de la investigación, la mayoría partidaria del Tribunal de Contralor consiguió que, habiendo transcurrido un año desde la denuncia pública hecha por este medio, no se haya podido avanzar aún en la investigación sobre la responsabilidad de Ferrari, ni la del Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, por la contratación del -cuanto menos desprolijo- (auto) servicio.

El cumplimiento de la Ley de Ética Pública tampoco estuvo entre las prioridades del Tribunal, cuando resolvió no iniciarle un juicio de responsabilidad a la abogada Natacha Vázquez debido a su evidente incompatibilidad de funciones, siendo ella Asesora Letrada y al mismo tiempo abogada de la empresa Powerlink, firma que mantiene una permanente y preferencial relación con el Ejecutivo municipal.

El órgano de Contralor desestimó también el juicio de responsabilidad contra Carlos Beros, ex Subsecretario de Medioambiente, por incompatibilidades entre el cargo que ocupaba y su desempaño en el ámbito privado para la empresa Beha Ambiental S.R.L.

Otro caso inscripto en los márgenes de la legalidad, es el de Diego Quintana, quien integrando el gabinete de Gustavo Gennuso era también el responsable del sistema SUBE en la Municipalidad de Neuquén. Sin embargo el Tribunal descartó el inicio de un juicio de Responsabilidad escudándose en que se trataba de una contratación de servicios. Quintana ocupa actualmente el cargo de secretario de Hacienda.

Esa recurrente modalidad -que tanto parece una finta administrativa- de “contratación por locación de servicios” para colaboradores con evidente función política, sirvió también de argumento al Contralor para desestimar la denuncia contra Ana Martínez Infante, ex coordinadora de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad, cuestionada por faltar a la Ley de Ética Pública, al ser designada frente a la repartición tratándose de la hermana del por entonces concejal y presidente del bloque JSB, Andrés Martínez Infante.

Con un estilo de gestión que invita a recordar el de la Oficina Anticorrupción a nivel nacional, el Tribunal de Contralor desechó las denuncias de una quincena de trabajadores municipales por maltrato laboral, a pesar de haber confirmado los “trastornos de personalidad” de la ex Subsecretaria de Empleo y Pymes del municipio, Etel Outeda.

Impidió, además, un juicio de Responsabilidad contra la Defensora del Pueblo (vinculada al sindicalista Walter Cortés), Beatriz Oñate, quien designó en la Defensoría a su cuñada, empleó en la repartición personal sin registrar, e hizo firmar a los trabajadores obligaciones de confidencialidad sobre las actividades del organismo. Para argumentar esta decisión y negar una evidente violación a la Ley de Ética Pública, los representantes de Juntos Somos Bariloche en el Tribunal de Contralor se excusaron alegando que la cuñada y el hermano de la Defensora, pese a tener hijos en común, no estaban formalmente casados.

En este tiempo, por toda penalización, el Tribunal (uno de los tres poderes del gobierno municipal, y del cual se presumen independencia e imparcialidad) multó al Jefe de Gabinete, Marcos Barberis por la contratación de un grupo musical para animar una fiesta nacional, y “advirtió” en repetidas oportunidades al Intendente por el uso sistemático de contrataciones directas por diversos servicios a la Municipalidad.

Cerrada la vía administrativa municipal, la Vocal por la oposición, Julieta Wallace -siempre en minoría- resolvió acudir a la vía judicial, promoviendo una denuncia contra el intendente Gustavo Gennuso por abuso de autoridad.

La nueva integración del Tribual de Contralor, conformada como consecuencia del amplio triunfo obtenido por Gennuso (ahora candidato por Juntos Somos Río Negro) en las elecciones municipales, le permitirá al Intendente una vez más contar con mayoría propia en el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas administrativas municipales: Oscar Cannizaro y Luisa Mora Cid representarán los intereses del partido de gobierno, en tanto que Estanislao Cazaux será el solitario integrante del cuerpo por la oposición (Frente de Todos) a partir del 8 de diciembre.