“La lógica del genocidio continúa vigente”

Presentaron el libro “La tierra de los otros”, un trabajo colaborativo de investigación sobre el genocidio indígena en Río Negro, que contextualiza los conflictos actuales por el territorio en la continuidad política de la Campaña al Desierto y la constitución del Estado nacional, fundado en la persecución y el exterminio de los pueblos originarios.

25/11/2019
Bariloche

 

"El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza hasta los pies". La frase, vigente, apostrofa la antología de horrores de la modernidad y refiere, desde hace siglos, al violento mecanismo de acumulación primigenia de los bienes de producción; el primero de ellos, la tierra.

“La precariedad, el racismo, el desplazamiento selectivo de las comunidades originarias; hubo quienes tenían derecho a quedarse y otros que debían correrse de sus tierras. Es que cuando determinados elementos de la naturaleza comienzan a volverse (económicamente) significativos, entonces volvemos a correrlos, como ocurre con los hidrocarburos en las áreas de las cuencas petroleras”, resumió la antropóloga e investigadora del CONICET, Laura Kropff, compiladora junto a Pilar Pérez, Lorena Cañuqueo y Julieta Wallace de este conjunto de trabajos de investigación, publicado por la Universidad Nacional de Río Negro, bajo el título “La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente”.

La presentación, cuando se cumplió este lunes un nuevo aniversario del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de las fuerzas de seguridad, es igualmente oportuna en tanto ahonda en la -al decir de los compiladores- “lógica del genocidio” (en alusión a las campañas militares a la Patagonia) en la cual deben inscribirse también los actuales conflictos territoriales y los crímenes cometidos por el gobierno nacional durante estos últimos años.

“En la zona andina hoy estamos viendo el avance del capital en conflictos como el del lago Escondido, el de Laderas (en El Bolsón) y los que está viviendo la comunidad Las Huaytecas, entre otros”, refirió Kropff para ilustrar el proceso continuo y  violento de expulsión de las poblaciones originarias de sus territorios ancestrales.

“Es ahí que vemos como ese avance del capital se renueva”, señaló Kropff, “y vemos también como la dimensión del genocidio tiene que ver con la imposición de una forma de relación con el entorno, con la definición de lo que ese entorno es. Ahora se llama ´tierra´ pero antes, y aún, se sigue llamando de otra forma; como cada elemento de ese entorno se llama ahora ´recurso´, cuando antes, y aún, se sigue llamando de otra forma”.

 

 

En el prefacio del libro con el que Laura Kropff y la historiadora Pilar Pérez introducen el tema, aparece la siguiente síntesis: “…este libro se propone abordar la cuestión de la tierra fiscal en la provincia de Río Negro, poniendo el foco en las prácticas que, fundadas en las lógicas racistas instaladas por el genocidio de aquellos que fueron -y aún son- denominados como ´indígenas´, han ido estableciendo accesos diferenciales que se evidencian en los conflictos del presente”.

En efecto, en capítulos aparte (“La tierra pública en Río Negro: marco jurídico, discordancias y desafíos en torno a su administración” y “Una política pública de protección a la tierra en la Legislatura de la provincia de Río Negro”) el trabajo evidencia el rol normativo del Estado (y eventualmente su ausencia) en su histórica deriva en favor de los intereses privados, los grandes capitales extractivistas y terratenientes, durante el siglo XIX y hoy todavía.

Estos textos, escritos por la abogada, Julieta Wallace, Lorena Cañuqueo y el ex legislador César Miguel,  refieren la experiencia de la Comisión investigadora de transferencias de tierras rurales en la provincia de Río Negro, creada por la Legislatura, en funciones entre 2012 y 2015.

Aquella comisión estuvo integrada por siete legisladores, entre ellos los hoy diputados Silvia Horne, y Martín Doñate, la senadora Magdalena Odarda, y presidida por César Miguel.

 “Durante esos tres años la comisión recibió más de 140 denuncias”, recordó durante la presentación del libro Julieta Wallace, quien colaboró como asesora del órgano legislativo; “una de nuestras tareas consistía en recorrer el territorio donde tomábamos a mano alzada (informalismo a favor del administrado) las denuncias de los pobladores con las que se iban armando los expedientes que luego se completaban con los antecedentes de la Dirección General de Tierras, para culminar en un dictamen legal”.

A continuación cada caso era analizado por los integrantes de la comisión, que definían el camino a seguir para dirimir la procedencia o no de la propiedad de la tierra.

 

 

“Más de la mitad de las denuncias eran concretas y reflejaban arbitrariedades e irregularidades administrativas”, detalló Wallace. “Constatamos la violación de leyes provinciales por parte de funcionarios de Gobierno, particularmente durante el período radical 2004-2011”, mencionó.

A partir de la gestión de la Comisión investigadora de transferencias de tierras rurales, se promulgaron dos leyes que permitieron la recuperación para el patrimonio público provincial de casi 25 mil hectáreas en la meseta de Somuncura, y luego de otras 32 hectáreas en la zona de El Bolsón.

“Lamentablemente”, concluyó Julieta Wallace, “el gobernador Alberto Weretilneck, que debía tan solo aplicar esas leyes e inscribir las tierras a dominio del Estado, jamás lo hizo”.

El reordenamiento del territorio provincial bajo una mirada intercultural y participativa no es solo la cuenta pendiente que los sucesivos gobiernos soslayan en favor de otros intereses. Implica además cuestionar en todos sus términos las bases establecidas a sangre y fuego -hace casi un siglo y medio- sobre las que se asienta hoy el Estado nacional.

“La falta de continuidad de un proyecto nacional y popular es lamentablemente lo que ha caracterizado a estos treinta y seis años de democracia”, definió a su turno el ex legislador César Miguel, “luego de las muertes del gobernador Carlos Soria y del vice gobernador, Carlos Peralta, con la llegada de Alberto Weretilneck el gobierno provincial tomó un sentido totalmente distinto al que tenían nuestras ideas cuando llegamos en 2011, y el trabajo que realizó la comisión, en definitiva, quedó trunco. Por eso yo celebro que ahora haya quedado escrito en un libro”.

“Reordenamiento territorial”, continuó Miguel, “es una expresión que es como un paraguas, porque sus verdaderos términos, ´reforma agraria´, resultan difíciles de decir, o a muchos les cuesta escuchar. Pero es eso lo que en definitiva pondría en su lugar lo que nos ha pasado en Río Negro y en la Patagonia. Fíjense ustedes”, apeló, “que nuestras ciudades no pueden crecer y desarrollarse, porque están rodeadas por estancias; no tienen más tierras. En Pilcaniyeu, por ejemplo, no se puede ni siquiera abrir una calle, sin pedirles permiso a los privados”.

“Ojalá”, concluyó, “se comprenda que la tierra, es un tema básico, fundamental; y que no hay posibilidades de desarrollo económico y social si no se toma a la tierra como eje político para la construcción de un Estado más inclusivo y más igualitario”.

“La tierra de los otros” está disponible en librerías, en las sedes de la UNRN, y para su lectura gratuita en el sitio virtual de la Universidad: La tierra de los otros