CAPSA más cerca de quedarse hasta 2056 en el Catedral

La empresa firmó un acta comprometiéndose a tomar mano de obra local y revisar cada cinco años el canon. Ratifica la potestad del Municipio sobre la tierra y abre la puerta al desarrollo inmobiliario en unas 70 hectáreas. El legislador Ramos Mejía desistió de la causa que derivó en el freno judicial al acuerdo.

12/12/2019
Bariloche

 

Catedral Alta Patagonia (CAPSA) comenzó a destrabar la medida cautelar -ratificada por el Superior Tribunal de Justicia- que frenó el acuerdo para extender la concesión en el cerro hasta 2056.

A través de un acta, suscribió un acuerdo con el legislador Alejandro Ramos Mejía -también fue firmado por la Asesora Letrada del Municipio, Natacha Vázquez- introduciendo “mejoras” en su propuesta original, que fue oportunamente aprobada por el Concejo Municipal y luego frenada por la Justicia.

Ese documento establece el compromiso de contratación de mano de obra local y la creación de un sistema de “bolsa de trabajo” y “pasantías”, con el objetivo de “preservar e incrementar las fuentes de trabajo barilochenses”.

Incluyó además la revisión cada cinco años del monto del canon anual que paga la empresa -equivalente a 13.500 pases- por la explotación de los medios de elevación.

En ese contexto, el legislador Ramos Mejía resolvió desistir de su participación en la causas judiciales -dos expedientes paralelos- que cuestionaron la constitucionalidad de la resolución del Ejecutivo municipal y de la ordenanza aprobada por el Concejo, que a su vez dieron forma a la extensión contractual a favor de CAPSA hasta 2056.

Esas causas lograron sentencias favorables en la Cámara Civil y Comercial de Bariloche y posteriormente en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La denuncia fue acompañada por los ex concejales Daniel Natapof y Ana Marks, y la ex legisladora Edith Garro. Hasta el momento, los también dirigentes del Frente de Todos no se pronunciaron sobre si persistirán en la demanda o seguirán los pasos de Ramos Mejía.

El contexto político nacional no es ajeno a la decisión. El estrecho vínculo entre CAPSA y el kirchnerismo -durante la gestión de Cristina Fernández- y su actualización a partir de la asunción de Alberto Fernández como Presidente, habría incidido de manera directa en la decisión de Ramos Mejía.

La empresa busca que, a partir del desistimiento de la demanda, queden vigentes la Resolución de Intendencia Municipal N° 6961-I-2017 y la Ordenanza Nº 2929-CM-18 que aprobó el “plan de modernización del Cerro Catedral”, la prórroga del plazo de la concesión en vigencia y la readecuación del contrato de concesión vigente.

 

El argumento central de la firma del acta es el contexto de crisis económica nacional y local, y su impacto en el crecimiento de la desocupación.

En caso que progrese el acuerdo, CAPSA “priorizará la contratación de mano de obra local para la ejecución de las obras y servicios a su cargo, tanto para la realización del plan de modernización como en la explotación de las actividades de la concesión”.

La empresa se comprometerá a que “el 80 por ciento mínimo de contratación” sea de “trabajadores argentinos y domiciliados en San Carlos de Bariloche”.

Además “realizará acuerdos con las Escuelas de Esquí/snowboard y con los Rental de equipos de esquí/snowborard que operen en el Cerro Catedral para implementar conjuntamente (una) bolsa de trabajo y pasantías, mediante acuerdos a suscribirse con la Universidad Nacional del Comahue y la Escuela Municipal de Montaña”.

Según el documento, la empresa mejorará la oferta de pases para programas sociales y los correspondientes a la carrera de Educación Física, orientación Montaña, de la Universidad del Comahue.

En caso de ratificarse la ordenanza aprobada -en el marco de una generalizada protesta ciudadana, que reunió más de seis mil firmas para reclamar la realización de un referéndum-, CAPSA podrá avanzar sobre el codiciado desarrollo inmobiliario sobre unas 70 hectáreas dispersas en la base del cerro.

El acta determina que los costos que demande la construcción de la infraestructura de servicios públicos para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios “en ningún caso serán a cargo de la Municipalidad ni de los vecinos”, aunque no especifica si será afrontados por la empresa o el Estado nacional o provincial.