El fin de la Doctrina Bullrich

Uno a uno, la derogación de los protocolos represivos confeccionados por quien fuera el brazo armado de Macri. Escribe Sebastián Premici para Cadena Del Sur.

29/12/2019
Nacional

 

La Doctrina Bullrich no corre más. La normativa que le permitía a las fuerzas de seguridad fusilar a cualquiera bajo criterios absolutamente discrecionales fue derogada por la ministra Sabina Frederic. También se derogó el Servicio Cívico Voluntario que estaba a cargo de la Gendarmería y el programa “Ofensores en Trenes” por considerarlo discriminatorio hacia les trabajadores que utilizan ese servicio público.

De a poco, la Argentina retoma cierta “normalidad” (signifique lo que signifique este concepto) arrebatada durante los cuatro años del plan de miseria planificada del macrismo. Por otro lado, la ministra ratificó que la GNA tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado.

Tal como les habían prometido a los organismos de Derechos Humanos en una reciente reunión, el nuevo Ministerio de Seguridad derogó una parte estructural de la doctrina represiva instaurada por Patricia Bullrich, con argumentos contundentes.

 

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación

 

Sobre la Resolución 956/2018 que “legitimaba” el gatillo fácil para las fuerzas de seguridad, las nuevas autoridades sostuvieron: “(La resolución) Configura una ampliación que excede los criterios impuestos por la normativa hasta aquí detallada y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad. Es que en la base conceptual de este reglamento subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley.”

Con el reglamento impuesto por Bullrich, las fuerzas federales podían matar si una persona se daba a la fuga o bajo los criterios absolutamente discrecionales de cada agente, como el caso Chocobar (que devino en doctrina); y anteriormente, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, procedimiento efectuado por la Prefectura que también será revisado por el Ministerio.

“La habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, toda vez que el uso ‘irracional’ de la fuerza genera un contexto de exponencial violencia”, agregó la nueva resolución del Ministerio de Seguridad publicada este martes en el Boletín Oficial.

Otro aspecto central oficializado en las últimas horas es el fin del Servicio Cívico Voluntario que estaba a cargo de la Gendarmería (la misma fuerza responsable por la muerte de Maldonado, por eso revisarán todos los procedimientos de la represión del 1 de agosto de 2017).

“El diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas a la GENDARMERÍA NACIONAL no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN VALORES, de tal modo que las tareas encomendadas a aquella Fuerza mediante la Resolución N° RESOL-2019-598-APN#MSG son completamente ajenas a las competencias”, puede leerse en la resolución 1231/19.6

El tercero de los puntos a destacar –al menos en este artículo- es la derogación del programa “Ofensores en trenes”, una medida que criminalizaba a les trabajadores mediante un “exceso de controles innecesarios e injustificados, que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación.”

El argumento central para derogar este protocolo fue el siguiente: “Cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional, tal como lo afirmó la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso ‘Torres Millacura y otros vs. Argentina’, por la detención arbitraria y la posterior desaparición forzada, sucedida en nuestro país, de Iván Torres.”

El mismo caso Torres fue invocado por la querella de la familia Maldonado y por el camarista Gustavo Hornos para sostener la carátula de Desaparición Forzada en la causa por la desaparición y muerte del joven artesano. “Que no haya signos visibles de violencia, eso no quiere decir que haya inexistencia de ilícitos tales como desaparición forzada, el homicidio o la tortura”, sostuvo Hornos. El precedente para esta postura es el Caso Torres.

Este es el primer paso que no debería ser el último. Antes del 10 de diciembre, la Gendarmería cruzó un límite al regalarle a Bullrich un sable con una frase vinculada al caso Maldonado. Para este cronista, fue un gesto de lealtad hacia la ex funcionaria, gesto que deberá desarticularse con otras decisiones, como por ejemplo cambios claves en todas las líneas de conducción de las fuerzas.