Recursos judiciales para evitar la eternización de CAPSA en el Catedral

Los ex concejales Ana Marks y Daniel Natapof presentaron escritos cuestionando el desdoblamiento del expediente en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Esa medida abriría la puerta a la extensión contractual, sin licitación, a favor de CAPSA. Uno a uno los argumentos de los recursos.

09/01/2020
Bariloche

 

La estrategia político-judicial de la famiglia Trappa para extender su concesión en el Catedral hasta 2056 depende de una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El desdoblamiento del expediente podría tornar abstracto el reclamo de los demandantes, quienes lograron en 2018, frenar el intento de eternización, sin licitación, de la empresa Catedral Alta patagonia (CAPSA) en el cerro Catedral.

El expediente concentra dos demandas: una, contra la resolución del Intendente que dio vida al acuerdo firmado con CAPSA; y la segunda, contra la ordenanza que ratificó ese convenio. El primer expediente lleva la firma del legislador Alejandro Ramos Mejía, la ex legisladora Edith Garro, y los ex concejales Ana Marks y Daniel Natapof. El segundo, en cambio, sólo fue impulsado por el legislador reelecto en 2019.

La decisión de Ramos Mejía de desistir de su demanda fue interpretada por la gestión de Gustavo Gennuso y por la empresa como la caída integral del expediente, ya que la ordenanza se constituyó como un paso administrativo posterior del convenio firmado entre las partes.

Así, en caso que la causa se desdoble según la interpretación de los jueces del Tribunal, la cautelar contra la ordenanza quedaría sin impulsor, y esa norma estaría en vigencia.

Gennuso impulsor de la eternización de CAPSA en el cerro

El pasado 17 de diciembre, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial emitió una resolución avalando dicho desdoblamiento, lo cual derivaría en la ratificación de la ordenanza aprobada por los ediles de Juntos Somos Bariloche y Cambiemos, a pesar de la presentación de más de seis mil firmas por parte de los vecinos que reclaman una consulta popular sobre el futuro del Catedral.

La resolución de la Cámara no está firme, ya que los ex concejales Marks y Natapof presentaron -antes del inicio de la feria judicial de enero- sendos recursos de “reposición”, en el que reclaman que se sostenga la unificación de ambas causas, tal como el mismo Tribunal había dispuesto el 27 de junio de 2018.

La "reposición" establece que es la misma Cámara la que debe reveer su resolución, pero no permite que otro Tribunal la analice, lo cual hubiera obligado a la presentación de una apelación.

Los escritos -a los que accedió En estos días- hacen hincapié en que, más allá del carácter administrativo del acto que se cuestiona (una resolución o una ordenanza), lo objetado es el accionar de la Municipalidad al pasar por alto un llamado a licitación para la definición de la concesión en el cerro, y promover de esa forma un acuerdo a medida de los intereses y necesidad de la empresa concesionaria.

La multiplicidad de litigantes (liticonsorcio, en la jerga judicial) “se convierte en necesario porque la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso”, coinciden los escritos.

Ana Marks y Daniel Natapof impulsaron los recursos contra el desdoblamiento

El abogado de Marks, Sebastián Feudal, y de Natapof, Jorge Paolineli, agregaron que esa característica fue ratificada por el mismo Tribunal en la resolución que unificó los expedientes, “en la que puede leerse que el objeto de los presentes, con el expediente 02601-18 son 'en buena medida idénticos', en consecuencia de ello, la acumulación ha dispuesto que sea 'un proceso único'”.

“Más aún, los fundamentos en que se basa la cautelar vigente otorgada en estos autos, se mantienen, puesto que la ordenanza 2929-CM-18, posterior al acto administrativo debatido en autos, no los altera en absoluto. Sea cual fuere la naturaleza de la norma, no se altera la materialidad del cuestionamiento al accionar municipal. En consecuencia, se trate de un acto administrativo (la resolución) o de un acto de naturaleza legislativa (la ordenanza), en las presentes actuaciones se impugna la actuación municipal en relación a la prórroga de la concesión del Cerro Catedral”, detallan los recursos.

Para Marks y Natapof, la existencia inicial de dos demandas no es “simplemente una acumulación de acciones, sino una ampliación de la demanda por uno de los co-actores, proyectando las críticas de un acto administrativo a una ordenanza con idénticas falencias” a la resolución. Por ese motivo, oportunamente, se resolvió su unificación.

Esa decisión “se explica con el objeto de evitar sentencias contradictorias”. Según los ex concejales del Frente de Todos “para el caso improbable” que el Tribunal “sostenga la resolución que se recurre, su resultado sería el dictado de una sentencia absurda; ya que, se abriría la puerta para que pueda declararse abstracto un proceso con el inconsistente fundamento de haber dictado una norma posterior, pero con idénticas falencias que el cuestionado oportunamente”.

 

“Resulta una contradicción lógica intolerable, pretender que la ordenanza 2929-CM-18 pueda subsanar las falencias del acto administrativo objeto de los presentes autos, manteniendo las mismas falencias que determinaron el dictado de la cautelar hoy vigente”, amplían.

El recurso cuestiona además la falta de notificación previa de la decisión del desdoblamiento, lo que impidió a los actores involucrados ejercer la defensa de su posición contraria a esa resolución.

Según los ex ediles, la demanda posterior -contra la ordenanza- debe interpretarse como una “ampliación” de la original -contra la resolución-, ya que “se trata de la misma cuestión y ambas resultan inescindibles”.

“Lo ocurrido en la resolución que se impugna no es más que la concreción de una burda maniobra que pretende excluir a la actuación municipal en el acto de contratar la explotación del Cerro Catedral, del debido control jurisdiccional”, argumentan.

Finalmente, insisten que “no existen dos pretensiones: una que ataca a la resolución dictada y la otra que ataca a la ordenanza. Simplemente se trata de una sola acción que persigue el control judicial de la decisión municipal de prórroga del contrato de concesión del Cerro Catedral, que se manifiesta mediante el dictado de dos normas, una la resolución y otra la ordenanza”.

Y cuestionan a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial porque “resolver de la manera en que se ha hecho es quitarle al Pueblo de Bariloche el acceso a la jurisdicción para el control de los actos llevados a cabo por el Estado Municipal”.

Mientras tanto, los representantes de Catedral Alta Patagonia no se toman vacaciones y durante los primeros días de enero se instalaron en Bariloche para presionar a los actores políticos de la ciudad. Los encuentros en el Centro Cívico entre el abogado de la empresa y los funcionarios del Ejecutivo tienen frecuencia semanal.

De la misma forma, son constantes las gestiones de los directivos de la empresa ante los principales referentes políticos barilochenses, a la búsqueda de un apoyo que muestre como “unánime” la decisión de permitir la eternización de CAPSA en el cerro. Algo que con Marks y Natapof no han logrado.