Pedirán la inconstitucionalidad de la ordenanza que eterniza a CAPSA en el Catedral

Organizaciones sindicales y sociales presentarán la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. Cuestionan el proceso de contratación directa sin licitación, el daño ambiental potencial, y el desconocimiento de la presentación de 6.500 firmas pidiendo un referéndum.

06/03/2020
Bariloche

Anuncio de la presentación de la demanda

Un nuevo recurso judicial buscará poner un límite al proyecto de eternización de la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) en el cerro Catedral.

Organizaciones sindicales encabezadas por la CTA, y sociales como Un cerro para todos y Árbol de Pie, presentarán ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza 2626 de 2018 que habilitó la extensión contractual a favor de la empresa hasta el año 2056.

Dicha ordenanza fue aprobada en el Concejo Municipal por la mayoría de Juntos Somos Bariloche y el PRO, a pesar que durante la audiencia pública casi la totalidad de los expositores se pronunciara en contra del acuerdo firmado por el Intendente Gustavo Gennuso y la empresa CAPSA.

Ese convenio establece la extensión contractual, sin llamado a licitación, por 30 años para la concesión de la explotación de los medios de elevación. Además habilita el desarrollo de un proyecto inmobiliario en unas 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro.

La firma del acuerdo entre Gennuso y la empresa motorizó una movilización ciudadana que incluyó la conformación de grupos como Un cerro para todos, y la junta de 6.500 firmas pidiendo un referéndum que permita a vecinos y vecinas opinar sobre el futuro del cerro Catedral.

Además, los por entonces legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, así como los ex concejales Daniel Natapof y Ana Marks, presentaron dos pedidos de medidas cautelares, para frenar tanto el convenio firmado por Gennuso así como la ordenanza que lo ratificó.

Sin embargo, Ramos Mejía y Garro desistieron de la demanda y en pocos días la Justicia Civil podría hacer caer las cautelares y dejar vigente la ordenanza.

Ante ese panorama, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) junto a otras organizaciones sindicales, ambientales y sociales anticiparon que presentarán una demanda de inconstitucionalidad.

 

El titular de la CTA, Jorge Molina, brindó este viernes algunos detalles de la denuncia, y agradeció a dos de los tres actuales concejales del Frente de Todos por el acompañamiento a la iniciativa, Julieta Wallace y Marcelo Casas. También resaltó que Marks y Natapof sostuvieron su firma en las medidas cautelares.

La presentación ante el STJ se realizará el próximo lunes 16 de marzo; mientras que entre el lunes 9 y el viernes 14 los vecinos y vecinas interesados, así como organizaciones e instituciones, pueden sumar sus firmas a la demanda, en la sede de CTA Bariloche de calle Elflein frente el Hospital Zonal.

Molina señaló que la prórroga por 30 años más a favor de CAPSA implica “un un riesgo ambiental muy grave para el cerro Catedral” de acuerdo a “estudios que han hecho compañeros de distintas organizaciones”.

Criticó además que “se hace una contratación con un canon que es irrisorio. En pocos días de venta de pases en la alta temporada se estaría logrando recaudar el canon para casi todo el año”, dijo.

El dirigente gremial planteó que mejorar las condiciones de pago por parte de la empresa que resultara ganadora de una licitiación, permitiría al Municipio de Bariloche contar con más recursos para volcar a la contención y promoción social. “En el Alto vive gran parte de la población que no puede gozar de los beneficios que genera este bien natural. Debería darle a Bariloche la posibilidad de tener un Municipio mucho más suelto en lo financiero y con más beneficios para la población”.

Cuestionó además que la forma de extensión contractual sin licitación “no es válida” y pidió que “primero termine el actual contrato y que se llame a nueva licitación. Es lo que corresponde”.

Además recordó que no se tuvo en cuenta “la manifestación pública, que fue absolutamente mayoritaria en las audiencias públicas, donde más del 90 por ciento de los vecinos que participamos -que lo hicimos representando a distintas organizaciones- manifestamos que no se debía llevar adelante” el convenio entre Gennuso y CAPSA. “Es decir que no se dio valor a una mayoritaria expresión popular”.

Repasó en ese sentido que “se juntaron 6.500 firmas, se visitaron escuelas, se recorrieron los barrios y vimos que había un colectivo que también estaba planteando la necesidad de revertir esto, y no se dio la posibilidad de una iniciativa popular”.

Molina criticó al legislador Ramos Mejía por desistir de la acción judicial porque “abre la puerta para que en pocos días el Poder Judicial termine dándole la razón” al Municipio y la empresa porque “al no haber una cautelar o acción contra esa ordenanza entraría en vigencia”.

“Como central gremial hicimos un pedido de explicaciones públicas porque nos parecía que esa acción legal no era personal. El rol que tiene (Ramos Mejía) es en representación del pueblo, entonces no es definición personal bajarse”, señaló y lo criticó por “no representar” a quienes lo votaron.

“Estamos nuevamente en la lucha por el cerro para todos”, señaló y calificó la presentación de la demanda de inconstitucionalidad como un “puntapié para reiniciar la lucha, para estar nuevamente movilizados”.

El cerro es “un bien natural que le pertenece a todos los barilochenses y rionegrinos. Un bien natural que genera un recurso que le debería servir a Bariloche para tener una ciudad que pueda distribuir recursos de manera justa”, indicó.

Por su parte, Tomás Guevara, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) e integrante de Un cerro para todos, advirtió que “la cuestión de fondo sobre el futuro del Catedral puede resolverse que por una cuestión procesal mínima” como la decisión de desistimiento de Ramos Mejía.

Señaló que el acuerdo entre el Intendente y CAPSA así como la orndenanza “desconoce normas de tipo ambiental; del procedimiento de compras y contrataciones porque debería haberse realizado una licitación; y de la participación ciudadana”.

“Queremos que la justicia se expida para saber si todo esto es inconstitucional o no”, concluyó.