Con extractivismo, los derechos indígenas no son posibles

Informes internacionales insisten en que las prácticas estatales-empresariales vinculadas con el extractivismo atacan las normas que protegen a los pueblos originarios. Los casos de Vaca Muerta, Facundo Jones Huala, Rafael Nahuel y Chile, como paradigma de violaciones a los derechos humanos.

19/04/2020
Adrián Moyano

Los Campo Maripe en Vaca Muerta

El censo nacional de 2010 indicó que en la Argentina, cerca de un millón de personas se considera como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena. La estadística consignó 205.009 mapuches, aunque también la presencia de 14.860 rankülche. Son 35 los pueblos oficialmente reconocidos. Durante el año en curso toca actualizar los datos e, inicialmente, el nuevo censo está previsto para el 28 de octubre pero a raíz del coronavirus, ya se evalúa su postergación para el primer trimestre de 2021.

En el país, está vigente con rango constitucional el Convenio 169 de la OIT y en su oportunidad, los representantes gubernamentales votaron a favor de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el informe “El Mundo Indígena 2019” consigna que el año anterior se caracterizó por “un endurecimiento de las líneas de acción del Estado, las que apuntaron fundamentalmente al desconocimiento de los derechos indígenas, castigando su demanda y reivindicación”.

El relevamiento en cuestión es el último disponible, elaborado por el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés), cuyos orígenes se remontan a 1968. Se presenta como “una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas”. Su informe anual es el más completo pantallazo sobre la realidad indígena a escala planetaria.

En su capítulo correspondiente a la Argentina, puntualizó que durante 2018 “se llevaron adelante no sólo acciones judiciales tendientes a perseguir y criminalizar a referentes de los pueblos originarios y dirigentes de sus organizaciones, sino que reclamos territoriales que son centrales para el desarrollo de sus planes de vida han sido resignificados por parte del Estado, entendiéndolos como acciones que podrían ser tipificadas como delitos”. Añadimos que durante 2019 ocurrió otro tanto.

La recapitulación viene a cuento de conmemorarse el 19 de abril el Día del Indígena Americano, una fecha que no tiene fundamento en la historia de las primeras naciones del continente, sino en la recomendación que adoptó el Primer Congreso Indigenista Americano, que deliberó durante esa jornada de 1940 en México. Sin embargo, con el paso de los años, algunas organizaciones resignificaron la efeméride y la convirtieron en una oportunidad para levantar la voz en demanda de sus derechos nunca cumplidos. De hecho, ese día de 1994, se produjo la restitución de los restos del longko Inakayal, la que en 2006 se demostró incompleta gracias al trabajo de GUIAS (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social).

Para el pasado reciente, el IWGIA reparó en “el encuadre de determinados hechos de violencia como ‘terrorismo’, el agravamiento de penas, la ausencia de castigo para aquellos miembros de fuerzas de seguridad que han ejercido violencia contra indígenas” y en “el encarcelamiento invocando ‘hechos’ que son tergiversados o que no son adecuadamente probados”, sucesión de situaciones que “generan un estado de situación que enciende las luces de alerta de comunidades y pueblos indígenas, de sus organizaciones y de organismos de derechos humanos”. Como ejemplo de impunidad, el informe destaca el asesinato de Rafael Nahuel en cercanías de Villa Mascardi, de cuya concreción se cumplirán en mayo, dos años y medio.

Mural que recuerda a Rafael Nahuel

 

Neutralizar las demandas

 

Para la organización internacional, “este endurecimiento de las políticas de seguridad tiene una explicación económica y política, la primera parasitaria de la segunda. Partiendo de la decisión política de generar ingresos a partir de la venta de materias primas y de la centralidad de los ‘commodities’ en las economías regionales y en la economía del país, los territorios indígenas son cada vez más valiosos, por lo cual la explotación de los recursos naturales –y la ‘neutralización’ de la demanda indígena– debe alcanzarse a través del uso de la fuerza”.

Al respecto, “El Mundo Indígena 2019” añade que “la explotación del yacimiento de gas y petróleo no convencional Vaca Muerta, en territorio reivindicado por comunidades mapuche, es una fuente de permanentes vulneraciones a los derechos indígenas. Se ha llegado a situaciones de allanamientos a las comunidades sin orden de autoridad judicial”. Ante las reiteraciones, “la Cámara Federal de Casación Penal ordenó a las fuerzas de seguridad no invadir el territorio de la comunidad mapuche de Campo Maripe ‘sin orden escrita emanada de autoridad competente’. Sin ella tampoco podrán ‘limitar la libertad corporal de sus miembros’”.

El IWGIA se encargó de recordar que “el Estado tampoco acató las resoluciones de organismos internacionales en cuestiones que afectan a líderes indígenas. Es el caso del lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien estuvo encarcelado en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, pendiente de su extradición solicitada por Chile. El Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó la suspensión de la extradición hasta tanto su caso sea examinado por el Comité”. Sin embargo, “el Estado argentino resolvió extraditar igualmente al lonko en septiembre de 2018. El Estado chileno llevó adelante el juicio, lo encontró responsable penalmente del delito de incendio –en lugar deshabitado– y tenencia de arma de fuego, para finalmente juzgarlo y condenarlo violando el debido proceso y su derecho a la defensa, con indicios obtenidos a través de prácticas de inteligencia criminal y en un contexto hostil para el pueblo mapuche”.

Facundo Jones Huala, durante el juicio de extradición

Afirma el informe que “la persecución a través de la vía judicial de los referentes indígenas es una modalidad que se ha instalado paulatinamente a nivel federal y en las diferentes provincias argentinas. No sólo la Justicia no da respuestas a las violaciones de los derechos indígenas, sino que ésta se ha convertido en una permanente amenaza. Los procesos se extienden en el tiempo, traduciéndose en un constante recordatorio de la fuerza del Estado que hasta puede llevarlos a perder su libertad”.

 

Avance extractivo

 

Si bien el informe del IWGIA se dio a conocer antes del cambio de Gobierno, las acciones de la Casa Rosada bajo la nueva conducción otorgan vigencia a una de sus aseveraciones: “La fuerte presencia y avance de las actividades extractivas atenta contra el reconocimiento y la regularización territorial. De allí que es imprescindible avanzar normativamente -pero también desde el poder administrador- para dotar de seguridad jurídica a situaciones de extrema inestabilidad, que concluyen en el despojo y en el procesamiento de los miembros de las comunidades indígenas por usurpación. Sin embargo, casos como los de la explotación del yacimiento en Vaca Muerta en la provincia de Neuquén (hoy la esperanza en la Argentina para superar la crisis económica), o el avance sobre las Salinas Grandes en las provincias de Salta y Jujuy para la explotación del litio, sin consulta a las comunidades, demuestran las dificultades para dar una respuesta de fondo que se traduzca en un título colectivo”.

Integrantes del IWGIA también participaron del Informe Final de la Misión Internacional de Observación a Chile, que se organizó para constatar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en el vecino país, consecuencia de la represión contra la movilización popular que detonó a partir del 18 de octubre último. A título de contexto, aporta el documento que “los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, han debido enfrentar un Estado que ha aplicado de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, que ha criminalizado su protesta social, ha sometido a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus integrantes, ha falsificado y ocultado pruebas ante tribunales y ha realizado operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza. El actuar abusivo de los agentes policiales del Estado, fundamentalmente de la policía de Carabineros, lejos de disminuir luego del levantamiento del estado de emergencia, se agudizó”.

Como los anteriores y los que vendrán, para los pueblos preexistentes el período bajo análisis en “El Mundo Indígena 2019” fue “de luchas por sus derechos frente a un Estado que insiste en vulnerarlos. La estigmatización como ‘violentos’ o ‘terroristas’ que se había acentuado el año anterior (2017) se tradujo –y lo sigue haciendo– en una política de seguridad que es coherente y consistente con las decisiones que se tomaron en el ámbito económico y que tienen como norte seguir impulsando las actividades extractivas en territorios reivindicados como propios por los pueblos indígenas, de acuerdo al derecho interno y a la normativa internacional vigente en el país”.

Marcha contra la megaminería en Ingeniero Jacobacci

Menos de dos semanas atrás, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) repudió “la decisión gubernamental de liberar al extractivismo de la cuarentena obligatoria, al considerar como actividades ‘esenciales en la emergencia’ a la producción, distribución y comercialización forestal y minera; curtiembres; exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear” y “fumigaciones”, entre otras variantes extractivas que confrontan con los derechos indígenas. La contradicción es irreconciliable