Quintana justificó la compra de alimentos con sobreprecios por el “contexto de emergencia”

El Secretario de Hacienda municipal explicó que con posterioridad a la compra “se reglamentó la ordenanza de Emergencia” y se impusieron nuevos controles. Dijo que “de puño y letra” asentó en el expediente que la diferencia de precios “era de sólo 90 mil pesos”, y aseguró desconocer el vínculo entre dos de las empresas oferentes.

24/04/2020
Bariloche

Diego Quintana

El Gobierno municipal definió que sea el Secretario de Hacienda, Diego Quintana, quien explique los motivos de la compra con sobreprecios de los productos para los módulos alimentarios que repartió el área de Desarrollo Social.

El funcionario explicó que debe entenderse la compra en el “contexto de la excepción” que se vive por la pandemia y enmarcada en la Ordenanza de Emergencia aprobada por el Concejo Municipal. Pidió, en ese sentido, “contextualizar” el proceso administrativo realizado, ya que se vio alterado por la situación de crisis.

Quintana reconoció que se advirtió que los precios ofertados por la empresa Almacén de Campo estaban por encima de los máximos de referencia determinados por el Gobierno nacional, dato que, según dijo, previo a la compra fue planteado por el Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, a la Comisión de Seguimiento conformada en la misma Ordenanza de Emergencia.

Tal como informó En estos días, la Municipalidad adquirió por 8,6 millones de pesos los alimentos para seis mil módulos, y, tal como sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la compra de barbijos, pagó montos muy por encima de los precios máximos de referencia e incluso superiores en una cifra millonaria a una de las ofertas presentadas por otra empresa.

Tanto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los casos se zanjaron con el desplazamiento de los funcionarios involucrados en las compras.

El titular de Hacienda y responsable de la operatoria explicó que la adquisición de los alimentos se realizó “de urgencia” ante la “demanda social”, y que se efectuó “antes que se reglamentara la Ordenanza de Emergencia”, es decir durante una suerte de gris normativo que flexibilizó los controles sobre el proceso administrativo.

Con posterioridad a esa compra, “se establecieron los protocolos” que ahora exigen, por caso, que sea la Jefatura de Gabinete -que conduce Barberis- la que dé el visto bueno final a cada operatoria de este tipo.

Quintana dijo que al momento de la compra de los alimentos “no existía un protocolo de procedimiento”.

Justificó que la Municipalidad haya optado por la oferta de Almacén de Campo en los tiempos de la entrega, ya que Puelche -que realizó una propuesta 1,4 millón de pesos más barata- solicitó tres días para cumplir con la totalidad del stock.

Pero además, realizó un amañado cálculo para llegar a la conclusión que la propuesta de la empresa ganadora era “sólo 90 mil pesos más cara”. Dijo, incluso, que en el expediente de compra figura “de su puño y letra” una nota con ese cálculo. Para ello incluyó la oferta de La Varense -con indisimulables vínculos con Almacén de Campo, tal como demostró este medio en anteriores notas-, que realizó una propuesta más onerosa.

La oferta de Puelche fue de 5.159.090 pesos, contaba con seis productos para entrega inmediata y los otros cinco “a partir del lunes”, es decir tres días después de presentada la nota. Almacén de Campo cotizó 8.352.000 pesos, no presupuestó tallarines, y ofreció un plan de pago a 60 días. La Varense presupuestó 8.556.000 pesos.

En la decisión de Quintana pesó más el pago diferido y la entrega inmediata -no con tres días de demora-, y así resolvió pagar 1,4 millón de pesos más en relación a la oferta de la empresa que realizó la mejor propuesta.

 

Justificó la decisión en la “urgencia social” y la demanda generada por la crisis. “Elegir la opción más económica hubiera perjudicado la fecha de la entrega”, dijo a En estos días.

Sobre los valores por sobre los precios máximos de referencia del Gobierno nacional dejó entrever una crítica a esa política por no contemplar las realidades regionales, y dijo que los proveedores “prefieren muchas veces no venderle al Estado”.

Argumentó que el Régimen de Contratación del Estado municipal no especifica que deben tenerse como referencia los precios máximos. Sin embargo y paradójicamente, el Municipio fue designado por un Decreto provincial como agente de control del cumplimiento de los precios máximos en los supermercados y comercios minoristas de la ciudad. Es decir que la Municipalidad inspecciona y multa a los comercios que no cumplen con los valores de referencia, pero al mismo tiempo le compra a esas mismas empresas con precios que no respetan la norma nacional.

Quintana se quejó que el resultado de las multas aplicadas no engordan las arcas municipales, sino que son transferidos a la Provincia.

Finalmente, el titular de Hacienda dijo “desconocer” el vínculo entre las firmas Almacén de Campo y La Varense, pero arriesgó que el Régimen de Contratación Municipal no prohibe comprar o contratar a una empresa que tenga un mismo domicilio fiscal que otra. “No hay un impedimento formal”, señaló, para luego plantear:

Diego Quintana: Estas cuestiones que vos hablás, subjetivas, de la conformación de la personería jurídica son cuestiones que agregás a la historia o a la vida de las sociedades de la ciudad. La Municipalidad lo que analiza es que el proveedor tenga la constancia de inscripción en AFIP, en Ingresos Brutos, que tenga la actividad relacionada.

En estos días: Que dos de las tres empresas oferentes tengan la misma dirección, ¿no se constata?

Diego Quintana: No es un delito tener en un domicilio fiscal dos empresas. Hay un montón de empresas que funcionan en el mismo...

En estos días: Puede configurar un delito que se presenten como dos empresas distintas ante una licitación del Estado.

Diego Quintana: Son dos personas jurídicas.

En estos días: Con una misma dirección

Diego Quintana: ¿Vos ves una gravedad ahí?

En estos días: Sí, por supuesto. Creo que es una misma conformación, que trabajan en paralelo. Que abrieron dos CUIT distintos para, por ejemplo, simular una compulsa de precios ante el Estado.

Diego Quintana: Ajá. ¿Ahí ves una afectación?

En estos días: Ese es uno de los puntos de las posibles irregularidades, sí.

Diego Quintana: Ajá.

En estos días: Tienen la misma dirección, tienen antecedentes societarios comunes. Son el mismo grupo que abrió dos CUIT para presentarse en convocatorias del Estado y simular una compulsa de precios. Me llama la atención que el Municipio no lo constate.

Diego Quintana: ¿Y si hacés la denuncia?

En estos días: A mí no me corresponde hacer la denuncia. Soy periodista, no soy fiscal.

Quintana descartó así que el Estado afine los controles sobre los vínculos entre las empresas que participan en licitaciones o compulsas de precios, y justificó que la priorización en las compras se dará por la relación entre precio, plazos de entrega y plan de pago ofertado.