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Migrantes en tiempos de excepción: desigualdades en el aislamiento

El 80 por ciento de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia y sólo el 28 por ciento tenía un trabajo formal cuando comenzó la cuarentena. Un informe de investigadores del IPEHCS - Conicet - Unco, y la Universidad Nacional del Comahue sobre la invisibilización y criminalización del sector.

06/05/2020
Nacional

(Imagen ilustrativa - Foto Página/12)

Desde que el Coronavirus COVID-19 ha sido declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Argentina el Estado Nacional inaugura un tiempo de excepción, el cual amerita una serie de intervenciones extraordinarias junto a paquetes de medidas económicas y sanitarias. La política de aislamiento establecida por Decreto de Necesidad y Urgencia (Decreto 297/2020) y prorrogada hasta la fecha, puso en evidencia gravísimos niveles de exclusión social y un impacto inmediato en los territorios. La consigna del Estado Nacional expresada en el “#Quedateencasa”, demuestra dicha desigualdad: a la vez que para algunxs supone una cuarentena segura, un confinamiento temporal, para otrxs se trata de una condena a la intemperie, a las desarticulaciones de tramas territoriales, al no acceso a su sustento diario, que, en términos sociales, es sentido como un dejarse morir in-movilizado, en el que las políticas públicas intervienen en el destino de algunxs y de otrxs (Mbembe, 2003).

¿Qué sucede con lxs migrantes, quienes se movieron desde su lugar de origen y construyeron trayectorias personales, familiares y laborales desde la circulación, el traslado, la consolidación de redes y la inserción en trabajos que suelen estar marcados por la precariedad y la informalidad?

Las personas migrantes, especialmente provenientes de países latinoamericanos y africanos, suelen ser ubicadas por el sentido común como lxs sujetxs no deseadxs dentro de un Estado, como colectivos que disputan el acceso a beneficios sociales o que llegan a la Argentina a quitar trabajo, siendo víctimas de situaciones de discriminación que, bajo un estado de excepción, se potencian y, paradójicamente, también se invisibilizan. El rol del Estado asume un carácter ambivalente: a la vez que busca garantizar derechos, particularmente desde la atención sanitaria, también (re)produce la violencia de la exclusión para ciertos sectores.

Frente a este panorama, desde el Espacio Agenda Migrante 2020 (integrado por organizaciones de migrantes, de derechos humanos, instituciones académicas, etc.), se ha diseñado una breve encuesta que fue distribuida a personas migrantes en todo el territorio argentino en las últimas dos semanas. En un primer reporte, y al cabo de cinco días, se han obtenido alrededor de mil respuestas. En ellas se pone de manifiesto que:

* Alrededor del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

* Lxs más afectadxs en este contexto de emergencia sanitaria son quienes llegaron al país en menos de dos años, puesto que disponen de menos redes de apoyo.

* El 77% de lxs participantes afirma no recibir beneficios sociales ni ayudas de ningún tipo.

* Solo el 28% de lxs migrantes se encontraba trabajando de manera formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio; el resto, trabajaba de manera informal (26,5%), de forma esporádica (28.3%) o no trabajaba (17,2%). 

* El 58% de las personas indicó que al iniciarse el aislamiento dejó de percibir un salario o ingreso.

Estos sucintos hallazgos ameritan esbozar algunas reflexiones, en torno las condiciones que enfrentan las personas migrantes junto a otros sectores sociales empobrecidos en la Argentina. Es por ello que desde este colectivo académico en el que abordamos y vivenciamos las migraciones desde equipos de investigación consolidados de CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue, nos expresamos también desde inquietudes políticas. Pretendemos aportar a la comprensión de las migraciones como procesos sociales, políticos, culturales, que componen realidades en nuestro territorio y analizar el modo en que la crisis derivada de las medidas tomadas por la expansión del COVID-19 reconfiguran vulnerabilidades que atacan el acceso universal a derechos.

Los datos de la encuesta nos han conmovido y adherimos a las expresiones de colegas que a lo largo del país denuncian la desigualdad a la que se ve expuesta la población migrante, particularmente en el acceso al IFE (CELS 22/4/20; Gil Araujo y Rosas 30/4/20; Gavazzo y Penchaszadeh 30/4/20) y a las limitadas posibilidades de generar ingresos dada la visible precariedad e informalidad laboral que padecen. Consideramos, por ello, que esta coyuntura pone en apriete a esta población, profundizando un poco más la situación de exclusión que, en términos de Castel (1997), pretende nombrar aquello que no se puede nombrar, es decir, remitir a la falta de palabra que unifique la crueldad que padecen “otrxs”. 

Este estado de excepción pone sobre el tapete las distinciones estatales en torno al tratamiento de la población. Si el virus no discrimina clases sociales, parecería que el Estado no se conduce de igual modo. Las personas migrantes en nuestro país son objeto de prácticas punitivas y criminalizantes, que tensionan la promoción de derechos y seguridad social, contenidas por la actual Ley de Migraciones N° 25.871. Estas tensiones se expresan en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017aún vigente establecido por el ex presidente Mauricio Macri, así como en una serie de requisitos difíciles de cumplir y que obstaculizan el acceso a garantías (por ejemplo: contar con dos años de residencia y DNI para ser beneficiarix de la AUH o del subsidio IFE). Es importante destacar que las trabas para la regularización migratoria impuestas por el gobierno de la gestión Cambiemos, no se han modificado radicalmente, lo cual ha impedido el acceso a los trámites de radicación así como a la obtención del DNI. Esto redunda en una barrera para el acceso a beneficios sociales, a la salud, a educación y a trabajos formalizados. 

Estas vivencias se ven empeoradas por el cierre preventivo de las fronteras en el marco del Aislamiento para enfrentar la pandemia del COVID-19.  Tal medida de control de los Estados, supuso un aumento de personas que se encuentran en una situación de migración forzosa internacional al interior de cada territorio. En algunos casos, ante trayectorias de movilidad transfronteriza se impuso una inmovilidad definitiva.

Lxs colegas mencionadxs (CELS; Gil Araujo y Rosas; Gavazzo y Penchaszadeh; el colectivo Agenda Migrante 2020) se expresan en torno a la figura de “habitante” que, ampliando la del “residente” o “ciudadanx”, se reconoce en la Constitución Nacional (4) y que elimina estas distinciones para el acceso a derechos básicos. Se trata de una reivindicación, no solo en un contexto de emergencia sanitaria, sino más aún, de tipo identitario como sujetxs de derechos. Lxs migrantes viven situaciones de precariedad –material y simbólica– que suele deshumanizarlxs (Butler, 2009), por lo que el acceso a derechos, no puede ser un privilegio -más aún al ser el modo central por el que se adquiere reconocimiento individual-. La figura de “habitante” constituye una herramienta legal y discursiva que debe colocar a estas personas en una posición de sujetos de derecho.

Consideramos que éste debe ser el horizonte al que apunten las políticas sociales, a fin de abordar de una manera integral la emergencia de la pandemia. No se trata de una situación de excepción, se trata de un modo de diseñar políticas verdaderamente hospitalarias, en el marco de la garantía de derechos básicos.

En este sentido, nos parece de absoluta urgencia que las autoridades competentes atiendan a las medidas que se proponen en el informe sobre la encuesta ya mencionada. Como es de saberse, este contexto de emergencia y excepción complejiza la realidad de todas las personas que habitan el territorio nacional, pero las consecuencias que recaen sobre los cuerpos migrantes que históricamente han sido racializadxs y estigmatizadxs, pone en jaque la posibilidad de existencia digna. Consideramos que las medidas que se están tomando hoy desde el Gobierno Nacional no responden a esta realidad, ni contempla a toda la población migrante habitante del territorio nacional. 

Como equipo de investigación adherimos a la denuncia de exclusión y desigualdad que recae sobre lxs migrantes en este contexto y alertamos sobre la necesidad de propiciar, cuanto antes, medidas que respondan a la situación real de lxs migrantes y que conlleven a mitigar la precariedad en la que se habita. 

 

Autores

Mariana González (UNCo)

Victoria Ibañez (UNCo)

Silvia Brouchoud (UNCo)

Verónica Trpin (Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales-CONICET-UNCo)

Andrea Stefanía Sierra Bonilla (UNCo)

 

(1) CELS: La población migrante debe acceder al IFE

(2) Sociología en cuarentena: De extranjeros y habitantes en tiempos de pandemia

(3) Revista Anfibia: Migrantes, la cuarentena imposible

(4)  “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina” (Preámbulo CN).

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” (Artículo 14 y cc.).

 

Bibliografía citada:

BUTLER, J. (2009). Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires: Amorrortu.

CASTEL, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Paidós, Buenos Aires, 

HONNETH, A. (1997) La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona: Crítica.

MBEMBE, A. (2003) Necropolitics. Public Culture. New York.