Comunidad Buenuleo: Justicia Federal se declaró incompetente

El expediente por “usurpación” iniciado por los supuestos propietarios no encuentra Tribunal que lo resuelva. Ahora la Corte Suprema definirá la competencia, pero el trámite puede llevar varios años. Malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

07/05/2020
Bariloche

 

El Juez Federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, resolvió en un trámite express declararse incompetente en la causa por supuesta “usurpación” del lote en disputa entre la Comunidad Buenuleo y un privado.

A ese fuero había sido remitido el expediente por el Tribunal de Impugnación, que en diciembre pasado interpretó que la controversia debía saldarse en el fuero Federal.

Ahora deberá ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva la competencia -provincial o federal- para el análisis del expediente. Un trámite que puede llevar hasta cuatro años, explicaron a este medio abogados vinculados al caso.

La decisión de Zapata sorprendió a las partes involucradas, ya que el Juez recibió la causa en diciembre y hasta este miércoles que se anunció la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, no había producido avance alguno sobre el expediente.

En la causa figuran como imputados por “usurpación” los integrantes de la comunidad que, en septiembre de 2019, recuperaron el predio de 90 hectáreas ocupado por Emilio Friedich. Esa imputación fue promovida por los fiscales Martín Lozada, Tomás Soto, y Gerardo Miranda.

Dos jueces, Sergio Pichetto y Marcos Burgos, ratificaron la imputación, pero, ante el planteo de la defensa, el Tribunal de Impugnación resolvió la competencia federal en el caso.

La reciente decisión de Zapata abre un incierto panorama para el caso, ya que pueden pasar varios años hasta que la Corte Suprema resuelva la competencia.

Mientras tanto, ¿quién custodiará el lugar e impedirá nuevas agresiones contra la Comunidad, como la ocurrida el pasado 29 de abril?

 

La noticia de la resolución del Juez Federal subrogante de Bariloche causó malestar entre los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que arribaron a la ciudad para tratar este tema.

Este miércoles, dijeron a En estos días que la medida demostraba ánimo de “sacarse de encima” la causa, luego de varios meses sin avances.

Explicaron a este medio que el magistrado podría haber dictado alguna medida tendiente a resguardo de la seguridad de la zona, y luego declarar la incompetencia.

Los abogados defensores de la Comunidad habían solicitado que sea una fuerza de seguridad federal la que ejerza la custodia, teniendo en cuenta los antecedentes de la Policía de Río Negro, quienes, según explicaron, “liberaron la zona”, para que el último ataque pueda producirse.

Ahora se abre un proceso de incertidumbre en torno a los plazos para la resolución de la cuestión de fondo -la propiedad de la tierra-, y sobre quién y con qué metodología asumirá la custodia de la Comunidad.

 

Abogados contra la Provincia

 

En tanto, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) repudió la violencia ejercida contra la Comunidad Buenuleo, y cuestionó al Estado rionegrino.

Señaló que en la Provincia subsiste una “política criminal racista” contra los mapuches, y recordó que en “noviembre de 2019 la AADI solicitó al Procurador General la creación de una Fiscalía temática o especializada y capacitación a los funcionarios. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta”.

“Este nuevo episodio -planteó la entidad- es una consecuencia directa de la inacción y de la falta de compromiso del Ministerio Público, del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Ejecutivo de no modificar la política criminal racista en Río Negro”.

Para los abogados, “este atropello no es una acción aislada sino otro episodio de los constantes amedrentamientos con armas de fuego perpetrados por los mismos agresores que fueron denunciadas públicamente y ante el Ministerio Público Fiscal de Bariloche. Sin embargo, el Fiscal Jefe Martín Lozada, ordenó levantar la custodia policial, liberando la zona para que ocurra esta nueva ola de violencia contra la Comunidad, permitiendo que un grupo organizado intente despojar por la fuerza a los Buenuleo de su territorio”.

Finalmente, los abogados de derecho indígena señalaron que “la política criminal racista porque es un patrón consolidado en las instituciones judiciales al momento de interpretar y aplicar la ley en conflictos territoriales indígenas”.