# LA PELEA POR EL CATEDRAL

Aval judicial a la eternización de CAPSA en el Catedral

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche desdobló dos causas y dio vía libre a la ratificación de la ordenanza que avaló el convenio firmado por la empresa de la famiglia Trappa y Gennuso. Sin licitación, CAPSA se verá beneficiada por una prórroga del contrato hasta 2056.

20/05/2020
Bariloche

(foto archivo gentileza José Luis Zamora)

La estrategia judicial y política de Catedral Alta Patagonia para eternizarse en el cerro logró en las últimas horas un espaldarazo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche. Los jueces Carlos Cuellar, Emilio Riat y Jorge Serra avalaron el desdoblamiento de los dos expedientes que habían frenado el convenio suscripto entre la empresa y el Intendente Gustavo Gennuso, y de esa forma consideraron “abstracta” la causa.

El legislador del Frente de Todos, Alejandro Ramos Mejía, había dado el paso previo y necesario para que la empresa de la famiglia Trappa se beneficiara con el fallo, al desistir de la demanda que había entablado contra la Municipalidad por la aprobación de la Ordenanza N° 2929 de 2018 que había ratificado los términos del acuerdo entre el jefe comunal y la firma concesionaria de los medios de elevación.

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A partir de ese desestimiento -que profundizó las internas en el Justicialismo de Bariloche-, la Municipalidad pidió a la Cámara de Apelaciones en lo Civil que desdoble el expediente y declare abstracto el proceso judicial. Argumentó que la demanda inicial firmada además por la ex legisladora Edtih Garro y los ex concejales Ana Marks y Daniel Natapof, cuestionaba los términos del acuerdo firmado entre Gennuso y CAPSA y que ese trámite administrativo había superado por la aprobación de la ordenanza. Ni Marks ni Natapof cuestionaron judicialmente la ordenanza, hecho que sí hizo Ramos Mejía.

Lo cierto es que los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil -con el voto rector del Juez Riat- rechazó el planteo de Marks y Natapof para que el expediente se mantenga unido y declaró abstracta la cuestión de fondo, es decir el cuestionamiento de inconstitucionalidad sobre el acta de intención suscripta en 2017 por el jefe comunal con la famiglia Trappa.

Sebastián Trappa, CEO de CAPSA

“Sea cual fuere la decisión que se adopte sobre la resolución, subsistirá la autorización de prórroga conferida por el Concejo Deliberante, sobre la que ya no pesa ningún cargo, ni puede emitirse un pronunciamiento alguno, concreto y válido. Para ser válida, la sentencia debe ser congruente, y para ser congruente debe ajustarse estrictamente a lo pretendido por las partes, sin pronunciarse sobre asuntos no sometidos a juicio. Con otras palabras, resultará ocioso, carente de utilidad, y por ende abstracto, pronunciarse sobre la Resolución 6961-I-17 si no subsiste cuestionamiento alguno contra la Ordenanza 2929-CM-18 que ha conferido la autorización concreta y establecido los recaudos definitivos de la prórroga discutida", explicó Riat en su voto, al que adhirieron Cuellar y Serra.

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Si bien aún resta una instancia de apelación posible ante el Superior Tribunal de Justicia -y con posterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, lo cierto es que CAPSA está a un paso de lograr quedarse, sin licitación, con el contrato de concesión hasta 2056.

Los magistrados autorizaron además que la empresa CAPSA pueda participar de la contienda judicial, en caso que exista una instancia de apelación.

Durante la segunda mitad del año 2017 y comienzos de 2018, la intención de Gennuso de prorrogar sin licitación el contrato de CAPSA generó una movilización ciudadana que reclamó la apertura del debate en torno del futuro del cerro y los beneficios que deberían derivar de la concesión. Se reunieron más de seis mil firmas pidiendo una consulta popular, y durante una audiencia pública casi la totalidad de los oradores cuestionó el acuerdo firmado por el jefe comunal.

El propio Ramos Mejía, junto a Natapof, Marks, Garro, y otros dirigentes del Justicialismo de Bariloche, encabezaron el reclamo de vecinos y vecinas, y decidieron judicializar el proceso.

Un año y medio después, el desistimieno del legislador permitió el desdoblamiento de los expedientes. Ramos Mejía aduce la inviabilidad jurídica para el sostenimiento de la demanda y, al mismo tiempo, un nuevo “clima político” a nivel nacional. Asegura que el Gobierno de Alberto Fernández ve con buenos ojos la continuidad de la concesión en manos de CAPSA, y que altos funcionarios del Ejecutivo y representantes oficialista rionegrinos en el Congreso, así se lo hicieron saber.