Presentan medida cautelar para evitar la entrega del cerro Catedral

“Vecinos por un cerro para todos” presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia. Pidió que se analice la inconstitucionalidad de la ordenanza que avaló el acuerdo entre Gennuso y CAPSA, y que se frene de manera cautelar la inminente firma del contrato. La famiglia Trappa quedó en la mira de la Justicia por el supuesto caso de trata de personas en su estancia de La Pampa.

30/05/2020
Bariloche

(Foto archivo José Luis Zamora)

El acto de firma del contrato de extensión contractual hasta 2056 a favor de Catedral Alta Patagonia (CAPSA), deberá esperar.

El acuerdo que iban a rubricar en los próximos días el Intendente Gustavo Gennuso y la famiglia Trappa está sujeto ahora al análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Es que el colectivo “Vecinos por un cerro para todos” presentó ante el máximo órgano judicial de la Provincia una demanda para que se analice la posible inconstitucionalidad de la Ordenanza 2929 de 2018, que avaló el contrato. El escrito solicita que se dicte una medida cautelar para suspender la entrada en vigencia de la extensión contractual, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Los argumentos centrales de la presentación apuntan a las “afectaciones de orden ambiental que podría general la puesta en vigencia de la ordenanza”, y el “desconocimiento de los principios básicos del derecho ambiental, específicamente los principios de prevención y precautorios que son violados”.

El grupo señaló que la ordenanza “avanza en autorizaciones sin plantear ninguna evaluación de impacto ambiental, y violando expresamente normas ambientales vigentes”.

Además cuestiona “las afectaciones al derecho a la participación que inciden de manera directa en preceptos constitucionales, que incorporan institutos de democratización de las decisiones públicas, ya que la sanción de la ordenanza desconoció un proceso ciudadano de participación”. Hacen referencia, en ese sentido, a la movilización ciudadana que logró reunir más de seis mil firmas en un petitorio para que se convoque a una consulta popular que defina el futuro del cerro Catedral.

Nota relacionadaAsí fue la audiencia pública por el futuro del cerro

Finalmente, el último de los ejes planteados por “Vecinos por un cerro para todos”, es la afectación a los “principios de legalidad, no discriminación y transparencia que debe regir en la contratación y administración de bienes públicos”.

Para los autoconvocados, “todas estas irregularidades perjudicarán de manera significativa e irreversible derechos que han sido reconocidos y consagrados en nuestra Carta Magna, por ello encontramos procedente plantear la presente acción de inconstitucionalidad preventiva”.

 

Entre los firmantes de la acción elevada al Superior Tribunal figuran el legislador del Frente de Todos, Ramón Chiocconi, el titular de la CTA rionegrina, Jorge Molina, y referentes sociales, políticos y gremiales de la ciudad de Bariloche.

“Seguimos luchando porque el futuro del principal activo económico de nuestra ciudad se defina en un proceso participativo y plural que respete el cuidado del ambiente”, indicaron a través de una gacetilla de prensa. Y agregaron que “los ardides legales hicieron caer la cautelar vigente, pero la Justicia no se expidió sobre la cuestión de fondo: si la entrega del Cerro es legal o no”.

En ese sentido, la demanda repasa que debido al desestimiento del legislador Alejandro Ramos Mejía -“mera y simple circunstancia procesal”, dijeron los vecinos-, “el órgano jurisdiccional se encuentra ante una situación en la que es muy probable que no pueda juzgar en relación al fondo del planteo jurídico afectado”.

Esa decisión de Ramos Mejía destrabó la cautelar que pesaba sobre la ordenanza, a partir de la decisión de la Cámara de Apelaciones en Civil de desdoblar los expedientes y declarar abstracto el planteo contra la Resolución que ratificó el acuerdo suscrito entre Gennuso y CAPSA.

“Creemos que como comunidad es fundamental que tengamos certezas sobre la administración de nuestro patrimonio y bienes comunes, y sobre el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección ambiental. Compartimos el objetivo de promover la inversión, actividad económica y puestos de trabajo, más en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, pero Gennuso intentan hipotecar nuestro futuro como comunidad y el de nuestros hijos, y no podemos permitirlo. Nadie le dio mandato para eso. Las leyes están para cumplirlas y el cuidado del ambiente es una obligación insoslayable. Gennuso tendrá que esperar que la Justicia se expida”, concluyeron los vecinos.

En los últimos días, paralelamente, la famiglia Trappa quedó en la mira de la Justicia por el posible caso de “trata de personas con finalidad de explotación laboral” en perjuicio de un grupo de peones chaqueños.

Tal como publicó En Estos Días, esos trabajadores fueron ingresaron de forma irregular en la estancia pampeana “Cabaña Curaco” -del mismo grupo económico Vía Bariloche; vivían en condiciones inhumanas; cobraban en negro; y fueron trasladados de urgencia 450 kilómetros, desde General Acha, La Pampa, hasta Cipolletti, Río Negro, en dos grupos: uno en la caja de un camión semi remolque, precintado desde afuera; y el segundo en la caja de una camioneta, de madrugada y sin abrigo.

Nota relacionadaDenuncian al grupo Vía Bariloche por supuesta trata de personas

La Justicia Federal, tras las publicaciones de este medio y Agencia Cadena del Sur, recibió las denuncias correspondientes e inició la pesquisa para determinar las responsabilidades del grupo económico en la explotación de los trabajadores.