# FUE ILE

Tarde

En Viedma, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una víctima de violencia de género, reavivó la picadora de carne institucional que aún sigue revictimizando a las mujeres que deben ser asistidas por el Estado rionegrino.

13/06/2020
Viedma
Carolina González

 

La secuencia de hechos fue la siguiente: Una trabajadora de la Secretaría de Igualdad de Género antepuso sus creencias religiosas a su deber público y denunció la supuesta “clandestinidad” de un aborto que era legal; un fiscal allanó una Casa Refugio donde conviven mujeres asustadas, vulnerables y en riesgo con sus hijes menores de edad; una institución pública decidió iniciar sumarios internos a las trabajadoras que actuando con perspectiva de género acompañaron a la mujer vulnerada en su decisión de interrumpir su embarazo; un policía de Río Negro “filtró” un informe interno a medios de comunicación que expusieron datos de las mujeres involucradas, hablaron de abortos clandestinos y tergiversaron información.

Agrupaciones feministas y ciento de mujeres de la comarca Viedma-Patagones gritaron con contundencia: “Fue ILE”; fue una Interrupción Legal del Embarazo.

Era tarde, el daño estaba hecho.

 

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“Fue una ILE con todas las de la ley”, repitió José Robacio en todas las emisoras radiales de la ciudad de Viedma, a lo largo de la última semana. El Director del Hospital Artémides Zatti habló sobre un procedimiento que se realiza con regularidad, que desde el 2012 cuenta con un protocolo en la provincia de Río Negro. Pero lo dijo tarde, cuando otros medios de comunicación, las redes sociales y muchos vecinos ya repetían que “en una institución del Estado se había realizado un aborto clandestino”, y la estigmatización envolvió a muchas mujeres que hoy lloran de miedo.

Los datos de la historia, son los siguientes: Una joven vulnerada y violentada por su ex pareja estaba viviendo en la Casa Refugio que la Secretaría de Igualdad de Género -dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia- tiene en la ciudad de Viedma. Ella y dos hijes, estaban bajo resguardo porque el violento estaba en libertad.

Con todo el derecho que la asisten las leyes nacionales y la ley provincial de Aborto no punible (Nº 4796); asesorada por trabajadoras de la Secretaría de Igualdad de Género y también por mujeres de la agrupación Rosa Salvaje, solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el hospital local. Un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, con pastillas de misoprostol, que tiene efectos inmediatos y seguros en el cuerpo.

Sin embargo, el ejercicio del derecho a decidir fue interpretado por una de las operadoras que trabaja en la Casa Refugio y por una mujer policía que cumplía adicionales, como un aborto clandestino, promovido y gestionado por otras trabajadoras del lugar.

Por esa razón, sin dar intervención a sus superiores, la operadora de la Casa Refugio radicó una denuncia penal en la fiscalía que conduce Guillermo Ortiz, quien ese mismo día solicitó diferentes medidas: un pedido de información sobre la paciente al Hospital Artémides Zatti, y dos allanamientos, uno a la Casa Refugio y otro a la vivienda particular de una de las denunciadas.

A primera hora del día siguiente, aún sin que las medidas pedidas fueran realizadas, una radio y un diario local instalaron en la opinión pública la versión sobre un aborto clandestino realizado en una dependencia pública provincial.

El informe que brindó el Hospital fue contundente, la interrupción legal del embarazo se realizó a pedido de la paciente que firmó el consentimiento. Para ello contó con el acompañamiento terapéutico necesario; las drogas se retiraron desde la farmacia del mismo nosocomio y la paciente fue acompañada emocionalmente por trabajadoras de la Secretaría de Igualdad de Género y también por integrantes de Rosa Salvaje, Socorristas en Red. No hubo clandestinidad, ni oscurantismo, hubo una decisión consciente de una mujer sobre su propio cuerpo.

 

La información sobre “un aborto clandestino”, que aún está penado por la ley argentina, fue filtrada a la prensa desde una dependencia policial, que a través de un informe interno expuso datos como nombres y direcciones. Por seguridad, esos datos deberían ser resguardados.

El torbellino que se inició el lunes 8 de junio se volvió tormenta para el día viernes. La Casa Refugio hoy no resguarda a nadie, y en la Secretaría de Igualdad de Género están expectante a las “consecuencias” de las mentiras impregnadas a fuego... como en el medioevo.

Mercedes Pietranella, la titular de la cartera de la cual depende la Casa Refugio, descartó que el problema se haya originado por falta de capacitación del personal en perspectiva de género. Aunque reconoció “fallas” y que “se deben mejorar los protocolos de atención” a víctimas de violencia.

Pero sobre todo remarcó que “el problema es que llegamos a una denuncia penal (presentada por una operadora de la propia Casa Refugio, y empleada de la Secretaría de Igualdad de Género), y eso no es gratis. Según la denuncia que realiza la operadora, pareciera que las demás se dedicaban a esto (hacer abortos) alegremente. Ella podría haber recurrido a sus superiores antes de ir a una fiscalía, pero no lo hizo”.

Dijo además que la Casa Refugio no se encuentra operativa por toda esta situación y que “todo va a tener su consecuencias”, aunque no quiso explayarse.

Pietranella cree que la denuncia penal no va a prosperar. Si bien hasta el momento no se han formulado cargos, tampoco se desestimó la causa.

El Fiscal Guillermo Ortiz no quiso brindar entrevista a este medio. Pero desde el Ministerio Público Fiscal defendieron las medidas adoptadas: “La Fiscalía tiene la obligación de realizar todas las pruebas necesarias de cargo y descargo”, dijeron fuentes internas.

Consultadas las mismas fuentes sobre capacitaciones en perspectivas de género para actuar en casos como estos, afirmaron que “las están recibiendo, desde al año pasado, desde los choferes hasta el mismo Procurador General de la provincia”.

A pesar de esa “capacitación”, los policías y funcionarios judiciales que realizaron la diligencia en el Refugio no repararon en que la víctima y sus hijes estaban presentes, y pusieron en marcha el proceso de revictimización.

 

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“¿Cómo va a querer una mujer ir a denunciar violencia si los mismos empleados que la deben resguardar salen a denunciarlas?, ¿cómo va a solicitar una ILE si queda expuesta en los medios de comunicación”. Bárbara Donoso, integrante de Rosa Salvaje, se divide entre el enojo, la furia y la preocupación.

Como parte de la red nacional de rescatistas que acompañan a mujeres que deciden abortar, está acostumbrada a ser señalada, criticada y estigmatizada. Pero es la primera vez que una institución pública las convoca, y lo que debía ser el comienzo de una experiencia de colaboración, se convirtió en una pesadilla.

“Ella había accedido a un ILE que el sistema de salud garantiza, pero desde la Secretaría de Igualdad de Género consideraron que por nuestra experiencia, podríamos brindarle orientación emocional”, cuenta Bárbara.

Aclara además que nunca le proporcionaron las pastillas de misoprostol como quisieron hacer creer. Pero la presencia de las socorristas en el lugar hizo suponer a la trabajadora que denunció que algo “clandestino” e “ilegal” se estaba gestando.

En los próximos días se esperan renuncias o desplazamientos dentro de la Secretaría de Igualdad de Género y también contradenuncias penales. En tanto, los sumarios internos que el área de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano habría iniciado a las operadoras, se encontrarían por el momento en suspenso.

Sean cuales sean las medidas que las instituciones rionegrinas adopten para intentar reparar el daño causado, llegarán tarde: el nombre de una mujer violentada y sus circunstancias ya fueron estigmatizadas, señaladas por el Estado y los medios. Todo porque decidió sobre su cuerpo.