Tres heridas

Se cumplen diez años del asesinato policial de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Para los familiares, las sentencias judiciales de 2018 que condenaron a algunos de los responsables, tienen sabor a poco. Los asesinos siguen libres. La Multisectorial contra la Represión dijo que en el Alto de Bariloche se comete “un genocidio a cuenta gotas”.

17/06/2020
Bariloche

(Foto José Luis Zamora)

Pasaron ya diez años desde el asesinato policial de tres jóvenes en el Alto de Bariloche. Los crímenes de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco expusieron no sólo la violencia policial que cotidianamente se ejercía -y ejerce- contra los sectores populares de la ciudad, sino también las dificultades que tienen esos mismos sectores para acceder a la justicia.

Diez años después, solo el asesino de Bonefoi, el cabo Sergio Colombil, está tras las rejas. Fue condenado a 20 años de prisión, aunque la pena por el hecho hubiera merecido -según el artículo 80 inciso 9 del Código Penal- prisión perpetua.

En tanto, los responsables materiales e ideológicos de la represión que culminó con los asesinatos de Cárdenas y Carrasco, siguen libres.

Mira el Especial¿Quién mató a Cárdenas y Carrasco? El juicio

En diciembre de 2018 los jueces Marcelo Barrutia (presidente del Tribunal), Emilio Riat, y Juan Lagomarsino dieron por probados los hechos descritos por la Fiscalía y las querellas y resolvieron condenar por unanimidad a 4 años de prisión efectiva e inhabilitación por 8 años para ejercer cargos públicos al ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y los jefes policiales, Jorge Villanova y Argentino Hermosa, encontrándolos responsables de “homicidio culposo” e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Tribunal entendió que el responsable de Seguridad de la provincia y los responsables de la Policía, se ausentaron de la ciudad cuando todo indicaba que la protesta social recrudecía.

Abrazo entre los familiares de las víctimas (foto José Luis Zamora)

Para los jueces, “los hechos demuestran que Cufré, Villanova y Hermosa, abordaron el conflicto con reiterada negligencia”.

“No podemos aceptar”, dijo el juez Marcelo Barrutia, “la tesis de los acusadores de que se trató de unos pocos adolescentes tirando piedras contra una feroz represión policial”. Este es un dato surgido, no obstante, de múltiples testimonios, de los registros fílmicos y fotográficos, y del análisis del perito Rodolfo Pregliasco quien aseguró: “Tenemos por un lado 56 policías (más los 20 del Bora) con 12 escudos, 13 armas, 6 móviles; que arrojan piedras, arrojan gases, y que están gastando a razón de 15 cajas de cartuchos cada dos horas. Y del otro lado tenemos no más de 27 adolescentes que tiran piedras, queman gomas, un auto quemado, la agresión a la comisaría”. Según estimó el perito, la policía pudo haber efectuado aquella tarde casi 1.100 disparos de escopeta, entre ellos, algunos con proyectiles de plomo.

Una pena similar recibieron los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo, sindicados como los autores del crimen de Sergio Cárdenas, al ser identificados como integrantes del grupo del cual partieron los disparos con postas de plomo. Los tres resultaron condenados a cuatro años de prisión efectiva, ocho de inhabilitación y la prohibición de portar armas de fuego.

Las sentencias fueron apeladas y hasta el momento ningún tribunal se expidió; las condenas no estás firmes, y los responsables del hecho -por lo menos aquellos que pasaron por Tribunales- siguen libres.

 

Dolor, amor y lucha

 

A diez años de la Masacre del Alto, la Multisectorial contra la Represión Policial enmarcó los asesinatos de los jóvenes Nino Carrasco y Sergio Cárdenas: “La policía con la luz verde del gobierno de Miguel Saiz, para reprimir, asesinó, golpeó y torturó a decenas de vecinos del Alto, sitiando nuestros barrios al mejor estilo de la dictadura militar”. 

“En estos diez años de organización y lucha junto a las familias, jamás dejamos de gritar contra los poderes impunes del estado”, indicaron. 

“Hoy, estamos aquí, de pie, dolidos pero firmes y dignos porque no nos hemos resignado. En diez años logramos construir un nosotros, un nosotros amplio y diverso. Con la capacidad propia de asumir el compromiso de acompañar no sólo para aliviar el dolor, sino para identificar desde el trabajo colectivo a los responsables y las responsabilidades de ese dolor”, plantearon desde la Mutisectorial.

Se preguntaron “quiénes y para qué necesitaron esas víctimas” y explicaron que pusieron la mira sobre “la revisión a conciencia del papel de las comisarías de la policía provincial en distintas etapas, de algunas en particular: antes la 28 como ahora la 42”.

(Foto Alejandra Bartoliche)

“Todo nos preparó para entender rápido el cambio de estrategia en la militarización del territorio, de lo que dimos testimonio en su momento: la represión a la crisis en los supermercados de la navidad del 2012 y el desembarco de la Gendarmería nacional de la mano de Pichetto/Berni. A partir de entonces, se planteó una ‘convivencia’ represiva y delictiva entre un sinnúmero de fuerzas represivas y la provincial, una suerte de división del trabajo sucio. La desaparición forzada seguida del crimen de Lucas Muñoz, el joven oficial de policía que prestaba servicio en la comisaría 42, y la intervención policial en la investigación del femicidio de Micaela Bravo en el mismo período parecían haber sido el final de un modelo policial. Sin embargo, ese modelo de policía provincial resurgió con claridad con la intervención directa de la 42 en el montaje de hechos ‘delictivos’ que pretenden achacarle a los que luchan”.

Desde la Multisectorial cuestionaron el rol del Fiscal Jefe Martín Lozada durante el juicio a la cúpula policial. “Lozada, quién suele auto referenciarse como el defensor de los derechos humanos, ‘negoció’ una pena menor para los asesinos, traicionando a la causa, a las familias y las organizaciones. Ejerciendo una verdadera extorsión moral y política que terminó ese día al menos para muchos de nosotros”, dijeron; y repasaron que el Fiscal “retiró todos los cargos contra el ex titular de la comisaría 28, responsable de la patrulla que mató a Diego Bonefoi primero y de uno de los grupos de policías que tomó represalia directa contra las viviendas de los jóvenes del barrio que acompañaban al adolescente asesinado; y pidió además, la reducción de las penas contra los seis imputados, generando las condiciones institucionales favorables para que la Cámara bajara el monto de las penas solicitadas por las familias querellantes”. 

Finalmente señalaron que lo que sucede en los barrios del Alto de Bariloche es “un genocidio a cuenta gotas”.