Vía libre a la tortura

La mayoría de Juntos Somos Río Negro en el Concejo Municipal rechazó una iniciativa que habilitaría al Comité Municipal contra la Tortura a ingresar al Penal 3 para constatar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. A nivel provincial se demora la conformación del Comité a pesar de los pedidos de Nación.

04/07/2020
Bariloche

Penal 3 de Bariloche (foto prensa Provincia)

El Comité Municipal contra la Tortura seguirá imposibilitado de actuar en el Penal 3 de Bariloche, gracias a la negativa en el Concejo del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro a acompañar un proyecto de comunicación que pedía autorización para verificar en el lugar las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Detenidos y familiares de ellos denunciaron en reiteradas oportunidades que fueron objeto de vejaciones, y de incumplimientos de los protocolos mínimos de seguridad, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, los integrantes del Comité Municipal contra la Tortura intentaron ingresar al Penal. Sin embargo, no pudieron hacerlo debido a un límite burocrático, que a la vez desnuda el escaso valor que la política de derechos humanos tiene para el Gobierno rionegrino: la falta de conformación de ese mismo Comité a nivel provincial rompe la articulación Nación-Provincia-Municipio, necesaria para dar legalidad a cada intervención.

Ante el rechazo de Provincia de instrumentar su Comité contra la Tortura, y observando la cantidad de denuncias que recibieron desde Bariloche, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura resolvió “solicitar a las autoridades provinciales y municipales adoptar todas las acciones necesarias para habilitar al Comité Municipal contra la Tortura, creado en el ámbito de la ciudad de San Carlos de Bariloche, a realizar el cumplimiento de tareas de monitoreo y control de los lugares de privación de la libertad, incluyendo la realización de visitas de inspección”.

El pedido, así como las sucesivas notas enviadas por el Comité local al ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Gastón Pérez Estevan, no tuvieron respuesta. El silencio oficial impide un control sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, que, en Bariloche, no se limitan a lo que sucede puertas adentro del Penal 3, sino que también se multiplican en hecho que comprometen a la Policía provincial.

Última sesión del Concejo Municipal de Bariloche

Por ese motivo, la titular del bloque de concejales del Frente de Todos, Julieta Wallace, presentó un proyecto de comunicación, solicitando a la Provincia que “arbitre los medios para dar cumplimiento” a la resolución del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que solicita “a las autoridades provinciales y municipales adoptar todas las acciones necesarias para habilitar al Comité Municipal contra la Tortura a realizar el cumplimiento de tareas de monitoreo y control de los lugares de privación de la libertad, incluyendo la realización de visitas de inspección (garantizando el ingreso de modo irrestricto a las Unidades Penitenciarias, Comisarías, dependencias policiales y todo otro lugar de detención o encierro)”.

Dicha resolución también habilita al Comité Municipal contra la Tortura a mantener “comunicación con personas privadas de la libertad, la remisión de requerimientos de información a las autoridades, la realización y difusión de informes”.

La misma comunicación solicitaba al Presidente de la Legislatura rionegrina, Alejandro Palmieri, la inmediata conformación del Comité Provincial contra la Tortura, lo cual ordenaría el vínculo y trabajo de los Comités municipales en toda la Provincia.

El proyecto fue rechazado en el Concejo de Bariloche por el bloque mayoritario de Juntos Somos Río Negro, con el acompañamiento de los votos del edil del PUL, Gerardo Del Río, y el de Juntos por el Cambio, Ariel Cárdenas.

Sólo los tres concejales del Frente de Todos votaron a favor de aprobar el proyecto de Comunicación a Provincia.

Luego de la sesión, el Comité Municipal contra la Tortura planteó que “lamenta” que “que la política partidaria tenga más peso que la política pública de Derechos Humanos”.

A través de un comunicado se repasó: “Luego de haber sido designados como herramienta por el Comité Nacional Contra la Tortura, decidimos por unanimidad enviar una comunicación tanto a la Legislatura Provincial de Rio Negro como al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Rio Negro. La necesidad de articular ese canal de diálogo se vio fundamentada en que a este Comité Municipal, el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia Dr. Perez Estevan no ha respondido las notas remitidas solicitando diálogo en todo el año 2019 y lo que va de este 2020”.

El pedido a la Legislatura se basaba en que “hay normativa vigente del orden provincial que expresamente establece como mecanismo de control al Comité Provincial Contra la Tortura y que por una decisión alejada tanto del derecho como del orden constitucional no se encuentra operativa”. Para el Comité Municipal, esa negativa a permitir el funcionamiento de la estructura provincial es “sólo entendible porque responde a una decisión política partidaria que reiteramos lamentamos”.