# ¿QUIÉN MATÓ A RAFAEL NAHUEL?

Testigo del asesinato de Rafael Nahuel dijo que no se entregará a la Justicia

Lautaro González Curruhuinca reiteró que “hasta que no haya una discusión política seria para resolver el conflicto mapuche” continuará en la clandestinidad. La Justicia sostiene su procesamiento por “usurpación”, mientras que por el asesinato de Rafael Nahuel no hay procesados.

14/07/2020
Bariloche

Lautaro González Curruhuinca

Un testigo clave del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina comunicó desde la clandestinidad que no se presentará ante la Justicia “hasta que no haya una discusión política seria para resolver el conflicto mapuche”. Lautaro González Curruhuinca estaba junto a Nahuel cuando los integrantes del grupo de Albatros de la Prefectura atacaron y persiguieron a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, la tarde del 25 de noviembre de 2017. De hecho, junto a Fausto Jones Huala, bajó el cuerpo de Rafael hasta la ruta, en busca de asistencia.

Sin embargo, la Justicia nunca le tomó declaración como testigo y, en cambio, lo procesó por “usurpación” y agresión contra los uniformados. En tanto, la causa central por el homicidio del joven mapuche, Rafael Nahuel, no tiene procesados, luego de la última resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que -con una integración subrogante- decidió anular el procesamiento del Cabo Primero Francisco Javier Pintos.

Hace casi dos años que Lautaro González Curruhuinca decidió no someterse a un proceso ante una “Justicia racista”, y por ese motivo permanece escondido, a pesar que se le libró un pedido de captura.

Hace pocos días, emitió una declaración pública en la que explicó que desde ese momento “tanto la Justicia Federal como el Gobierno solo han puesto trabas para resolver mi situación judicial actual, rechazando todo pedido formal por parte de la defensa”.
González Curruhuinca criticó que “el Gobierno de turno aparece con una propuesta de diálogo poco serio de parte del Ministerio de Seguridad, queriendo sentarse con mi ñuke (madre) sin la presencia de ninguna otra persona, algo raro para un Gobierno que hasta ahora nunca pudo resolver el conflicto mapuche”.

El joven se refiere a la convocatoria realizada por el Gobierno -a través de un funcionario del INAI- a Mirta Curruhuinca, madre de Lautaro, para que se reúna “a solas” con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a González Curruhuinca, se cuestionó esa invitación a la reunión, de manera unilteral, y sin incluir a la representación legal porque “tus abogados son muy de izquierda y críticos con el Gobierno”, según habría dicho el funcionario del INAI.

“Esto demuestra como el estado intenta dividir al pueblo queriendo dialogar con una parte, y por otro lado arman montajes contra las comunidades tratándolos de violentos”, planteó Lautaro desde la clandestinidad, y anticipó que su respuesta es que seguirá “con la misma postura de no humillarme ante nadie ni negociar”.

En su declaración pública agregó que “pedir justicia por el peñi Rafael Nahuel yem” o por cualquier otro mapuche agredido por el Estado sería “creer en ellos; creer que nuestros enemigos pueden ser justos”, y dijo que “mientras la Justicia trabaje para cuidar los intereses de los terratenientes, empresarios y los intereses del estado, no habrá justicia para nadie, menos para el pueblo mapuche”.

Explicó que “hasta que no haya una discusión política seria para resolver el conflicto mapuche en general”, mantendrá su postura, aunque evaluó que “esto nunca va a ocurrir” porque “creer en la Justicia sería desconocer la naturaleza del enemigo”.
Finalmente, dio su apoyo a “todas las recuperaciones territoriales que se han desarrollado en este tiempo, creyendo que es la mejor forma de poder reconstruirnos como pueblo, se haga de la forma que se haga. Lo importante es que las tierras no estén en manos de los terratenientes”.

La Gremial de Abogados, en tanto, insistió en que el Gobierno nacional pretende abordar la cuestión “desde el ministerio de Seguridad y no del de Justicia, como hubiera correspondido”, y recordó que es “exactamente del mismo modo en que lo hizo el gobierno de Macri a través de su vocera Patricia Bullrich”.