Consejo Social de Tierras insiste con la Emergencia Habitacional

Las organizaciones que lo integran se autoconvocaron, ante la falta de interés del titular del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda. Pidieron la aprobación del proyecto que declara la Emergencia Habitacional.

06/08/2020
Bariloche

 

“Después de insistir durante meses en su convocatoria”, se autoconvocó el Consejo Social de Tierras, con la ausencia “una vez más” del Presidente del Instituto Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat Social, José Mella.

Las organizaciones que participan de ese espacio volvieron a manifestar su apoyo al proyecto 53-2020 de Emergencia Habitacional, que hace algunos meses fue presentado el Concejo Municipal; y a criticar la “ausencia y falta de respuestas por parte de Mella”.

Varias Juntas Vecinales, la CTA de los Trabajadores, la Fundación Gente Nueva, entre otras entidades, conforman el Consejo Social. Del último encuentro participaron además los concejales Julieta Wallace (FdT) y Gerardo Del Río (PUL), a quienes les solicitaron participar en el tratamiento del proyecto en la próxima reunión de la comisión de Economía, “para impulsar la pronta aprobación del proyecto”.

Esa iniciativa prevé la disposición de fondos para atender la emergencia habitacional, prioriza la regularización dominial y las obras de infraestructura en loteos sociales, al tiempo que organiza las gestiones para la obtención de recursos nacionales y provinciales para abordar la problemática.

Es que, según el Consejo Social de Tierras, “existe nula claridad sobre cuál es la política municipal que se está implementando y su accionar sólo contribuye a que se genere más conflicto y malestar entre los vecinos”.

Se mencionó en ese sentido que “la Ley Pierri sigue sin poder generar una sola escritura después de cinco años de gestión y los 2.000 lotes en ejecución no se terminan de entregar a los vecinos para que puedan instalarse. No hay información sobre los supuestos loteos nuevos ni cual es la disponibilidad de tierras del municipio”, criticaron.

También cuestionaron supuestas preadjudicaciones irregulares en diferentes sectores de la ciudad.

El proyecto de ordenanza de Emergencia Habitacional prevé la suspensión por parte del Departamento Ejecutivo de “cualquier acción o procedimiento judicial o extrajudicial tendiente al desalojo de los ocupantes de tierras municipales”, existentes al momento de la aprobación de la iniciativa.

“En aquellos procesos judiciales iniciados, el Ejecutivo deberá solicitar la suspensión del proceso” para llevar los casos a una Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos, también creada por la ordenanza. Esa Mesa “tendrá como objetivo la mediación y tratamiento relacionados con las ocupaciones de tierras municipales en la ciudad”.