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Asesor Letrado del Contralor insta a investigar la compra de alimentos con sobreprecios

Para el ex abogado del organismo de control debe determinarse porqué se pagó más de tres millones de pesos por sobre la oferta más conveniente. Cuestionó las fechas de la presentación de presupuestos y la supuesta “urgencia” argumentada por el Gobierno. El dictamen fue firmado el 15 de mayo, y hasta ahora el oficialismo en el Tribunal no movió un sólo papel.

09/08/2020
Bariloche

Diego Quintana

Cuatro meses después de efectuada la compra directa de alimentos con sobreprecios, por 8,6 millones de pesos, el Tribunal de Contralor tiene en sus manos la posibilidad de habilitar una investigación que eche luz sobre el caso.

En realidad, desde el 15 de mayo los integrantes de ese organismo de control cuentan con el dictamen del ex Asesor Letrado, Juan Manuel García Berro, quien instó a abrir un sumario y realizar una pormenorizada investigación, ante el cúmulo de anomalías que surgen del expediente de compra y pago.

Oscar Cannizzaro

Pero el oficialismo de Juntos Somos Río Negro en el Contralor, integrado por Oscar Cannizzaro y Luisa Cid frenó una y otra vez la firma del dictamen que abriría la instancia de acumulación de pruebas y testimonios para determinar cómo se efectuó esa operación.

El 22 de abril pasado este medio publicó la primera de una serie de notas que daban cuenta de una polémica compra directa de alimentos con destino a la ayuda social, por parte del Gobierno de Gustavo Gennuso.

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Esas notas detallaron que la compra a la empresa Almacén de Campo SRL se efectuó con precios superiores a los sugeridos por el Gobierno nacional en el programa de precios cuidados; que se optó por una empresa que presupuestó más de 3 millones de pesos por sobre la oferta más conveniente; que las dos firmas que presentaron los presupuestos más caros, tienen innumerables vínculos societarios; que las fecha de presentación de las ofertas no coinciden con las de la solicitud oficial de presupuesto; que la explicación oficial sobre los beneficios del pago diferido, no tienen su correlato con el efectiva cancelación de los 8,6 millones de pesos; y que la argumentada urgencia en la compra de alimentos no guardó relación con los plazos de distribución de los bolsones de alimentos.

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García Berro, en su condición de Asesor Letrado del Tribunal de Contralor -cargo que ya dejó- firmó su dictamen el pasado 15 de mayo, recomendando la apertura de un sumario de investigación.

Los datos que aportó son contundentes. En su dictamen -al que accedió En Estos Días- señala que “es imperativo analizar” los hechos con los cuales “se pretende justificar dos compras en apariencia ruinosas”. En ese sentido, apunta a la supuesta “urgencia manifestada por el área requirente (es decir la Secretaría de Desarrollo Integral que conduce Juan Pablo Ferrari); la disponibilidad inmediata de la totalidad de los productos que integrarían cada módulo alimentario; y la modalidad extendida de pago”.

 

Proceso

 

El ex Asesor Letrado repasó los datos que surgen del expediente, y que oportunamente publicó este medio. Recordó que “el 30 de marzo pasado, la secretaría de Desarrollo Integral realiza el Pedido de Abastecimiento 1522 para la compra de mercadería por valor de 8,6 millones de pesos.

Juan Pablo Ferrari

Dicha solicitud motivó sendos pedidos de informes formulados por la Secretaría de Hacienda, que fueron evacuados por la Secretaría de Desarrollo Integral los días 1 y 6 de abril, tras lo cual se autorizó al Departamento de Compras y Suministro a dar curso al pedido de abastecimiento en cuestión, bajo la modalidad de contratación directa”, en el marco de la Ordenanza 3150 del 2020, que declaró la emergencia por la pandemia de coronavirus.

Cinco firmas proveedoras fueron consultadas: La Varense, de Rossi y Rossi SRL; Almacén de Campo SRL; Puelche SA; Frilop SRL; y el Mercado Comunitario municipal. Sólo las tres primeras presentaron presupuestos. La Varense lo hizo por 8,556.000 pesos, Almacén de Campo por 8.352.000, y Puelche por 5.159.090 pesos.

De los tres presupuestos “fue seleccionado el de Almacén de Campo, y los alimentos destinados a la ayuda social fueron finalmente adquiridos por el Municipio en la suma de 8.352.000, salvo en lo que respecta al producto ‘fideos tallarines’, el cual fue comprado a la firma La Varense por 276 mil pesos, habiendo cotizado dicho producto Puelche en 231.954 pesos”, enumeró el abogado.

Tanto la Secretaría de Desarrollo Integral como la de Hacienda que conduce Diego Quintana, justificaron la “urgencia” de la compra en la necesidad de inmediata asistencia, ante la crisis laboral y social por la pandemia de coronavirus.

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Ante las razones argumentadas para la compra directa, “va de suyo que a la suspensión de los sistemas ordinarios que existen para el aseguramiento de la transparencia administrativa y el correlativo e inexorable aumento de la discrecionalidad del poder administrador, debe corresponder una mayor prudencia y responsabilidad por parte de sus operadores, en resguardo de los intereses municipales y por una cuestión de respeto elemental hacia los grupos que deben soportar la peor parte de los efectos de esta situación de emergencia. Y por lo mismo, los mecanismos de control posterior de la actividad administrativa deben ser especialmente exhaustivos”, planteó el abogado.

Pero dicha transparencia y control no formaron parte del proceso encabezado por Ferrari y Quintana, según se desprende del dictamen de García Berro. Por el contrario, del expediente se contabilizan una serie interminable de desprolijidades.

“Resulta imperioso investigar el proceso que culmina con la compra directa de mercadería por la suma de 8.352.000 pesos a Almacén de Campo, cuando una firma local -Puelche- había cotizado el mismo lote de productos en más de tres millones de pesos menos, y la adquisición de fideos tallarines a La Varense por 276 mil, producto que Puelche había ofrecido por 231.954”, explicó el ex abogado del Contralor.

Y detalló que “llama la atención en primer lugar lo exiguo del plazo que se dio a las cinco firmas convocadas, pues se les cursó mails el día lunes 30 de marzo, entre las 13.33 y las 15 horas, instándolas a presentar cotización al día siguiente, que era -fue- feriado. Y que los presupuestos de La Varense y Almacén de Campo lucen sin embargo fechas el 26 de marzo, es decir, cuatro días antes de ser consultados formalmente por correo electrónico”.

“Resulta sugestivo asimismo -agregó- que dichas dos firmas pudieran estar vinculadas, de acuerdo a lo consignado en las publicaciones periodísticas” de En Estos Días; “que ambas presentaran en igual fecha presupuestos similares y de pareja desproporción respecto de la cotización de Puelche; y que una de ellas fuera expresamente la indicada por el Departamento que el día 30 de marzo originó el pedido de suministro (672/2020) en los siguientes términos: ‘Visto la Ordenanza 3150 se sugiere que la compra se realice al proveedor La Varense, porque cuenta con los productos solicitados y la logística adecuada para realizar la entrega el día 3 de abril’”.

García Berro recabó en el “inevitable contraste que en principio existe entre la declarada necesidad de contar con toda la mercadería al tercer día hábil siguiente al pedido de cotización, y el hecho que el sentido común sugiere relativo a que tal volumen de mercadería se distribuye en la práctica a lo largo de un tiempo determinado (unos 17 días, calculó Promoción Social), lo cual abre alternativas obvias que diluyen el aparente condicionamiento inicial”.

También demolió el argumento de Quintana sobre la dilación del plazo de pago a favor de La Varense: “Además -señaló García Berro-, el tiempo que habría transcurrido entre la entrega de los productos y los pagos realizados a los proveedores adjudicados a todas luces no lograría compensar en términos financieros la diferencia existente -del orden del 40 por ciento- entre el precio cancelado y el menor de los cotizados, aún en el caso de un hipotético pago al contado a Puelche”.

Así, finalmente, dictaminó que “corresponde llevar a cabo una investigación que arroje luz sobre los interrogantes que las actuaciones plantean”, y mandó a realizar una serie de medidas de prueba que el oficialismo del Tribunal de Contralor hasta el momento frenó.