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Denuncia penal por la compra de alimentos con sobreprecios

Un vocal del Tribunal de Contralor elevó ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia para que se investiguen los posibles delitos que se desprenden la compra de alimentos con sobreprecios realizada a principios de abril, y visibilizada por En Estos Días. Estanislao Cazaux pidió un allanamiento de la Secretaría de Hacienda y una pericia de los celulares de dos altos funcionarios del Ejecutivo.

25/08/2020
Bariloche

Cazaux se presentó en el Ministerio Público

Mientras el Tribunal de Contralor demora el análisis del expediente por la compra de alimentos por 8,6 millones de pesos y un sobreprecio superior a los 3 millones que en abril pasado realizó la Secretaría de Hacienda municipal, el caso podría ser esclarecido por la Justicia.

Es que el vocal del organismo de control en representación del Frente de Todos, Estanislao Cazaux, presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los delitos derivados de aquella maniobra visibilizada por En Estos Días.

Tomando como base las notas de este medio, la presentación realizada por el Secretario de Hacienda, Diego Quintana, y el dictamen del ahora ex abogado del Tribunal de Contralor, Juan Manuel García Berro, el vocal del organismo de control requirió que se investigue la posible comisión de los delitos de “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafas a la administración pública, entre otros”, enumeró.

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El abogado del Contralor había dictaminado la apertura de un sumario para realizar la investigación correspondiente, pero Quintana y el propio Intendente Gustavo Gennuso interpusieron recursos recusando a Cazaux por un supuesto “prejuzgamiento” del caso. Esos pedidos están pendientes de análisis en el Tribunal y podrían tener continuidad en el Concejo Municipal, lo cual augura varios meses o años por delante sin que la administración pública determine si existió una maniobra fraudulenta en torno a la compra de alimento.

Por ese motivo, Estanislao Cazaux se presentó ante el Ministerio Público, elevó el pedido de investigación y solicitó constituirse como querellante en el expediente. Estuvo acompañado por Leandro Costa Brutten, consejero y referente local del Partido Justicialista, quien calificó como “muy grave la maniobra” que, señaló, “perjudicó a los sectores populares de nuestra ciudad”.

Luego de entregar el escrito por mesa de entradas, dijo que "no va a permitir" que el Tribunal de Contralor "se convierta en una escribanía, como pretende el Ejecutivo" que conduce Gustavo Gennuso.

 

Denuncia

 

El escrito elaborado por Cazaux advierte que el hecho “pudiese configurar” una serie de “ilícitos” estipulados en el Código Penal.

Explicó que el Ejecutivo a través de dos Resoluciones pretendió “justificar dos compras en apariencia ruinosas para el erario municipal por los requerimientos de urgencia del área municipal solicitante”, es decir la Secretaría de Desarrollo Integral que conduce Juan Pablo Ferrari.

Costa Brutten acompañó a Cazaux

Cazaux atacó la supuesta “urgencia” argumentada por Ferrari y Quintana para justificar la compra directa y en condiciones aparentemente ruinosas para el erario municipal. “Más allá de que en principio entre la declarada necesidad de contar con toda la mercadería al tercer día hábil siguiente al pedido de cotización, y el hecho que el sentido común sugiere relativo a que tal volumen de mercadería se distribuye en la práctica a lo largo de un tiempo determinado (17 días calculó la Secretaría de Desarrollo Integral), lo cual a la postre señala el dictamen que se acompaña un abanico de alternativas obvias que diluyen el aparente condicionamiento inicial”, señaló.

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Reiterando el argumento de ex asesor letrado del Tribunal de Contralor García Berro, planteó que “el tiempo que transcurrió entre las resoluciones 921 y 922” que dieron forma a la maniobra “no se lograría que entre la entrega de los productos y los pagos realizados a los proveedores adjudicados compensar un perjuicio del orden del 40 por ciento en la adquisición de los elementos para la conformación del módulo alimentario que se pagó”.

Ese 40 por ciento que menciona Cazaux refiere a la diferencia entre la oferta realizada por la empresa Puelche, de 5.159.090 pesos y la de Almacén de Campo por 8.352.000. Esta última fue la aprobada por el Secretario de Hacienda.

“El hecho que aquí se está explicando dista de ser el correcto para las arcas municipales, toda vez que es a las claras deja la posible comisión del ilícito que encuentra su sustento en nuestro Código Penal”, indicó el vocal del Contralor en el escrito.

En ese marco, solicitó que “se practique allanamiento en las dependencias la Secretaria de Hacienda Municipal, a los fines de obtener elementos conducentes para la investigación denunciada”; que se “practique pericia informática sobre los celulares de los posibles autores del ilícito investigado”; que se “oficie a la Municipalidad a los fines de que acompañe constancia de distribución de los módulos alimenticios”; y al mismo tiempo que el Ejecutivo “acompañe constancia de depósito bancario sobre la compra de los módulos mencionados”.

Cazaux agregó que “tampoco el área de Desarrollo Humano que conduce Juan Pablo Ferrari, ha especificado marcas que debían ser priorizadas, ni habla de ‘primeras o segundas marcas’. La falta de especificaciones para llevar adelante el acto de compra, resultó también en un intercambio entre las áreas de Hacienda que conduce Diego Quintana y Desarrollo Integral a cargo de Ferrari, solicitando especificaciones y requerimientos, algo que finalmente fuere cumplimentado tres días después de la fecha de entrega de los módulos, y encontrándose adjudicada la compra a la empresa Almacén de Campo por 8,3 millones de pesos”.

“Como conclusión -señala la denuncia- podemos aseverar que ni los tiempos de entrega, ni las primeras marcas fueron condicionantes de la compra, lo que acredita que la selección de valor más alto entre las ofertas efectuadas carece de todo justificativo y ha resultado ser ruinoso para el patrimonio municipal. No hay mérito, oportunidad ni conveniencia en el accionar administrativo ruinoso para el erario municipal, ni elemento alguno que acredite o justifique la elección del valor más alto y los precios más gravosos en la compra de alimentos realizada”.

Agregó finalmente que “debe también investigarse la intervención del Secretario de Hacienda en el expediente administrativo, donde aparentemente de su puño y letra y datando el acto sin cumplimentar la modalidad y pasos que se determinan en sede administrativa municipal y el uso del sistema P.G.M., pretendió cumplimentar un acto resolutivo de adjudicación donde priorizan en sede administrativa aceptar la oferta más alta y gravosa efectuada al municipio, omitiendo observar posibles relaciones entre dos empresas oferentes, en contraposición observamos real apuro del funcionario municipal actuante, pero no en el cuidado por cumplimentar u obtener la entrega de los productos como pretendidamente alegaban o por obtener primeras marcas, algo que ni siquiera consideraron, sino vuelvo a repetir, por resolver la adjudicación al oferente del valor más alto” entre los presentados.

Por su parte, el Consejero del Partido Justicialista, Leandro Costa Brutten, explicó su presencia debido a la "situación de gravedad que implica la comisión de un acto que perjudica a los que menos tienen y más necesitan: la compra de comida para personas que están en situación de necesidad en plena pandemia".

Agregó que "es importante marcar un camino como Partido de que nuestros referentes -como lo hizo antes la hoy concejal Julieta Wallace- no sientan que realizan estas denuncian en una situación de orfandad. Como representantes del PJ apoyamos este tipo de presentaciones, para marcar un camino de responsabilidad. Somos primera minoría el Justicialismo y el Frente de Todos; esto no significa cogobernar, tenemos la responsabilidad de controlar y ser oposición".